Informe de una desobediencia. Los nuevos sentidos del aborto

 

 

“Las mujeres jamás consultadas en nada dan su opinión abortando.
Diciendo no a la maternidad compulsiva. Con la negación a la maternidad
las mujeres se rebelan contra una sociedad despiadadamente cruel,
que gasta más en armamentos que en comida y educación”.
(“Muerte por aborto”, 1980, María Celia Roldán Extraído de Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo, Mabel Bellucci, 2014)

por Ximena Schinca

A principios del siglo pasado, Emma Goldman (1869-1940) aseguraba que la libertad de la mujer debía provenir de sí misma rechazando “el derecho de cualquiera sobre su cuerpo” y resistiéndose a “tener hijos al menos que ella quiera”. Casi 100 años después de que la activista por la emancipación de la mujer fuera encarcelada en EE.UU. tras distribuir un manifiesto a favor de la anticoncepción, la legislación sobre el aborto se modificó en muchos estados del país del norte y se legalizó –por mencionar sólo algunos de una larga lista– en Inglaterra, Italia, Canadá, Cuba, Uruguay, España, Noruega, Austria y Suecia.

Entre algunos avances y muchos retrocesos, la legislación argentina sobre interrupción del embarazo sigue igual que en 1921; y según el Código Penal, el aborto es un delito excepto cuando está contemplado en las causales de no punibilidad (peligro para la vida o salud de la mujer gestante o embarazo proveniente de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente).

En el plano internacional, la necesidad de una nueva legislación comenzó a escucharse con más fuerza. En marzo de 2014, legisladores y líderes de la sociedad civil de 30 países lanzaron la Declaración de Airlie y exigieron incluir el derecho al aborto seguro y legal en la próxima serie de metas mundiales que entrarán en vigencia en 2015, cuando expiren los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM). Y en el mes agosto, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo instó a los estados a considerar la posibilidad de modificar “leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo” para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres. “Hay un avance en términos de sensibilización respecto de la gravedad que implica un embarazo no deseado. Hace diez años, se invitaba a estudiar las causas y restricciones del aborto; ahora se tomó una posición más clara respecto a la legalización del aborto en casos de riesgo de vida y salud de la mujer, de violación, incesto y malformaciones fetales graves. Claro que falta, pero se avanzó mucho”, señaló a esta revista Silvia Pimentel, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En Argentina, el debate sobre el derecho a decidir se postergó una vez más; y el pasado 4 de noviembre, se sumó un breve capítulo a la trabada y controvertida discusión parlamentaria. Durante varias horas, la iniciativa presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (2249-D-2014) se debatió en la Comisión de Legislación Penal. Por falta de quórum, no se logró emitir dictamen y ahora se espera que Patricia Bullrich, titular de la Comisión, convoque a un nuevo encuentro o anuncie un plenario de comisiones. Si la expresa ambigüedad de Bullrich –dijo que no es momento para debatir, pero hace unos años presentó un proyecto para legalizarlo— despierta sospechas sobre las posibilidades de que la iniciativa se trate en recinto, el aborto es uno de los terrenos en el que sectores conservadores y del progresismo argentino vienen zanjando la discusión con la mano derecha. “No hay voluntad política de instalar el tema en la agenda parlamentaria. Es significativo que con la reforma del Código Penal en curso, en ningún artículo se hable del proyecto de reforma sobre el aborto”, señaló a esta revista Soledad Deza, abogada y magíster en Género, Sociedad y Políticas (FLACSO).

En tanto, las mujeres más pobres deben cumplir la ley, continuar con un embarazo no deseado, o desobedecer e interrumpirlo en condiciones inseguras. Y quienes logran pagar una intervención son obligadas a vivir la experiencia en clandestinidad, y en ocasiones, sufren el maltrato de los equipos de salud consultados en situaciones de emergencia. Así las cosas, los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna en el país (20%, entre 50 y 80 muertes por año); mientras que entre 2007 y 2010, los egresos de hospitales por esa causa oscilaron entre los 50.000 y los 70.000 al año. Mientras que en las últimas tres décadas, 3.000 mujeres murieron tras someterse a esta práctica, se calcula que el negocio del aborto clandestino mueve 1.200 millones de pesos al año.
En los países donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal, la mortalidad por abortos inseguros disminuyó notablemente. En Uruguay, a un año de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se realizaron 6.676 intervenciones y no hubo muertes entre las mujeres que abortaron dentro del mecanismo previsto por la ley. Desde 2007, en México DF, rige una nueva regulación para la interrupción legal del embarazo (ILE), y cualquier mujer mexicana puede abortar hasta las 12 semanas de gestación sin alegar causa alguna. En siete años, los hospitales públicos del Distrito Federal realizaron 130.824 procedimientos, y el número de mujeres que acudieron a los servicios de emergencia por complicaciones de un aborto inseguro o mal practicado se redujo casi por completo. De las mujeres que realizaron la interrupción en los servicios autorizados, el 47.4% tenía entre 18 y 24 años de edad, el 53.1% eran solteras y el 61.5% católicas.

