¿Por qué algunos funcionarios de Macri se suicidan?

No se conocen muchos datos. Los suicidios suelen taparse pudorosamente en las actas de defunción, como una vergüenza ajena que podría alcanzarnos. Pero cuando son espectaculares y a la vez cargados de mensajes ya no pueden disimularse, aparecen.

Tal fue el caso de Daniela Aletti, abogada y funcionaria del gobierno de la Ciudad, que, por presiones en su trabajo, se arrojó del piso 23 de un hotel cercano al Obelisco en enero de este año. No era huésped del hotel, subió al bar del último piso para suicidarse y dejar su cuerpo como una mancha en el Centro de la Ciudad. Pero sobrevivió. Cayó sentada sobre el techo de un taxi, con fracturas múltiples pero viva. El milagro conspiró contra el mensaje. Fue intervenida quirúrgicamente en el hospital Argerich, los familiares pidieron que no se difundan los partes médicos, no se supo más de su salud ni de su drama. Y los medios de comunicación abandonaron el caso.

Otro caso, también por presiones de trabajo, ocurrió precisamente en relación con la Secretaría de Comunicación del gobierno de la Ciudad, que funciona junto al despacho de Mauricio Macri. El titular de esta Secretaría de Comunicación, Gregorio Centurión, se descerrajó de un tiro la cabeza con una escopeta calibre 16. Aquí no hubo milagro. Durante la tarde del domingo 19 de diciembre de 2010, en su confortable casa de San Isidro, Centurión aguardó que su mujer saliera, se sentó en un sofá, apoyó la culata de la escopeta en el piso, el caño detrás del mentón, y se disparó.

La Secretaría de Comunicación, a cargo de Gregorio Centurión, estaba siendo investigada por corrupción. Había sido allanada por una causa iniciada en el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 6, a cargo del juez Gustavo Pierretti, el 4 de octubre de 2010. La denuncia fue hecha por la diputada Sánchez Andía, tras advertir irregularidades y presentar dos pedidos de informes, que Centurión no contestó. ¿Cuál era la situación?

La Secretaría de Comunicación se encarga de distribuir la pauta publicitaria del gobierno de la Ciudad. Define cuáles medios de comunicación deberán difundir los avisos del gobierno de la Ciudad, y paga los avisos. La definición de los medios a contratar debe hacerse, según la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, mediante licitación pública o concurso público. Pero algo cambió cuando asumió Macri. Macri eludió esta Ley al firmar el Decreto 611/08, que permite contratar publicidad oficial de manera directa hasta la suma de 150 mil pesos, en casos de urgencia, especialidad y exclusividad. El Decreto especifica que “será suficiente para concretar la contratación de un medio, la calificación que efectúe la Secretaría de Comunicación”.

Este marco administrativo permitió a los propios funcionarios públicos favorecer a las empresas vinculadas con ellos. Y no sólo eso, se crearon empresas privadas intermediarias casi fantasmas para distribuir la publicidad oficial.[1] Estas empresas calificadas por la Secretaría de Comunicación, formadas por sus propios funcionarios y/o afines, podían elegir y contratar a los medios para difundir los avisos oficiales.[2] La Secretaría pagaba con el dinero de los contribuyentes, los medios cobraban  por sus servicios y las empresas privadas intermediarias recibían las comisiones de los medios, que era el verdadero objetivo de toda la trama.

El negocio, como sucedía y sucede en el crimen organizado, era fantástico y pujante. En el 2008 la Secretaría de Comunicación pagó 57 millones de pesos en avisos y comisiones, en 2009 pagó 111 millones, y en 2010, 137 millones de pesos. Lo grave, más allá de estas cifras, era el pésimo funcionamiento de la Secretaría. Se privilegiaba en los pagos a las empresas intermediarias, el resto debía esperar dos, tres, y hasta seis meses para cobrar. Además, los medios más chicos que no tenían la “protección” de las empresas intermediarias sufrían persecución y presiones. Un ejemplo: los medios barriales de esta Ciudad debían (y deben) pasar por una ordalía burocrática para recibir una pauta oficial de apenas $ 2000. Y una vez ingresados en el registro de la Secretaría, son vigilados hasta el extremo de contarles los caracteres con espacios de las notas periodísticas para saber si se ajustan al reglamento. Sin embargo, en el caso de las empresas intermediarias que facturan millones de pesos, la Secretaría no controla ni cuenta que hay varias de estas empresas con distintos nombres de fantasía, pero con el mismo directorio y el mismo domicilio (ver pie de pág. Nº 1).

Tras la denuncia, hecha en octubre de 2010, y la intervención del Juzgado, el clima de la Secretaría de Comunicación, lindante con el despacho de Macri, se enrareció aún más. Había amenazas a los empleados para que no filtraran información, acusaciones. Desaparecían documentos de las empresas intermediarias. No se pagaba a los empleados en negro. Se extendían los plazos de pago a los medios, salvo los correspondientes a las empresas de marras. El 25 de noviembre, una brigada de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal se presentó para allanar.

A partir de esto, Gregorio Centurión entró en una depresión cada vez más fuerte. Dejó de trabajar y se encerró en su casa. El hombre que había conocido a Macri desde la época de estudiante en el Cardenal Newman, que había manejado la publicidad del Correo Argentino y Sevel, y que había formado parte del núcleo duro del PRO e ideado la sigla y el logo del partido, se detuvo. Tuvo un límite. ¿Por qué se detuvo?

Enoch “Nucky” Johnson fue un político carismático, magnate, jerarca y fundador del crimen organizado en los tiempos modernos, mentor y modelo de Al Capone, de Meyer Lansky y Lucky Luciano, que sembró la corrupción y el terror en Atlantic City durante treinta años. Cuando una persona de su entorno más íntimo se atrevió a preguntarle, “cómo hacía para soportar tanta mierda”. Johnson respondió, “cada cual tiene una capacidad y sabe los pecados que puede cargar”. Probablemente, Daniela Aletti, secretaria de primera instancia en la Defensoría en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, no lo sabía. Y Gregorio Centurión, tampoco. Tenían límites éticos, eso habla bien de ellos.

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