Montoto te vigila

Multiplicación de cámaras y drones en la Ciudad de Buenos Aires. Los negocios detrás del miedo a la inseguridad. El control anónimo central. Las libertades individuales.

El panóptico es una construcción cuyo diseño permite observar la totalidad de su interior desde un único punto. Por lo tanto, ese tipo de estructuras facilitan el control de los habitantes que se hallan dentro.
El filósofo británico Jeremy Bentham fue el creador de este diseño. Bentham imaginó una cárcel en la que todos los presos están bajo el campo de visión de un vigilante, que los observa desde una torre en el centro de la construcción, sin que ellos sepan si son observados en todo momento. La estratégica ubicación de la torre le permite al vigilante controlar a todos los presos.
Otro filósofo, el francés Michael Foucault, fue un paso más allá al analizar el panóptico. Y extendió el concepto de las cárceles a otras instituciones, como las escuelas y las industrias. De esta manera, el panóptico se convirtió en una técnica de control social.
En la actualidad, la multiplicación de cámaras de seguridad -que se extiende hasta la utilización de drones- es el mejor ejemplo de lo que es una sociedad completamente vigilada. Donde la libertad individual se ve permanentemente amenazada en pro de una mejora en la seguridad pública, que rara vez se comprueba en los hechos. Sin embargo, los políticos afirman que las cámaras mejoran la seguridad ciudadana.
Si a este panorama, donde el ciudadano se encuentra en constante vigilancia, se le suma el negocio millonario de la compra e instalación de las cámaras, la situación empeora. En la Ciudad de Buenos Aires, desde el gobierno de Mauricio Macri se impulsó la instalación de cámaras de video en pro de una mejora en la seguridad, algo que en los hechos no sucedió. Y se terminó beneficiando a empresas que se quedaron con el negocio. Si además, se agrega el dato de que el Gobierno no cumple con el requisito de que la ubicación de las cámaras debe ser una información pública, claramente se está ante un problema grave. Ya que si no se informa donde están las cámaras, se pone en duda el beneficio en materia de seguridad quie prestan.
Pero el rompecabezas necesita ser reconstruido pieza por pieza.

Las cámaras: el ojo mocho
“La efectividad de la videovigilancia está en discusión a nivel internacional porque son muy difíciles de evaluar. Las tecnologías de vigilancia son consideradas más efectivas cuanto menos complejos sean los escenarios de aplicación. Por ejemplo: los aeropuertos, las estaciones de tren y los estacionamientos de autos, son escenarios complejos. La principal utilidad es entonces la de disuadir e investigar lo ya ocurrido. Por eso hay que desconfiar del que presenta a las cámaras como una solución mágica”, le dijo el sociólogo y miembro de la Asociación Pensamiento Penal y del equipo Verde al Sur, Andrés Pérez Esquivel a Periódico VAS al analizar el tema en la Ciudad de Buenos Aires.
El especialista arroja la primera piedra y pone en duda la supuesta ventaja que los políticos esgrimen para colocar cada vez más cámaras.
“El Gobierno de la Ciudad dice que instaló 2.000 cámaras, para lo cual ya gastó 250 millones de pesos, y ahora quiere gastar 150 millones más. Vender cámaras a 200 mil pesos cada una es sin duda un negocio muy rentable para una empresa, de hecho cuestan más que un dron importado, que es de tecnología robótica avanzada. El negocio ha llegado tan lejos que ahora usan el Obelisco como cartel publicitario de esa empresa. Porque le han instalado cuatro cámaras en la cúspide a pesar de que abajo ya tiene cinco. Esto le permite a la empresa decir en el Exterior que en Argentina es líder”, detalla Pérez Esquivel para echar luz sobre el negocio que esconde la video-vigilancia.
“Lo peor de todo es que ni siquiera sabemos si efectivamente son 2.000, porque se niegan a entregar el listado completo de la ubicación de las cámaras a la Legislatura, a la Defensoría del Pueblo y a la Auditoría General. Y han incumplido los plazos que les dio la justicia para informar cuántas cámaras privadas han incorporado a la red pública”, señaló el integrante de la Asociación Pensamiento Penal.

