La seguridad en los tiempos de Macri
La Policía Metropolitana tiene prontuario. Actúa sólo en tres de las 15 comunas y tiene varias causas judiciales por represión y gatillo fácil. Este manejo de la seguridad puede replicarse en la nación.
por Antonio Lizzano
Hay afirmaciones que no se condicen con los hechos. En épocas de campaña electoral, los políticos suelen poner ejemplos sobre su gestión que no tienen nada que ver con la realidad. Mauricio Macri es uno de esos políticos. La situación adquiere una complejidad aún mayor, al poner como ejemplo el tema de la seguridad.
Durante la última campaña presidencial, Macri utilizó a la Policía Metropolitana (PM) como un logro de su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el análisis de los hechos demuestra lo contrario.
La Policía Metropolitana no tiene nada que ver con lo que dicen de ella los funcionarios del PRO. Desde su creación, su funcionamiento no fue el esperado. Es más, se dio todo al revés. Se vio implicada en hechos de represión y violencia, que la alejan del modelo perfecto sostenido por Mauricio Macri durante su campaña.
Para adelantarse a lo que podría ser la política de seguridad del próximo gobierno, nada mejor que analizar como se manejó la seguridad en la Capital Federal. Y para eso es fundamental analizar el manejo de la Policía Metropolitana, desde su creación hasta ahora. Sin dejar de lado, los nombres de los principales responsables de la fuerza.
El martes 28 de octubre de 2008 la Legislatura porteña aprueba la ley que crea la Policía Metropolitana. La iniciativa legislativa contó con el apoyo del bloque del Frente para la Victoria (FpV).
Luego de su creación, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, asegura que para el fin de su mandato (en el 2015) la policía estará en toda la Capital Federal y tendrá alrededor de 15 mil hombres.
Nada de esto sucedió, ya que en la actualidad, la PM tiene cerca de 6.000 efectivos y sólo actúa en tres de las 15 comunas, a lo que se le agregan algunos lugares de vigilancia específica como los subtes, edificios públicos, hospitales porteños, un sector de la calle Florida, la Plaza Constitución y la Estación Retiro.
Las tres comunas en las que tiene presencia son periféricas, y no las más importantes en materia de seguridad. Está en la 12: Villa Pueyrredón, Saavedra, Villa Urquiza y Coghlan; en la 15: Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Agronomía y Parque Chas; y en la 4: La Boca, Barracas, Pompeya y Parque Patricios.
La ley que crea la Metropolitana es la 2.894 y el artículo 33 dice específicamente que las atribuciones de la nueva fuerza son los delitos contravencionales. Otra cosa muy importante que dice la ley es que no puede realizar ningún tipo de tareas de inteligencia.
Lo que se dio a conocer como una nueva fuerza de seguridad estaba muy lejos de serlo, por lo escaso de sus atribuciones y de lo reducido de su área de actuación. Los planes de los primeros jerarcas de la fuerza eran otros. Por eso, la PM terminó ligada a tareas de inteligencia que no podía hacer, y a hechos de represión como el del Parque Indoamericano (diciembre 2010), el del Hospital Borda (abril 2013), el de la Sala Alberdi (marzo 2013) o el desalojo de la Villa papa Francisco (septiembre 2014), por citar sólo los casos más emblemáticos.
Estos cuatro hechos sirven de ejemplo para demostrar que la PM repite los mismos errores y defectos que otras policías del país y que está muy lejos de ser una fuerza nueva y profesional, como decían sus impulsores políticos.
Respecto a la formación de los cuadros policiales. Más del 70 por ciento de los integrantes de la PM viene de la Policía Federal. Es más, los tres grupos especiales de la Metropolitana involucrados y que la justicia incriminó por su accionar represivo en el Indoamericano, la sala Alberdi, el Borda y la Villa papa Francisco, están integrados en su mayoría por ex efectivos de la Federal.
Estos tres grupos especiales son: el DOEM (División de Operaciones Especiales Metropolitanas), el BRI (Brigada de Respuesta Inmediata) y el DIC (División de Intervenciones Complejas).
