Ningún pibe nace para chorro
Organismos defensores de los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Universidades y Centros de estudiantes, Sindicatos, Asociaciones gremiales, Asociaciones de profesionales, Organizaciones comunitarias, periodistas, representantes de la justicia, la cultura, la política, el arte, la música, las letras, la educación se pronunciaron contra la criminalización de pibas y pibas y la baja de la edad de punibilidad.
Lo hicieron a través de la firma de un documento conjunto donde repudian la intención de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y del ministro de Justicia y Derecho Humanos, Germán Garavano de enviar al Congreso nacional un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo bajar la edad de punibilidad, que actualmente es a los 16 años, a los 15 años. Este es el texto completo:
No es la primera vez que el gobierno de CAMBIEMOS arremete con este tipo de iniciativas, en enero de 2017 con iguales anuncios el Ministerio de Justicia convocó a una Comisión para trabajar la redacción de una ley con este propósito. La mayoría de los participantes jueces, fiscales, operadores del sistema penal, organizaciones sociales y organismos internacionales especializados, se pronunciaron en contra de bajar la edad de punibilidad, en forma casi unánime, lo cual diluyó la iniciativa, que no se trataba más que de una consigna vacía y oportunista.
En junio del 2018 el Comité de los Derechos del Niño, tras oír las denuncias formuladas por las organizaciones territoriales sobre los casos de gatillo fácil en un contexto de crisis y desguace de políticas de protección de derechos de la infancia, advirtió al Estado argentino sobre la necesidad de “adoptar una ley general sobre la justicia de menores en consonancia con la Convención y las normas internacionales (…) en particular, en relación con la garantía de que la detención sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible, y que no incluya disposiciones que incrementen la sentencia o reduzcan la edad de responsabilidad penal.”
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que “La existencia de niños y adolescentes vinculados a grupos delictivos es (…) consecuencia de la falta de medidas por parte del Estado que garanticen los derechos de los niños y los proteja frente a diversas vulneraciones a sus derechos, la exclusión y la violencia…”.
Recientemente UNICEF a través de un riguroso estudio preciso que el 48,20% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país se sitúan en el plano de la pobreza. Con respecto a esto también se expidió la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) afirmando que “La pobreza infantil, además de significar que los niños se ven imposibilitados a acceder a los estándares básicos de bienestar y a satisfacer sus necesidades básicas en el presente, también les afecta en el futuro….”.
El cierre de los encuentros que se convocaron en el año 2017 con motivo de la frustrada iniciativa del Poder Ejecutivo, se produjo en el marco de la movilización que convocaron numerosas organizaciones políticas, sociales y culturales en la puerta del Ministerio de Justicia.
Mientras, Nora Cortiñas acompañaba a niños, niñas y adolescentes que leyeron el documento que transcribimos. Este documento tiene plena vigencia y advierte sobre la ineficacia de este tipo de políticas como respuesta a la violencia que pretende resolver. Las organizaciones, organismos, espacios sindicales, académicos, de investigación, políticosociales, y personas, nos pronunciamos en contra de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes y el nuevo intento de “bajar la edad de imputabilidad” , anunciado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Advertimos a la sociedad que la propuesta es ineficaz y anticipamos que sólo empeorará y reforzará la violencia que pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución policial y
profundizará la política de abandono de las políticas sociales, educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado.
Si bien la propuesta afecta al conjunto de la población de niños, niñas y adolescentes, se enfoca en la criminalización de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. El sistema penal juvenil actúa judicializando la pobreza sin aportar estrategias y recursos concretos para que los niños, niñas y adolescentes tengan sus derechos garantizados. Denunciamos que detrás de esta “discusión” no hay una decisión política de mejorar la situación de los más jóvenes sino usar este tema como anzuelo ante las próximas elecciones y que este debate, en el que se expresa que bajando la edad de la punibilidad se logrará mayor seguridad, e instalado mediáticamente por parte del oficialismo, se nutre de premisas y diagnósticos falsos.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes, no existen datos públicos a nivel nacional sobre esto, lo cual es un grave problema para elaborar políticas para la infancia. Aun así, la información estadística de la provincia de Buenos Aires desmiente esta afirmación, y resulta ser un indicador altamente significativo dado que allí reside el 40% de la población del país. De las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos. Dentro de ese 3,6% sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos 1. La incidencia de delitos graves es ínfima aún entre los adolescentes punibles (entre los 16 y 18 años) pese a su sobre-representación en la prensa.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a niños y niñas para cometer delitos: si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan (u obligan) a un niño o una niña a cometer un delito, el delito es del adulto, el niño o niña es víctima y como tal debe ser abordado. Los organismos internacionales especializados en trata y explotación de personas han recomendado a los países que incorporen estas conductas en sus legislaciones penales.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que la forma de mejorar lo que hoy existe es bajar la edad de punibilidad y reconocer a los más pequeños un proceso con garantías. El sistema actual desconoce los derechos de lxs niñxs y adolescentes que ingresan al sistema penal, pero no es legalizando lo que ocurre ilegítimamente que se va a mejorar la situación. No es aceptando la criminalización de chicos y chicas de menos de 16 años sino impidiendo su ingreso al sistema penal, como se mejora su situación. La fórmula de bajar la edad y garantizar derechos básicos durante el proceso penal ya se aplicó y fracasó en varios países de Latinoamérica, en alguno de los cuales se bajó la edad hasta los 7 años. El resultado es que el delito infantil no disminuyó, por el contrario se criminalizó más a niños y niñas y aumentaron los niños y las niñas privados de su libertad en la edad en la que el Estado aún no ha concluido con sus obligaciones de protección especial a la infancia.