Personas en situación de calle. Al desamparo de la Ley
por Jonatan Emanuel Baldiviezo
Tras el conflicto de la ocupación del Parque Indoamericano en 2010, la Legislatura porteña sancionó la Ley N° 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación y de Calle. Esta ley, impulsada desde organizaciones sociales como Proyecto 7, tiene cuatro puntos sobresalientes:
1. Definición amplia de los sujetos de derecho de la Ley N° 3.706: No sólo alcanza a las personas que se encuentran efectivamente en situación de calle. Incorpora también a aquellas que se encuentran en riesgo de quedar en situación de calle, como por ejemplo, personas con sentencia de desalojo, o que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento.
2. Obligación de establecer políticas integrales: El art. 4 dispone que se deben remover los obstáculos que impiden a las personas en situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos. Se debe facilitar el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. También establece que el Gobierno de la Ciudad debe formular e implementar políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura. Elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del Estado.
3. Derecho a una solución habitacional definitiva no transitoria: El art. 2, inciso a, establece que aun cuando las personas y familias utilicen la red de alojamiento del Gobierno de la Ciudad deben ser considerados como en situación de calle. Es decir, los paradores no son una solución habitacional adecuada. La Ley N° 3.706 obliga al Gobierno de la Ciudad a implementar políticas para garantizar el derecho a la vivienda a fin de lograr el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. De aquí surge que el Gobierno de la Ciudad está obligado a crear una política de acceso a soluciones habitacionales definitivas a las personas en situación de calle. Las mismas no pueden ser ni parciales ni transitorias.
4. Relevamiento anual: El art. 4, inciso k, obliga al Gobierno de la Ciudad a realizar un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle.
| Relevamiento de personas en situación de calle realizado por el Gobierno de la Ciudad | |
| Año | Personas en situación de calle |
| 2000 | 705 |
| 2002 | 741 |
| 2004 | 577 |
| 2005 | 859 |
| 2006 | 793 |
| 2007 | 1029 |
| 2009 | 1356 |
| 2010 | 1287 |
| 2011 | 876 |
| 2012 | 850 |
| 2014 | 861 |
| 2015 | 924 |
| 2016 | 876 |
| 2017 | El Gobierno de la Ciudad contabilizó cerca de mil personas. Este último relevamiento se realizó el 11 de abril, en un sólo día con 47 móviles. |
Cada una de estas obligaciones no han sido cumplidas por parte del Gobierno porteño.
1. En relación a las POLÍTICAS INTEGRALES. No existe un área del gobierno que coordine y atienda en forma integral cada uno de los derechos y necesidades de las personas en situación de calle. Los programas de alimentación, los de salud, los de vivienda, los de trabajo, etc, se piensan y se ejecutan en forma descoordinada en relación a la complejidad para garantizar los derechos de las personas en situación de calle.
2. El Gobierno de la Ciudad NO CUENTA actualmente con una política que brinde una SOLUCIÓN HABITACIONAL DEFINITIVA (o permanente) a las personas en situación de calle. En la sentencia de la Corte Suprema dictada en la causa «Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, en el año 2012, ya reconoció que el Gobierno de la Ciudad no tenía una política para garantizar una solución habitacional definitiva, no transitoria ni parcial. Esta situación continúa en el presente.
La principal política del gobierno en relación a la vivienda para personas en situación de la calle es la entrega de subsidios habitacionales por 10 meses. Luego de dicho plazo, sin importar la condición real de las familias, finaliza, dejando a las familias nuevamente en situación de calle. Esto ha generado una extrema judicialización de este programa cuestionando la constitucionalidad y la legalidad de lo transitorio del subsidio.
En el año 2011, en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema en la referida causa judicial, María Eugenia Vidal en representación del Gobierno de la Ciudad informó que había alrededor de 4.500 beneficiarios activos cobrando el subsidio habitacional. De dicha cantidad, 1.800 eran en virtud de sentencias judiciales. En el año 2015, en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la ciudad existían 4.157 amparos iniciados para extender el plazo del subsidio. De dicho número, en 3.532 causas los actores había cobrado en los últimos tres (3) meses (causas activas).
La falta de una solución habitacional definitiva (o permanente) ha llevado a que el fuero CAyT y la Defensa Pública estén saturados de miles de demandas con un similar objeto. El propio Gobierno de la Ciudad utiliza la vía judicial como una forma de filtro de beneficiarios al exigirle la presentación del amparo como si fuese un requisito administrativo más para la extensión del plazo del beneficio. Evidentemente este trámite institucional no resulta fácilmente alcanzable para estas familias.
