La Basura. El Dinero. Y el maquillaje de la Ciudad Verde

por Antonio Lizzano y Rafael Gómez

“Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez sea atrapado, el hombre se dará cuenta de que no puede comer dinero”

Viejo refrán de la cultura indoamericana.

Semejante afirmación sirve para reflexionar sobre las políticas que llevan adelante ciertos funcionarios a la hora de ocuparse del medio ambiente. Más allá de lo que se dice en público y de los pequeños avances en la materia, en el Gobierno de la Ciudad se pone más énfasis en el marketing que en las soluciones de fondo. Entonces el dinero termina siendo amo y señor, y la cuestión mercantil se convierte en el objetivo principal de la política.
En el caso del plan Ciudad Verde los datos -o la falta de ellos- demuestran que las cosas no son como dicen los funcionarios. Se habla de reducción de basura y de recuperación de residuos. Esto incluye el trabajo que realizan los cartoneros -muchas veces en condiciones precarias-. La relación que el Gobierno porteño mantiene con los cartoneros. Y, por otro lado, el negocio de la basura, las cifras, y los contratos que firma el Gobierno porteño con las empresas recolectoras.

Pero para armar este rompecabezas es mejor ir pieza por pieza.
Félix Cariboni es uno de los fundadores del Observatorio del Derecho a la Ciudad y especialista en temas ambientales. Al ser consultado por Periódico VAS sobre la valoración del plan Ciudad Verde, sus críticas fueron contundentes: “No existe una política de recuperación agresiva de residuos como dice el macrismo, sino todo lo contrario. Desde el Pro y se escamotean los datos mediante artimañas. Aparentan estar haciendo algo que en realidad no hacen”, señaló Cariboni.
No hay cifras oficiales de reducción de residuos. Y tampoco existe un método transparente para conocer que tan lejos está la Ciudad de Buenos Aires de la reducción de residuos establecida por la Ley de Basura Cero.
“El gobierno de Mauricio Macri no utiliza los métodos habituales para recuperar residuos, entonces hace maniobras burocráticas para escamotear las cifras”, explicó Félix Cariboni. “El Gobierno tiene la obligación de dar cifras oficiales, porque el contribuyente debe saber qué se hace con el dinero destinado a una política pública que nos afecta a todos. Debe haber un indicador que sirva para saber si se están haciendo las cosas bien o mal”, manifestó el especialista en medio ambiente.

Los volquetes fantasmas y otros enigmas
En Varela y Janer, al costado de la cancha de San Lorenzo en pleno Bajo Flores, funciona una planta de transferencia de residuos áridos (que son los reciclados) donde los volquetes descargan el material para su disposición. Últimamente, las autoridades de la planta son más estrictas con el ingreso de los volquetes, señalan que muchos son “truchos”. Les prohíben ingresar, entonces deben descargar la basura en los alrededores de la planta e incluso cruzando la General Paz en un baldío libre o en lugares del conurbano que funcionan clandestinamente y se utilizan para tirar basura de todo tipo. Esto demuestra que la cantidad de residuos no se reduce, sino que entran menos volquetes a la planta de áridos. Que es totalmente distinto.
“Lo que hizo el Pro fue generar una reducción fugaz de residuos que le permitiera tener una cierta plataforma para negociar con el CEAMSE y con el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Pero el caso de los volquetes demuestra que están vendiendo humo. Porque la basura que se produce es la misma, lo que varía es que dejan entrar tantos volquetes a la planta del Bajo Flores”, expresó Cariboni.
Hay otro dato preocupante sobre la supuesta reducción de residuos que se proclama. “Según informes de especialistas, la reducción no sería más que un dibujo del CEAMSE que se obtiene alterando las cifras históricas dispuestas en los rellenos sanitarios”, señaló el integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

El conflicto con los que menos tienen
Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Federación de Cartoneros, aseguró en diálogo con Periódico VAS: “Los que verdaderamente se encargan de la reducción de residuos son los cartoneros”. Las empresas recolectoras tienen atadas sus ganancias a la generación de basura mientras que los cartoneros trabajan por el reciclado. Caropresi expresó su enojo por el manejo arbitrario que impone el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad a los cartoneros en las condiciones laborales. “El plan Ciudad Verde o Buenos Aires Verde tiene potencial para generar buenas cosas con las cooperativas de cartoneros, pero no se cumple por la inoperancia y la falta de voluntad política del Gobierno.
Caropresi explicó cómo es la compleja relación entre los cartoneros y el Gobierno porteño. “Hace tres años, con la instalación de lo que se llamó el sistema de las campanas verdes (que en realidad eran tachos verdes), se trato de formalizar el trabajo de los cartoneros, asignando recorridos zonas a las 12 cooperativas que suman un total de cinco mil trabajadores. Se le pagaba un subsidio de 4.500 pesos a cada laburante y además el cartonero ganaba con la venta del material que juntaba y vendía a la industria. La mayoría de los compañeros viene de provincia, esto es lo único que tienen”, señaló Caropresi.
La relación entre el macrismo y los cartoneros se tensó al extremo a fines de agosto, cuando la Federación realizó una protesta frente al Ministerio de Medio Ambiente porteño. “La movilización se debió a que ‘por una cuestión de falta plata y de problemas en la recaudación’, según nos dijeron los propios funcionarios, querían cambiar el sistema de las campanas y volver a colocar unos pesados tachos negros, que para recoger la basura nos resultaba un problema y nos significaba una importante reducción en nuestros ingresos. Además nos dijeron que iban a bajar el subsidio, que volveríamos a la condición del llamado ‘incentivo de trabajo’ por el cual nos pagarían entre 2.500 y 3.000 pesos. Y nos presentaron el tema como algo ya decidido, no como algo de lo que pudiéramos opinar”, se quejó el cartonero.

