No urbanizar: erradicar o matar
«En 2018 comenzó la relocalización y no le tocó a Ramona, empezó la cuarentena y no le tocó a Ramona. Ayer vino la ambulancia y le tocó a Ramona, y ahora Ramona está intubada», así narró el periodista Nacho Levy, referente de la Garganta Poderosa, el trajinar de Ramona Medina de una de las habitantes de la Villa 31 que falleció víctima del Coronavirus.
«¡Ramona no se murió! A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron!» exclama Nacho Levy. Hace doce días esta mujer de 42 años e insulino-dependiente, se transformó en la cara visible no solo de la exclusión social, también de la desidia estatal. Ramona denunció a través de las redes sociales y en distinto medios de comunicación la falta de agua potable en la Villa 31. Ramona expuso el hacinamiento al que estaba confinada en su propia casa, siendo ella, al igual que sus dos hijas y las siete personas con las que convivía, un grupo de riesgo. A Ramona no le activaron protocolo de prevención alguno. Ni le ofrecieron aislarse en un hotel. Era una voz molesta. Hoy, toda su familia está contagiada, incluso la más pequeña de sus hijas que padece discapacidad múltiple. Mientras la vida de Ramona se apagaba, el agua siguió faltando en la Villa 31. El Gobierno porteño omitió dar cumplimiento al fallo judicial que le obliga garantizar el abastecimiento de este suministro en ese barrio.1
Ramona y su familia forman parte del universo de las 913 personas contagiadas de coronavirus en la Villa 31, lugar donde -al igual que en el resto de los barrios vulnerables de la ciudad- la administración porteña muestra la más absoluta displicencia. Desde el 21 de abril, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en la Villa 31, la curva de contagios experimentó un alza del 1.992%. En línea con un conjunto organizaciones sociales, Nacho Levy asegura que «el coronavirus desnuda la crisis habitacional y la pobreza estructural que venimos denunciando hace muchos años».
La población de las villas o barrios populares creció exponencialmente en los últimos 20 años, alcanzando a 400 mil personas que viven sin acceso formal y seguro a servicios públicos básicos y en condiciones de hacinamiento generalizado.2 Cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio en viviendas precarias, donde habitan entre cuatro y diez integrantes de una misma familia, sin acceso a un servicio esencial como el agua y compartiendo el baño con otras personas, se materializa como una imposibilidad manifiesta.
La desidia de la administración porteña provocó que un conjunto de organizaciones sociales, y profesionales, conformaran el Comité de Crisis que gestó un protocolo de actuación ante el coronavirus en villas y asentamientos. La premisa principal es que esta población no puede abordar las medidas de prevención de forma similar al resto de los barrios de la ciudad, sino que requiere de acciones que respondan a características, especificidades y necesidades que le son propias.
El protocolo sugiere un plan de acción barrial. Propone identificar a una autoridad sanitaria para que coordine y monitoree la aplicación de las pautas de prevención. Dispone crear un comité de crisis interministerial. Aconseja conformar otras formas de control y seguridad e higiene. Pone acento en la circulación de información certera y de calidad a través de diferentes espacios de comunicación. Recomienda brindar contención psicológica a la población y asegurar el acceso a Internet como recurso para a derechos ciudadanos. Aconseja brindar alternativas a la vivienda en caso de que la permanencia en las mismas suponga un riesgo para las personas en situaciones de violencia de género. Exhorta al Estado porteño para que garantice el acceso al agua, a la alimentación y a los circuitos de cuidados. Sugiere optimizar la acciones de cuidados y los ámbitos de derivación para grupos de riesgo. Exige la provisión de insumos básicos de limpieza en los espacios comunitarios.
La propuesta fue presentada la semana pasada ante las autoridades locales. Las organizaciones sociales que trabajaron en este protocolo nunca fueron convocadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad. Mientras tanto, la curva de contagios asciende minuto a minuto y la situación se torna desesperante. Por esta razón, el Comité de Crisis exigirá que se declare «inmediatamente la emergencia sanitaria, habitacional y alimenticia» en el conglomerado de la Villa 31, donde se registra la mayor cantidad de contagios.
Desde que se conoció en primer caso de Coronavirus en la Villa 31, las promesas de urbanización de Gobierno porteño se hicieron añicos y la verdad quedó al desnudo: «Nunca se pretendió urbanizar sino erradicar. Las inversiones en obras publicas se orientaron a revalorizar ese territorio, no para sus habitantes sino en beneficio del mercado inmobiliario», señala el diputado porteño Gabriel Solano (FIT-PO), que reclama una sesión extraordinaria en la Legislatura de la Ciudad y exige la renuncia de todos los funcionarios responsables de esta situación, entre ellos Diego Fernández, «una suerte de interventor de Larreta en la Villa 31», que aseguró ante la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña que el barrio contaba con los servicios básicos esenciales. 3
«La desidia estatal aparece como una estrategia programada para facilitar los negocios inmobiliarios dirigidos a la enajenación de los terrenos ocupados por la villa», explica David Lugones, vecino de la Villa 31, referente del Frente de Todos y miembro del Comité de Crisis.
«Esto no es un proceso de urbanización sino de gentrificación. Nosotros no queríamos un Ministerio de Educación en la Villa, queremos un Hospital Público.4 De hecho, los hisopados se llevan a cabo en la sede del Ministerio, donde sí hay servicio de agua potable», señala y advierte que otra de las grandes carencias que padecen es la falta de insumos para los comedores comunitarios. El referente social asegura que las provisiones que envía el Gobierno de la Ciudad , apenas alcanza para cubrir la demanda de 23 de los 42 establecimientos que funcionan en el barrio. Lo mismo sucede en el caso de la provisión de artículos de limpieza y prevención para quienes se desempeñan en estos espacios. Y, por último, asegura que las Unidades Febriles de Internación (UFI) se encuentran prácticamente desabastecidas. 5
-
- Ordenan al GCBA la provisión de agua en los barrios populares y declaran la competencia de la justicia federal
- La pandemia del coronavirus y la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires
- Barrios vulnerables sin protocolo sanitario
- Extractivismo urbano: Villa 31 o Retiro Puerto
- TLN. Canal 9 viernes 15 de mayo de 2020.
- Foto de portada: Télam