LA DESPENALIZACIÓN EN PRÁCTICA

En los hechos, la intencionalidad disuasiva de la penalización fracasa, y la sociedad se expresa a favor de la despenalización del aborto. Según las últimas estimaciones, en Argentina, se realizan 460.000 al año, a razón de 60 abortos inseguros por cada 100 nacidos vivos. “Existe un contexto social y normativo que nos permite decir que el aborto debería ser legal en casi todas las circunstancias. Vivimos en una sociedad plural y democrática, en la que se reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y de religión, y el derecho de todas las personas a la salud. El Estado no puede imponer una visión religiosa o filosófica respecto de cuándo comienza la vida, restringiendo la libertad y el derecho a la salud de las mujeres. El debate sobre el aborto no es bioético, sino político”, señaló Julieta Arosteguy, licenciada en filosofía, profesora adjunta de Salud y Derechos Humanos de la UNQ e investigadora del Programa de Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

A la vanguardia del accionar parlamentario, el colectivo social inventa formas de desobediencia, legalización alternativa y legitimación de las prácticas abortivas como el uso del misoprostol para inducir la interrupción de un embarazo no deseado. La «Línea Aborto: más información, menos riesgos», impulsada desde la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, recibe más de 5.000 consultas al año sobre cómo realizarse un aborto con pastillas del medicamento. Desde la línea de telefonía móvil 011-156-664-7070, brindan información y asesoramiento sobre el uso correcto del fármaco.

Por su bajo riesgo de muerte y complicaciones cuando se utiliza hasta la 12º semana del embarazo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso del misoprostol tanto para los abortos legalmente permitidos como para embarazos complicados por una anomalía fetal o después de la muerte fetal intrauterina. Aunque el costo sigue siendo una barrera para su administración, el medicamento es económicamente más accesible que la interrupción quirúrgica. En nuestro país, distintas redes trabajan para asesorar a las mujeres que deciden abortar con el uso de misoprostol. Socorro Rosa es un servicio de la Colectiva Feminista La Revuelta que, con la colaboración de un grupo de socorristas, acompaña y orienta sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Las consultas pueden hacerse a través de la web www.larevuelta.com.ar o de la línea telefónica 0299-154722618.

Según un estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES, 2012), dos factores determinantes para que las mujeres opten por el aborto medicamentoso son que pueden realizarlo bajo supervisión médica y que obtienen información precisa al respecto. Además las mujeres valoran la privacidad, seguridad y efectividad del fármaco, la posibilidad de gestionar su propio aborto y de hacerlo con alguien de confianza. El dolor sigue siendo una desventaja porque el proceso no es ni inmediato ni sin dolencias: “Las mujeres tienen temor a tomar analgésicos porque el dolor es uno de los signos más patentes de que el aborto está en curso. Por eso, es importante que las mujeres sepan que pueden utilizar misoprostol y tomar ibuprofeno sin contrarrestar el efecto”, aclaró Mariana Romero, médica e investigadora de CEDES.

GÉNERO Y NÚMERO

El revisionismo se extiende también a la ciencia formal que busca ajustar sus categorías y estadísticas a la perspectiva de género. “Habría que decir que los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad de mujeres en gestación por maternidad forzada”, aclaró Mario Pecheny, doctor en Ciencia Política y docente de la UBA, durante el encuentro “La Penalización del aborto y su impacto en los Derechos Humanos”, organizado por Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según cifras de la OMS (2012), cada año, se producen 22 millones de abortos inseguros, el 98% de ellos ocurren en países en vías de desarrollo: cerca de 3.700.000 en América Latina. El organismo define al aborto inseguro como el “procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo”. Aproximadamente 47.000 muertes relacionadas con el embarazo son provocadas por complicaciones derivadas de un aborto inseguro y 5 millones de mujeres sufren incapacidades derivadas de la clandestinidad de esta práctica. El riesgo de muerte en los países en desarrollo es de 370 por cada 100.000 abortos clandestinos.

El principal fundamento para promover y aprobar la legalización es que se trata de una cuestión de derechos humanos, justicia social y salud pública. “El aborto sigue siendo una cuestión de derechos. En ese sentido, los indicadores de salud pública indican violaciones a los derechos humanos y permiten ponderar porque, aún reconociendo que fetos, embriones o niños por nacer tienen derechos, podemos ponderar los derechos de las mujeres: qué daños, qué infelicidades, a qué riesgos son sometidas las mujeres, sus parejas y nosotros como sociedad cuando el aborto es clandestino”, advirtió Pecheny durante el encuentro.