El caso de las tareas de inteligencia, por las cuales cae el primer jefe de la PM, el comisario Jorge “el Fino” Palacios, no trata sólo de las escuchas ilegales, causa por la cual esta también procesado Mauricio Macri, sino que ese accionar fue reconocido por quien fue el número tres de la fuerza, el comisario Roberto Ontiveros. El propio Ontiveros, cuando tuvo que declarar ante la Comisión Investigadora porteña por el caso de las escuchas ilegales, reconoció que Palacios lo convocó para trabajar en la futura área de Inteligencia de la fuerza. El dato es importante, porque sabía perfectamente que la ley le impedía a la PM hacer ese tipo de tareas.
Un accionar policial que se repite
El legislador de Nuevo Encuentro, Juan Cruz Campagnoli, que integra el bloque del FpV, sufrió en carne propia el accionar de la PM durante el desalojo de la Villa papa Francisco. Consultado por el Periódico VAS analiza la actuación de la policía de Macri.
“La PM nació como una policía creada para resguardar la integridad física de la población, destinada a estar cerca de los vecinos, sería una policía moderna, que teóricamente no iba a repetir las viejas prácticas, y se ha convertido en estos pocos años de vida en una fuerza peligrosa para la sociedad. Desde su creación en 2008 hemos tenido doce casos de gatillo fácil. Además, hubo una represión muy fuerte en el Borda, en el desalojo del barrio Papa Francisco, la represión de la sala Alberdi, otros tantos casos de violencia institucional. Desde sus orígenes, con el “Fino” Palacios, empezó a tener esa orientación”, analizó el diputado porteño.
Esos antecedentes preocupan a Campagnoli, está convencido de que ahora que Macri es Presidente ese accionar se verá reflejado a nivel nacional. “Creemos que esas conductas se van a reproducir ahora a gran escala, lo que nos llena de interrogantes y preocupaciones. Desde fines de 2010 se registraron 28 muertes en manos de agentes de la fuerza porteña. El último caso de violencia institucional fue el de Lucas Cabello, el joven que recibió tres balazos en la puerta de su casa en La Boca. El Gobierno de la Ciudad debería exonerar a este policía y aportar todos sus recursos para que se investigue. Sin embargo, lejos de colaborar con la justicia, mienten e inventan situaciones para justificar los casos de gatillo fácil”, aseguró el legislador de Nuevo Encuentro.
Por último, y haciendo eje en lo sucedió los primeros días de noviembre con Lucas Cabello, Campagnoli dijo: “Este es el modelo de la fuerza de Macri, una Metropolitana que construye una idea de criminalización de los jóvenes. Estuve presente en varios operativos y el accionar de la metropolitana parecía más de barrabravas con armas, que el de una fuerza de seguridad profesional y democrática”.
Problemas judiciales
Las críticas contra la Metropolitana no son sólo políticas. La fuerza está mencionada en muchas causas judiciales. Su primer jefe, Palacios está procesado y a la espera del juicio oral y público por el caso de las escuchas ilegales. Osvaldo Chamorro, otro ex policía Federal, que lo reemplazó en la jefatura de la PM tuvo que renunciar porque fueron allanadas las oficinas de la agencia de seguridad que compartía con Palacios, donde se descubrió que realizaban tareas de inteligencia sobre varios políticos opositores, pero también sobre varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
En la causa del Indoamericano la justicia pidió el procesamiento de 33 efectivos de la Metropolitana, varios de ellos alto rango. En este caso se culpa a la policía porteña de dos muertes y está involucrado nada menos que un ex superintendente de la fuerza, Miguel Ángel Ciancio, que llegó a ser el número dos de la PM, detrás del por entonces jefe civil de la policía porteña y recientemente nombrado por Macri, secretario de Seguridad de la nación, Eugenio Burzaco.
Burzaco llegó a la jefatura de la Metropolitana luego de que tuviera que renunciar Chamorro y así se convirtió en el tercer jefe de la PM. Pero tampoco le fue bien.
En el caso del Borda fue imputado un comisionado de la Metropolitana, Martín Roth. Pero para la querella (los abogados de dos de las víctimas de la represión) la cosa no se detenía ahí y por eso consideraron que “al tratarse de hechos de naturaleza colectiva y llevados a cabo por una multiplicidad de actores», correspondía que junto a Roth también fueran juzgados la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud.
El Borda, el Indoamericano, la Sala Alberdi y el desalojo de la Villa papa Francisco, dejaron en claro un modus operandi de la PM, en las cual las tres fuerzas especiales, el DOEM, el BRI y el DIC, fueron responsables de gran parte de la represión.