3. El relevamiento anual tampoco cumple con lo establecido en la ley N° 3.706. El relevamiento que realiza el Gobierno de la Ciudad no constituye un relevamiento exhaustivo en toda la ciudad sino meramente un relevamiento realizado en algunos sectores durante un sólo día al año. No releva a las personas que se encuentran en riesgo a quedar en situación de calle como lo estipula la ley. Tampoco releva a las personas que se encuentran viviendo en alojamientos o paradores de la ciudad ni a los/las niños/niñas que están en la calle.
Estas deficiencias fueron detectadas por la justicia en la causa caratulada “DONDA PEREZ VICTORIA y otros CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”. Expte. N° A13385-2016/0. En la sentencia de fecha 10 de agosto de 2016 se ordenó cumplir con el relevamiento anual de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 3.706.
Ante el desinterés del gobierno por averiguar el verdadero número de personas en situación de calle, decenas de organizaciones han coordinado la realización, del 8 al 15 de mayo, del «Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires» para visibilizar la verdadera envergadura de la emergencia habitacional y peticionar por el cabal cumplimiento de la ley N° 3.706.
Comunicado de las organizaciones que llevaron a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires
Miles de personas se encuentran en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los años, el Gobierno porteño realiza un conteo superficial que arroja cifras mentirosas. Por un lado, sólo releva por algunos barrios, lo que hace que el número sea menor. Por otro, no incluye a todas aquellas personas que están en riesgo de calle: quienes están alojados en instituciones de manera transitoria, quienes están en hoteles bajo subsidios y amparos, quienes están notificados o con resolución de desalojo, quienes duermen en estructuras temporales o asentamientos.
Así, en 2016 el Gobierno de la Ciudad dijo que había 876 personas en situación de calle efectiva. Para las organizaciones sociales que trabajan con esta problemática, las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo son alrededor de 26.000.
Es decir, el Estado no ignora la problemática: la oculta e invisibiliza.
Hoy impulsamos un CENSO POPULAR que dé cuenta de la dimensión real de esta problemática, que indique la cantidad de personas en situación de calle, tanto efectiva como en riesgo, y que releve sus necesidades concretas. A través de una encuesta se buscará conocer cómo estas personas se autoperciben, su estado de salud, su trayectoria educativa y los tipos y niveles de violencia institucional que padecen.
En este marco, más de 300 voluntarias y voluntarios se reunieron el sábado 29/04 para capacitarse para encuestar.
Participaron organizaciones sociales, políticas, culturales, estudiantiles, académicas, personas en situación de calle y vecinos independientes. Cuentan con el apoyo del Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia de la Auditoría General – Ciudad de Buenos Aires.
Durante la capacitación se hizo hincapié en la importancia de lograr que todas las personas puedan ser censadas. Se organizaron los equipos para cada uno de los 48 barrios, que en la semana previa al censo recorrerán las calles informando sobre la necesidad de contestar la encuesta.
Las siguientes organizaciones e instituciones son parte de esta iniciativa: Abrigar Derechos, Acción Voluntaria, Amigos en el Camino, Asamblea Popular Plaza Dorrego, Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA, Centro de Integración Frida, Centro de Integración Monteagudo, Che Cultura, Ciudad Sin Techo, Comedor El Gomero de Barrancas de Belgrano, Comunidad del Centro Educativo Isauro Arancibia, Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Equipo de Investigación UBACyT de la Facultad de Psicología (UBA), Izquierda Popular, Juventud Socialista Democracia y Participación, La Boca Resiste y Propone, La Calle Que Nos Parió, La Miguelito Pepe, Ministerio Público de la Defensa CABA, Movimiento Barrios de Pie, Movimiento Libres del Sur, Movimiento Universitario Sur, Mujeres Activando, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), Ni una persona más en la calle, No Tan Distintas – Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Social, Nuevo Encuentro, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Presidencias de las comisiones de «Derechos Humanos, Antidiscriminación y Garantías» y «Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud» de la Legislatura de la CABA, Partido Social, Patria Grande, Presidencia de la Auditoría General CABA, Proyecto 7 – Gente en situación de calle, Red Puentes (MP La Dignidad), Sopa de Letras (siguen las firmas).