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que hoy a los niños, niñas y adolescentes no les pasa nada si cometen un delito, no sólo “les pasa” si cometen un delito, también tienen consecuencias penales cuando no lo cometen ya que el Juez está facultado incluso a privarlos de la libertad sin haber determinado su participación en el hecho, y con la excusa de su cuidado. El régimen penal actual (ley 22.278) es tan arbitrario que permite que estén presos por motivos por los que un adulto no lo estaría. Por eso existen Juzgados Penales de Menores y de Responsabilidad Penal Juvenil, y cárceles para niños y niñas llamadas Institutos de Menores donde a pesar del compromiso de muchos de los trabajadores con los derechos, el trabajo sociodeucativo y la inclusión, los institutos están sobrepasados en su capacidad, chicas y chicos están mal alimentados, sin atención adecuada de su salud física y psíquica, torturados, deprimidos, psiquiatrizados, con escasas horas de escolarización y suicidados antes de que su infancia se termine. Hacia el 2015 había 7178 jóvenes, entre procesados y condenados, imputados penalmente por un delito cometido antes de los 18 años de edad. De ellos, 1477 estaban privados de libertad, y de esos 1477, 101 eran no punibles, o sea menores de 16 años. El resto se encontraba bajo medidas de seguimiento territorial 2.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que el sistema penal no hace nada con los chicos y chicas de menos de 16 años acusados o acusadas de un delito, porque tal como ocurre con los adolescentes de entre 16 y 18, también a estos se les abre una causa penal aún por delitos leves y se los puede encarcelar por tiempo indeterminado más allá de si se probó o no su culpabilidad o de si se los “declara inimputables” por la edad. Hacia el año 2015 había 412 chicos por debajo de los 16 años con restricciones dispuestas por jueces en sus respectivas causas penales, de los cuales 101 se encontraban privados de libertad 3. Ese encierro no debe ser legitimado mediante la baja de
edad de punibilidad, sino que debe cesar.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que el sistema penal es leve con las personas menores de edad: el sistema penal que hoy se les aplica, usa la prisión como única medida; además, es arbitrario ya que los requisitos para salir en libertad no dependen de pibes y pibas sino de políticas que el Estado debe garantizar (escuela, tratamientos de adicciones, familias con empleos dignos, vivienda) y admite que se apliquen condenas gravísimas: como el caso de las condenas de prisión perpetua a adolescentes, por las que Argentina fue sancionada ante
Organismos Internacionales.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que nuestra oposición a que se baje la edad de punibilidad nos convierta en defensores del actual Régimen Penal de Menores, estamos en contra y diariamente lo combatimos, pero es manifiesto el oportunismo político que rodea esta nueva arremetida, que no pretende mejorar la situación que hoy padecen los más jóvenes sino tener un slogan de campaña del que se hagan eco los medios de comunicación cómplices del recorte y el despojo a las familias trabajadoras.
DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que la causa de violencia en los barrios es la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de seguridad someten a niños, niñas y jóvenes, la violencia machista y el manejo de los territorios por bandas de comercio de drogas que actúan en connivencia con el poder político y policial, de
los cuales pibes y pibas son víctimas.
DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que se trata de una política regresiva y demagógica y lo que debe garantizar la ley es que pibes y pibas de menos de 16 años directamente no tomen contacto con el sistema penal; mientras que entre los 16 y 18 se reduzca su ingreso en el marco de un sistema en el que primen las garantías y las sanciones no privativas de la libertad y con contenido socioeducativo.
DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que la criminalización de pibes y pibas es la forma en que cierra el modelo de precarización social y que esta nueva arremetida oficialista es parte de un proyecto político, económico y social en el que se benefician las patronales, se refuerzan poderes a las fuerzas de seguridad y el ejército, se reconcentran los medios de comunicación obturando la pluralidad de voces, se paga a los fondos buitre y se saquea el país en beneficio de los capitales directamente instalados en el poder político; en un contexto de despidos de trabajadores y trabajadoras, retaceos en las paritarias, avance de la represión de la protesta social, recortes presupuestarios y especialmente de los programas socioeducativos del Ministerio de Educación; negacionismo de los crímenes de la dictadura, recrudecimiento de las prácticas del gatillo fácil y la violencia policial, la represión a los movimientos de mujeres, de diversidad sexual, pueblos originarios, defensores de los recursos naturales, migrantes, trabajadores de la economía popular, recorte de las prestaciones mínimas a los jubilados y el endurecimiento de leyes penales.
EXIGIMOS:
– Aumentar los recursos y presupuestos de las políticas de Derechos de la Infancia, en particular, educativas y culturales, de salud y de seguridad social.
– Que se ponga fin a las políticas de ajuste que dejan sin trabajos a las familias.
– Que se desbaraten, investiguen y sancionen a las redes delictivas y particularmente la responsabilidad que le cabe a funcionarios estatales y de las fuerzas de seguridad que se valen de niños y niñas para sus fines.
– Que se dé instrucciones precisas alas fuerzas de seguridad y custodia, prohibiendo el uso de armas de fuego contra niñas, niños y adolescentes como lo prevén las normas internacionales de Derechos Humanos y se sancionen con severidad las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los más jóvenes
Finalmente, reafirmamos que un país que condena a sus niños y niñas a las mínimas posibilidades de desarrollo es un país que se condena a sí mismo. Un país sin un proyecto especifico para la infancia, es en sentido estricto un país si proyecto.
Por eso decimos: ¡La baja de la edad de punibilidad No es la solución!
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1. Ver base de datos en https://www.mpba.gov.ar/estadisticas.html
2. Estos datos surgen del Informe 2015 por UNICEF Argentina
3. Informe 2015 por UNICEF Argentina.