El negocio del miedo
Las cámaras de seguridad se comenzaron a instalar en la Ciudad en el 2009. Entre agosto de ese año y julio 2010 se realizaron cinco contrataciones directas a la empresa Codesur. En un principio se informó que instalarían 300 cámaras, número que luego iría en aumento. Pese a esto, en enero de 2010 se empezó a trabajar en una licitación para un nuevo contrato. Dos empresas picaron en punta: Global View y Cablevisión. Sin embargo, cuando se realizó la evaluación económica y pese a que la oferta de Cablevisión era más barata, “detalles técnicos” la dejaron afuera de la licitación y Global View terminó adjudicándose el pliego. Uno de los dueños de esta empresa era Mario Montoto, quien también tenía acciones en Codesur.
Lo llamativo del caso, es que el Gobierno porteño terminó comprando 2000 cámaras por un valor de 250 millones de pesos, o sea que por cada una se pagaron 125 mil pesos, lo que según los especialistas en el tema, “es una barbaridad”, teniendo como referencia los precios del mercado. El partido de La Matanza pagó entre 11 mil pesos y 22 mil pesos cada cámara (según sea fija o móvil).
Alejandro Fabri es ingeniero industrial, filósofo y asesor asociado de la empresa proveedora de geoinformación Genmap. Según su criterio, existe un monopolio de empresas que venden este tipo de tecnologías a los gobiernos, augurándoles una disminución de la inseguridad, que les traerá aparejado réditos electorales a corto plazo. “El problema de las cámaras es que ponen en juego la libertad y la seguridad al mismo tiempo. Si se ponen cámaras de seguridad en todas las esquinas de la Ciudad es probable que haya mayor seguridad pero también se verán reducidas las libertades individuales.
El filósofo e ingeniero industrial fue un pasó adelante y planteó lo siguiente: “El actual uso de las videocámaras es un claro ejemplo de la no neutralidad de la tecnología. Porque al diseñarlas se manifiesta una relación de poder. Por eso, para superar esa lógica es necesario democratizar la manera en que son usadas. Democratizar significa abrir el debate con la gente para que así, el Gobierno decida junto a los ciudadanos en que puntos de la Ciudad las ubica y qué se hace con la información que se obtiene de las filmaciones”, señaló a Periódico VAS. “El gobierno de la Ciudad no está democratizando el uso de las cámaras sino que las está manejando de una manera autoritaria. De esa manera le agrega un valor negativo a las cámaras, que es la ausencia de democracia en su uso”, agregó Fabri.

Las mentiras que sirven para vigilar y castigar
El lunes 9 de junio el juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Darío Reynoso, dio a conocer un fallo de 15 páginas en el que le ordenó al Gobierno de Mauricio Macri, que brinde en un plazo de 30 días “la información sobre la ubicación física de las cámaras de video vigilancia privadas incorporadas a la red pública” y además, le exigió publicar el mapa de cámaras de la Capital Federal, por ser una “información calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que el Estado la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada”.
A pesar de los meses que pasaron de esta sentencia la ubicación de las cámaras sigue siendo un misterio. “El Gobierno tenía un sitio web desactualizado e impreciso con la ubicación de sus cámaras. Por eso realicé un pedido de acceso a información en base a la Ley 104. La respuesta que recibí es que el registro de cámaras tenía carácter confidencial, y a los pocos días dieron de baja el sitio web”, expresó Pérez Esquivel.
Para Fabri, la instalación creciente de cámaras de seguridad se inscribe dentro de la lógica de un Estado cada vez más controlador de sus propios ciudadanos. Por eso los datos sobre la ubicación de las cámaras son secretos.
“El Estado moderno de derecho que conocemos hoy, nace con un poder coercitivo. Y no se puede tener ese poder sin un poder de policía. Esa policía -que es una fuerza coercitiva- es la encargada de hacer cumplir las leyes. El Estado construye una libertad social que está acotada y por consiguiente no es una libertad absoluta. Por eso libertad y seguridad son complementarias. La construcción da como resultado que a mayor seguridad haya menos libertad. Una comunidad totalmente segura es una comunidad en donde las libertades individuales son nulas”, manifestó Alejandro Fabri.
“Con la irrupción de la sociedad de masas nace un desarrollo tecnológico que en muchos casos se utiliza como un nuevo poder de policía, más eficaz y controlador, sobre esa misma sociedad de masas”, agregó.

El escritor mexicano Octavio Paz dijo que “las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo”. En el caso de las cámaras de seguridad se comprueba esta afirmación con una contundencia que asusta.

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