Hablemos de Inseguridad. Parte II
Mecanismos que garantizan la impunidad policial
Existe una violencia institucional instaurada en los distintos estamentos del poder. Sugerida a través de elementos simbólicos como bayas, enrejados, mangrullos policiales, cámaras de reconocimiento facial y una batería de normas, códigos y leyes que tienen como finalidad asegurar la escisión de libertades y garantías individuales o colectivas.
Vayamos a estas normas.
En octubre de 2018, en bloque del oficialismo en la Legislatura porteña, aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad, propuesta por el Jefe de Gobierno, con el propósito de combatir el “narcomenudeo”. Las modificaciones, introducidas por Larreta, incorporaron la figura de “agente encubierto” y “agente revelador”; ampliaron las facultad de jueces y fiscales para intervenir comunicaciones telefónicas y habilitaron a realizar detenciones arbitrarias a la Policía de la Ciudad. “Estas modificaciones constituyen mecanismos de control social, espionaje y represión”, apunta Myriam Bregman en el informe.
Meses más tarde, el 13 de diciembre de 2018, los ediles larretistas, aprobaron la reforma del Código Contravencional porteño, promovida también por el titular del Ejecutivo con el pretexto de combatir las “mafias” y prevenir la violencia de género. Se incorporaron contravenciones relativas al cyber-acoso y hostigamiento a través de medios electrónicos y se introdujo la figura de la “denuncia anónima”. Según Bregman, Larreta utilizó una problemática grave y real como la violencia hacía las mujeres, para justificar un aumento del punitivismo en el uso del espacio público y dar mayor facultades represivas a la Policía de la Ciudad.
Argumenta esta teoría con un ejemplo: “mientras presentaba el proyecto de reforma al Código Contravencional, el Gobierno se negó a discutir en la Legislatura medidas elementales para las mujeres víctimas de violencia machista, tales como la construcción de refugios transitorios y planes de viviendas, regímenes de asignaciones económicas y cobertura social, planes de inserción laboral para desocupadas, licencias laborales en el ámbito público y privado, licencias y pases educativos para las víctimas y sus hijos, o la creación de equipos interdisciplinarios que acompañen integralmente a las víctimas de violencia”.
A mediados de 2019, Horacio Rodríguez Larreta, prendado por la bravata discursiva de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la compra de pistolas eléctricas Táser para utilizarlas en el asbestado 1 subterráneo porteño. La iniciativa, repudiada por los trabajadores de este servicio, fue calificada como inmoral por Myriam Bregman. “Estamos hablando de darle un instrumento de tortura a una fuerza que entre sus filas cuenta con 282 agentes que actuaron durante la última dictadura cívico-militar”2, sentenció.
Si bien las reformas introducidas al Código Contravencional a finales de 2018, resultaron útiles para alentar y endurecer la persecución policial contra personas que trabajan en la vía pública, en particular mujeres y madres sostén de hogar. Para Larreta no fueron suficientes. Hacia finales de 2019, remitió una nueva serie de reformas, al parlamento porteño.
El pasado 5 de diciembre, con la City rodeada de carros de asalto, el palacio legislativo vallado y centenares de efectivos policiales distribuidos en las inmediaciones, se celebró la última y la más escandalosa sesión en la historia de la Legislatura porteña. En este maratónico cónclave, que se extendió por más de doce horas, los ediles oficialistas aprobaron las reformas requeridas por Larreta. Las mismas están orientadas a agravar sanciones; interrumpir prescripciones; endurecer sentencias; instaurar un registro de contraventores y criminalizar cualquier actividad que se desarrolle en la vía pública que, a criterio de las fuerzas de seguridad, constituya una falta o contravención.
“Tanto se piensa una Ciudad para el turismo que parece que no cae bien mostrar que hay desocupación y la gente se gana la vida como puede, así que necesitan legalizar las practicas de mano dura”, señaló Myriam Bregman durante el debate en el recinto. Y acotó con ironía: “Un gran enemigo del Gobierno de la Ciudad son los vendedores de paltas. ¿Qué pasará con ellos o con los miembros de la comunidad senegalesa, con los cual tiene tanta animosidad la Policía de la Ciudad?”
A juicio de la diputada Myriam Bregman, estas modificaciones responden a un “lobby policial”, que garantiza la impunidad a las fuerzas de seguridad. «Son las leyes que necesita la policía para legalizar las prácticas cotidianas. Muchas de las cosas que acá se intenta legalizar son las que vemos todos los días quienes defendemos a los que trabajan en la venta ambulante, quienes defendemos a quienes venden comida en la calle, a quienes tratan de ganarse su vida como pueden –llamado trabajo informal– y quienes defendemos a los que se manifiestan».
Dos días después de aprobadas estas modificiaciones, el 7 de diciembre de 2019, Daniel Alejandro Lucero Quiroga ultimaba por la espalda en el barrio de Barracas a Nahuel Acosta, un pibe de 18 años. Lucero Quiroga, el asesino, es agente de la Policía de la Ciudad y no solo está libre, sigue cumpliendo funciones en esa fuerza.
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- Ver nota: Hablemos de inseguridad