Vivir en la Calle
Por Mariane Pécora
Está parada en la vereda con un niño en brazos, vigila los pasos de otro pequeño que camina a tientas. Es joven, extremadamente delgada. El peso del niño le encorva la espalda. Una maraña de pelo desteñido y un par de ojos inmensos perfilan su rostro.
No tiene por vivienda más que un colchón en la ochava de la esquina, rodeado de cuatro cartones que otorgan -o pretenden otorgar- cierta privacidad. Hay dos sillas, algunos bártulos de cocina, un acolchado colgando en una soga, y la desolación de la calle.
Hace meses que habita en esa ochava, “desde que fuimos desalojados”, dice y sus ojos se empañan. No quiere hablar más.
La imagen de esta joven se repite a diario en la Ciudad de Buenos Aires. Hombres, mujeres, familias enteras son arrojadas a la intemperie. Viven en plazas o esquinas, guarnecidos por cartones o toldos improvisados. Según la ONG «Proyecto 7, gente en situación de calle«, los barrios de Constitución, Monserrat, San Nicolás y Once, muestran un incremento de la cantidad de personas que viven en las calles. Los desalojos que se vienen dando en la Ciudad agravan esta situación. En el último semestre fueron desalojadas 22 mil personas, alrededor 5 mil familias. El Gobierno de la Ciudad no dispone de políticas a largo plazo para dar respuesta a esta situación. La asistencia al desalojo es de carácter meramente transitorio, consiste en entregar a cada familia un subsidio habitacional de 1200 pesos por el término de 10 meses. Este subsidio actúa como marcador de precios para los 175 “hoteles sociales” que hay en la Ciudad, de los cuales el 70% tiene firmado un convenio con el Gobierno porteño. “Algunos desalojados se van para la Provincia, donde se paga menos; y otros pagan 120 pesos por día un ‘hotel social’, si es que los reciben con chicos, y cuando se les acaba la plata empiezan a deambular», explica Horacio Ávila -miembro de la ONG Proyecto 7-, que también vivió en situación de calle. Ávila estima que en la Ciudad “hay alrededor de 500 mil habitantes en situación de emergencia habitacional. También existen más de 100 mil viviendas ociosas, que el Gobierno porteño podría expropiar para destinarlas a viviendas sociales”.
El censo de 2011 da cuenta de un importante crecimiento de la informalidad urbana desde 2001: con un 22% más de población viviendo en conventillos, un 11% más de gente viviendo en hoteles y pensiones, y un incremento estimado del 50% de población habitando en villas de emergencia. En tanto, el presupuesto de la Ciudad para vivienda social, ha ido mermando. Este año, se aprobó un monto de 300 millones de pesos menos que el asignado para el período anterior. A fines del año pasado, el Gobierno porteño reconoció que existen unas 1300 personas en situación de calle. Esta cifra está absolutamente alejada de la realidad, explica la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que solicitó información al Poder Judicial sobre el número de desalojos que viene llevando a cabo, ante la percepción del incremento de personas en situación de calle.
La falta de política y de asignación de recursos para la construcción de viviendas sociales, está estrechamente ligada a la especulación inmobiliaria, al afán de lucro y la sobrevaloración del suelo. Esta situación hace cada vez más difícil el acceso a la vivienda a los sectores de clase media baja. Se impide así, no sólo el acceso a la propiedad sino también al hábitat. “Para los habitantes de las villas de emergencia, asentamientos, ‘hoteles sociales’, conventillos, inquilinatos y casas tomadas, la política oficial encubierta consiste en expulsar a los pobres de la Ciudad”, sostiene Alejandra Meriño, integrante de la cooperativa “Domingo 7”. “La solución de la vivienda no es una política de la Ciudad porque implica meterse con muchos intereses y negociados inmobiliarios, que construyen edificios con pileta para la categoría comercial ABC1, y no para un laburante que cobra 3 mil pesos por mes”, finaliza Meriño.
La tremenda situación de calle de tantas personas debe ser llevada por las organizaciones y los/as vecinos/as a los Consejos Consultivos de las comunas involucradas.Insistir, presentar y exigir soluciones para un tema tan complejo, hasta que los comuneros se hagan cargo.
En nuestra ciudad, contamos claramente con dos instancias para la participación democrática, para hacer escuchar nuestras preocupaciones y propuestas: los Consejos Consultivos y las Mesas Barriales en Seguridad. Usémoslas.