Comuneros denuncian falta de transparencia en licitaciones de Obra Pública
La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana porteña funciona como “una caja negra” y los procedimientos de las licitaciones de obra pública de esa cartera son “poco transparentes”, según un informe presentado por comuneros del Frente Para la Victoria.
Julieta Costa Díaz y Carlos Funes, comuneros del FPV en la Comuna 13, presentaron un informe en el que detallaron cómo la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana evita la convocatoria a licitaciones públicas para la realización de diferentes obras en la ciudad de Buenos Aires.
Los dirigentes afirman que la cartera a cargo de Eduardo Machiavelli “funciona como una caja negra” que centraliza obras que deberían realizar otros organismos “para evitar el control de quienes deben hacer su seguimiento”.
El informe señala, también que que en septiembre de 2011 el jefe de gobierno, Mauricio Macri, duplicó por decreto el monto máximo para llevar adelante licitaciones privadas para obras públicas menores fijándolo en un millón de pesos.
De esta manera, hoy los montos máximos para realizar obras en la ciudad de Buenos Aires son los más elevados del país, por encima de los establecidos para obras de carácter nacional y las realizadas por la provincia de Buenos Aires.
A su vez, el informe señala que, «a pesar de que la normativa para contrataciones recomienda realizar licitaciones públicas, el 40% de las obras a cargo de Machiavelli fueron adjudicadas a través de licitaciones privadas».
La diferencia entre una y otra operatoria consiste en que en el primer tipo de licitaciones, como su nombre lo indica, deben hacer pública la convocatoria a través del Boletín Oficial con un plazo de tiempo que permite una mayor participación de las empresas potencialmente adjudicatarias, lo que redunda en mayor transparencia.
Por el contrario, en las licitaciones privadas es el gobierno porteño quien convoca a un máximo de 5 empresas, con una publicidad mucho más reducida, «lo que atenta contra la obtención de mejores valores y alienta la concentración de las obras» denunciaron los comuneros.
El documento presentado por Costa Díaz y Funes indica también que «en los 20 llamados a Licitación Pública que sí hizo la secretaría, en todos los casos se redujeron los tiempos de publicación», lo que para Costa Díaz “lleva a que ganen las empresas más grandes o que tienen una mayor capacidad para preparar los pliegos exigidos».
“Esto demuestra que hay intencionalidad de que sean las mismas empresas las que se alzan con las obras”, afirmó.
Para los comuneros no es una situación nueva, sino que es una constante desde que Machiavelli asumió la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Costa Díaz afirmó que «en otro informe que realizamos en 2012 detallamos la misma situación: licitaciones privadas innecesarias, reducción de los plazos de convocatoria y un grupo reducido de empresas que una y otra vez se alzan con las obras”.
En 2012, «de un total de 32 procesos licitatorios el 35 por ciento lo hizo por el mecanismo de licitación privada y este año, se elevó al 40 por ciento».
A modo de ejemplo, indicaron que durante 2013 «Construcciones Portuaria S.A. fue la empresa más beneficiada por licitaciones privadas de Macchiavelli, con 4 obras que representan un monto total de 3.001.252,12 de pesos».
Todas esas obras conseguidas fueron a través de licitaciones privadas ya que, a pesar de haberse presentado en reiteradas oportunidades, nunca pudo alzarse con algunas de las obras convocadas a través de las licitaciones públicas, ya que no cumplía con los requerimientos solicitados.
Al mismo tiempo, la comunera aseguró que fue esta misma Secretaría la que licitó las obras para la ampliación y remodelación de las áreas de Emergencias, Guardia, Acceso y Laboratorio del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
El proyecto de obra fue presupuestado por un monto de $13.000.000, muy por encima del tope establecido, y fue adjudicado por un 16,52 por ciento más a Mejores Hospitales S.A, empresa que ha estado asociada a través de la modalidad de UTE con una participación del 50% con Caputo S.A. de Nicolás Caputo.
Según los comuneros, la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal porteña, «apela a diferentes procedimientos para evitar el llamado a licitación pública. Uno de ellos es el desdoblamiento de las obras».
Durante 2012 la Secretaría «licitó en forma privada la construcción de `esquinas de prioridad el peatón`, para realizar vados en las cuatro esquinas del cruce de calles. Como el monto total excedía el tope estipulado de un millón de pesos, la secretaría desdobló y fraccionó el llamado para poder llevarlo a cabo bajo la modalidad licitación privada», señaló el informe.
La empresa Altote S.A. resultó adjudicataria de 3 de las 4 obras, lo que para los comuneros, “demuestra el nivel de seriedad con que encara la tarea la Secretaría».
En 2013, se dio una situación similar cuando se puso en marcha la obra “Centro Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Nazca hasta Carabobo”, en la Comuna 7.
Como el monto total de la obra excedía el tope, se desdobló y se convocó a una licitación privada, con la correspondiente reducción de los plazos de convocatoria, de la que resultaron adjudicatarias las empresas Naku y Altote, esta última también beneficiada con el mismo procedimiento en 2012.
Los comuneros denunciaron que “estos desdoblamientos lo único que hacen es aumentar el costo de la obra y resulta extraño que las obras no hayan sido ganadas por un mismo oferente ya que ambas obras requerían lo mismo”. Y se mostraron preocupador ante una medida que entienden “dará mayor discrecionalidad al Ejecutivo para adjudicar obra pública”, en referencia a la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones, aprobada en la última sesión de 2013 en la Legislatura porteña.
En ese momento, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y Poder Ciudadano expresaron su preocupación por lo que entendían que era “un retroceso significativo en cuanto a las salvaguardas mínimas necesarias en materia de transparencia respecto de este tipo de contrataciones públicas y por ende facilitan la comisión de actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos».
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