El bolero de la Basura Cero
“La ley de Basura Cero plantea claramente que cualquier política relacionada con los residuos secos o reciclables tiene que ser discutida con las cooperativas de cartoneros. Porque nosotros somos trabajadores como cualquiera, que venimos en colectivos desde la provincia, cumplimos nuestras horas de trabajo y luego llevamos lo que juntamos a un centro donde otros compañeros lo reciclan y lo venden. Eso es lo que el Pro quiere que deje de funcionar. Lo importante no es tanto la reducción del subsidio, sino que pretenden desarticular un sistema de trabajo”, enfatizó Caropresi.
“El 22 de septiembre, Macri recibió un premio en Nueva York por la supuesta reducción de basura”. Parece increíble, ¿no? ¿Será el maquillaje de la Ciudad Verde? “En todo caso, la reducción de basura la hacemos nosotros, los cartoneros; y no Macri con sus grandes empresas recolectoras. El Gobierno, en vez de limitarnos, debería reconocer que nosotros prestamos un servicio público”, concluyó el integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Última pieza del rompecabezas
Hay un antagonismo entre la recolección de residuos y el reciclado. La recolección es un proceso de carga y transporte. El reciclado es un proceso que baja realmente la cantidad de residuos enterrados y permitiría cumplir con la Ley de Basura Cero. Hay también un conflicto de intereses. La ganancia de las empresas recolectoras depende del traslado de residuos hasta el soterrado. La ganancia de los cartoneros y recicladores implica la reducción de basura. Es decir, menor cantidad de traslado de residuos hasta el soterrado.
Y aquí sí hay cifras oficiales para entender el conflicto. Desde octubre de 2014, el Gobierno porteño pagará a las empresas recolectoras 3100 millones de pesos por año. Mientras que las cooperativas de cartoneros, a razón de $ 4500 por persona (si es que consiguen esa cifra), recibirían sólo 270 millones de pesos por año. ¿Por dónde pasa el negocio, el gran flujo de dinero? Por las empresas recolectoras. No hay, como se ha visto arriba, ninguna intención del Gobierno porteño de revertir esto. El negocio es producir basura, lo demás: maquillaje ecológico.
Al terminar el rompecabezas, resulta desconcertante descubrir que el Gobierno porteño está más interesado en producir negocios para las empresas recolectoras que en el bienestar de los vecinos. Porque los vecinos de la Ciudad, además de tener que pagar 3100 millones de pesos anuales (aumento de ABL mediante), deberán sufrir las consecuencias por contaminar la tierra.
Habrá buenos negocios para las empresas recolectoras y para la industria del consumo, que produce basura, pero como dice el refrán al comienzo de la nota: el dinero no se come, ni te quita la sed, ni se respira. Y en el caso del medio ambiente está comprobado que todo lo malo que se le hace a la tierra le vuelve a los hijos de la tierra.

La versión oficial
Periódico VAS se comunicó con un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires quien, en estricto off the record, se refirió a los cuestionamientos realizados por la Federación de Cartoneros. De manera escueta el funcionario dijo: “Simplemente, surgió la idea de reemplazar el sistema de campanas porque estamos convencidos de que es algo positivo, porque según nuestros cálculos se recuperaban muy pocos residuos de esa manera y lo que nosotros queremos es que haya una recuperación más grande de material. Por eso se realizó una reunión en el Ministerio con todas las cooperativas para decirles que habíamos tomado la decisión de dar de baja el sistema de campanas”.
Por otra parte, el titular de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga, dijo al referirse a la ley de Basura Cero en una nota aparecida en el Diario Z, de la semana del 14 a 21 de agosto: “Estamos muy lejos de cumplirla. Arrancamos muy atrás. Estamos en el nivel de residuos que se enterraban en 2007. Por día, se mandaban seis mil toneladas. Hoy estamos en 3.800”.

Una visita que vende humo
A través de un comunicado dado a conocer el lunes 6 de octubre, el Observatorio del Derecho a la Ciudad criticó la visita de funcionarios y legisladores porteños a plantas europeas de incineración de residuos, ya que ese método está prohibido en la Ciudad.
“El Ejecutivo porteño y una delegación de Legisladores de la Ciudad visitarán plantas de incineración en Francia y España, a pesar que esa tecnología está prohibida en la Ciudad. La incineración de residuos es una tecnología polémica, muy criticada por los altos costos y alto nivel de contaminación que genera ¿Será que Buenos Aires va camino a la incineración? Esta semana un contingente conformado por el Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño y su equipo, el presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) y varios legisladores de la Ciudad del PRO, UNEN y FPV, visitarán una serie de instalaciones asociadas a la gestión de residuos sólidos urbanos, entre otras, la moderna planta de incineración de residuos Isseane, ubicada en París.
Resulta extraña que esta visita se realice (y a expensas del erario público) porque la incineración, en todas sus formas y variantes, está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en su propio territorio o en otro, por el artículo 7 de la ley Nº 1.854, conocida como “Ley de Basura Cero”.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció que, “la incineración de residuos no es una fuente de energía renovable, no es propensa a mitigar los efectos del cambio climático y es un peligro para la salud de la comunidad y el ambiente”.

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