El ex legislador y actual referente del Partido Social de la Ciudad, Facundo Di Filippo, siguió de cerca el desalojo del Indoamericano de Soladati. En diálogo con el Periódico VAS dejó en claro como actúa la policía de Macri.
“En su poco tiempo de vida, la Metropolitana ha demostrado tener los mismos problemas que las otras policías, tiene una matriz de funcionamiento muy similar a la Federal o la Bonaerense, alejada del slogan de una nueva policía, no corrupta ni burocrática y respetuosa de los derechos humanos. Su debut fue en el conflicto del Parque Indoamericano. Allí asociada a la Federal ocasionaron una gran represión que terminó con la vida de dos personas, los responsables materiales siguen impunes, y los intelectuales –Gobierno de Ciudad y Nación- también”, dijo Di Filippo.
Para el ex diputado de la Ciudad este accionar represivo se volvió a repetir en la Villa papa Francisco. “Incluso mostraron una faceta más agresiva en el conflicto del asentamiento papa Francisco, después del desalojo general presencié cuando un grupo de policías, visiblemente exaltados, hicieron caso omiso a las órdenes superiores y terminaron golpeando y tirando balas de goma contra un grupo de legisladores y diputados, escena calcada a la represión en el Borda”, señaló Di Filippo.
A los casos de represión hay que sumarles los crímenes por gatillo fácil. Di Filippo cree que este accionar creció en los últimos años. “En estos pocos años de existencia tienen varias manchas, por lo menos 20 casos de gatillo fácil. En el asentamiento Playón de Chacarita, barrio en el que trabajamos, un oficial ejecutó de un disparo en la cabeza a Bruno Pappa, hoy está cumpliendo cadena perpetua. Y este 2015 lo terminamos con un nuevo abuso, el que sufrió Lucas Cabello en el Barrio de La Boca, y con altas autoridades de Ciudad cubriendo la ilegalidad”, acusó el ex legislador.
Los políticos que diagraman la seguridad
El análisis de los hechos demuestra que la represión indiscriminada de la protesta social contra los menos favorecidos y los casos de gatillo fácil contra los más pobres, es un accionar que se repite. Y que si se repite, es porque no se trata del desmadre alocado de un grupo de policías, sino por que existen causas más profundas que están relacionadas directamente con la política de seguridad.
El sociólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y asesor de políticas públicas de seguridad en la Legislatura porteña, Andrés Pérez Esquivel, escribió un interesante artículo sobre el tema llamado “¿Quien planifica el sistema de seguridad pública en la CABA?”.
En diálogo con el Periódico VAS, Pérez Esquivel analizó cómo los métodos de la Metropolitana tienen que ver con el plan de seguridad que las autoridades porteñas diseñaron para la Ciudad. «El gobierno del PRO ha monopolizado la planificación de políticas públicas de seguridad en contra de lo que dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de seguridad. La estructura normativa es buena y moderna pero no se está aplicando el modelo de seguridad que el Poder Ejecutivo difunde en su discurso”.
“El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, que reúne a los tres poderes, fue desactivado y eso ha repercutido en grandes problemas de planificación y control en materia de políticas preventivas sociales, situacionales y comunitarias. Entre otras cosas”, aseguró el sociólogo.
Dos últimos ejemplos sirven para redondear el modelo de policía que implementó Macri en la Ciudad. Incumpliendo lo que dice la Ley Nacional de Seguridad Interior, que prohíbe a los militares desarrollar tareas de seguridad interior, el propio Gobierno de la Ciudad reconoció en febrero de 2015 que entre 2009 y el 2012 ingresaron a la Policía Metropolitana 186 efectivos de las Fuerzas Armadas. Para finalizar, en septiembre se conoció el procesamiento del comisionado Julio Alfredo González, en la causa Beara, el boliche que se derrumbó en septiembre de 2010 y provocó la muerte de dos chicas.
Los datos son contundentes. No hay lugar para las especulaciones. La policía de Macri se muestra tal cual es. Frente a estos hechos, lo que más preocupa es como manejará la seguridad nacional el ahora Presidente de la Nación. Los antecedentes no son alentadores.
Fotos: Télam
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El otro problema de Macri