EL CUENTO QUE NUNCA ACABA

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo arribó al Congreso argentino por primera vez en 2007; y desde entonces, al no conseguir tratamiento en el recinto, vuelve a presentarse cada dos años. Actualmente, la iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con 69 firmas de diputadas y diputados nacionales (sólo el bloque del Frente Renovador de Massa no apoyó), revisa los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal, autoriza sin restricciones la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y habilita el acceso al aborto gratuito en el sistema de salud público y privado.

Entre las bambalinas legislativas, se dice que los candidatos pierden votos cuando expresan su acuerdo con el proyecto. Se agrega que la Iglesia presiona para que la iniciativa no se debata. Se murmura que si fuera aprobado por el Congreso, la Presidenta de la Nación podría vetarlo. Se comenta que desde que Bergoglio fue ungido Papa existe un acuerdo tácito para obstaculizar el tratamiento en recinto. Se anticipa que la legalización del embarazo implicaría un alto costo político en época de elecciones. Para Elsa Schvartzmanm, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, son excusas, cuentos repetidos que acabarán cuando la sociedad así lo exija. “La presión social todavía no es lo suficientemente fuerte como para que los representantes de los distintos poderes se sientan comprometidos con este proyecto. El cambio se dará cuando la legalización del aborto se considere un punto fundamental al momento de votar”, señaló a Periódico Vas. “Cuando la campaña empezó, no había forma de ser convocadas. Nos invitaban a programas con sacerdotes y curas. En este momento, los medios masivos de comunicación abordan el tema de otra manera, y hay comunicadores que apoyan la iniciativa”, agregó Schvartzmanm.

Hasta la corporación del Vaticano dejó entrever alguna fisura en su posición sobre el tema cuando, a fines de 2013, el papa Francisco señaló que la Iglesia Católica debe funcionar como “un hospital de campaña tras una batalla”, abriéndose a los “heridos”, refiriéndose a personas divorciadas, homosexuales y mujeres que abortaron. En diálogo con la revista jesuita Civiltà Cattolica, el Papa señaló que la Iglesia no puede seguir insistiendo con cuestiones referentes “al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos”. Después vinieron las aclaraciones (o las desmentidas, según se interprete). Lo cierto es que, entre dimes y diretes, el cuento de la buena Iglesia (una más “progre” y “democrática”) circuló en los titulares de la prensa de todo del mundo.

“Las creencias religiosas para que las mujeres se realicen un aborto no tienen la misma fuerza que antes. Las compañeras musulmanas del Comité, por ejemplo, no se oponen a avanzar sobre el tema. Y hasta el Papa deslizó una postura diferente, aunque sea innegable que sectores católicos y evangelistas siguen oponiendo una resistencia importante para que el tema se debata en los parlamentos”, opinó Silvia Pimentel, integrante del CEDAW. En la misma línea, la abogada Paola Bergallo, docente y doctorada en jurisprudencia por Stanford, afirma que en la Argentina existe un “doble estándar” en la discusión política, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo con argumentos de derechos humanos que no se aplican para debatir el aborto. “Existe un doble estándar en la interpretación de los actores políticos sobre lo que les pide la Iglesia. En cuanto a la implementación del aborto no punible, la Iglesia no puede pedir en voz alta que no se cumpla el derecho. El actor político está sobreinterpretando”, señaló.

¿Y entonces por qué no acabar con el cuento y abrirse al debate? ¿Cuáles son los miedos, culpas o mandatos que impiden discutir? Para Mabel Bellucci, ensayista, periodista y activista feminista queer, el principal responsable tiene nombre y apellido: Sistema Capitalista. “Poner la responsabilidad en la Iglesia es tener una mirada muy corta. Es más un fantasma que otra cosa. Cuando las mujeres abortamos, le decimos que no a la maternidad. Eso implica una ilegalidad y una criminalización para el capitalismo que no tiene en sus miras que estemos por fuera de la reproducción humana”, señaló Bellucci a Periódico Vas. “Con el aborto hablamos de todo: de la separación entre Iglesia y Estado, de las desigualdades de clase, de la decisión de soberanía de las mujeres, de la no maternidad y de las sexualidades no reproductivas. Es una propuesta anticapitalista que cuestiona a las corporaciones médicas y de los laboratorios”, agregó Bellucci. El aborto supone una batalla política más amplia, una bandera que pueden levantar no sólo las mujeres, sino todo colectivo social que se identifique con la lucha. “Hace una década, el lema de la soberanía sobre nuestros propios cuerpos tomó un nuevo impulso, y otros colectivos por fuera de las mujeres heterosexuales empezaron a entender la demanda del aborto voluntario como una demanda propia. Es una demanda política de la que puede apropiarse cualquier sujeto”, aseguró la activista.

Cada vez son menos quienes se creen el cuento.

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