La pandemia de la exclusión
La huella del fuego dejó una marca en la pared de ladrillos de bajo-autopista, sobre la calle Virrey Cevallos entre San Juan y Cochabamba del barrio Constitución. Los peritos no pudieron determinar el sexo del cuerpo carbonizado que levantaron de la vereda en la madrugada del domingo. Recién ayer se supo que se trataba de una mujer que vivía en situación de calle. Una «nadie» más, -resultó imposible determinar su identidad- fue incinerada la noche del sábado mientras dormía a la intemperie.
La Policía de la Ciudad rotuló el hecho como muerte dudosa, carátula que mantiene la fiscalía interviniente, pese a que existen indicios de que se trató de un atentado: hay testigos, fotografías y filmaciones que dan cuenta de una persona que se aleja caminando del lugar tras el incidente.
Invisibilizada como invisible es la población que vive en situación de calle en esta ciudad, esta muerte se hizo pública a partir de un comunicado de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, donde se denuncia que se trata de un nuevo crimen de odio y responsabiliza al Gobierno de la Ciudad por “el abandono, la desidia, la falta de respuestas y de políticas públicas para las personas en situación de calle que se encuentran en plena pandemia a la intemperie, sin acceso al agua, sin posibilidades de alimentarse, sin poder controlar su salud y expuestxs a todo tipo de violencias”.
“Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio hemos tenido que lamentar muchas pérdidas. El 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele encima un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. El 7 de junio fue Leonardo Macrino, quien sufría un padecimiento mental y fue desalojado enfermo de un hotel del barrio de Monserrat, y amaneció muerto sobre la vereda en la esquina de Luis Sáenz Peña y Chile. A los pocos días fue a Sergio a quien sus compañeros de ranchada encontraron sin vida, tenía 63 años y dormía en la esquina de México y Sánchez de Loria. El 27 de junio fue Dimitri, un señor de origen serbio que paraba en Av. Caseros y Lavardén, en el Barrio de Parque Patricios; fue trasladado por una ambulancia del SAME que llamaron sus vecinxs y falleció a las pocas horas en el Hospital Penna. El 3 de julio, Bernardo “Tuly” Micieli, de 66 años, fue desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela en el barrio de Saavedra, donde vivía, con lo que quedó en situación de calle y perdió su vida”, señala la Asamblea en el comunicado.
La criminalización de la pobreza, los discursos de odio, la xenofobia, la transfobia y el racismo infundido desde esferas gubernamentales y desde los medios de comunicación masiva alientan conductas violentas. Durante la primera gestión de Mauricio Macri en la Ciudad se crearon en la órbita del ministerio de Espacio Público se las UCEP (unidades de control del Espacio Público), una especie de grupos de tareas uniformado que actuaba por la madrugada persiguiendo, hostigando, golpeando y desalojando a personas en situación de calle. Si bien la intervención de la Justicia logró frenar estos procedimientos, el odio hacia los pobres e indigentes se mantiene vigente a medida que se alimenta el dogma de que estas personas no tienen nada que aportar a la sociedad. Tal indiferencia al sufrimiento ajeno, se expresa en insultos, agresiones y hasta en actos criminales, como rociar a una persona de combustible y prenderle fuego.
Las políticas públicas neoliberales de los últimos cuatro años, arrojaron a la pobreza y a la indigencia a millones de personas en todo el país. El 5 de julio del año pasado, el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle contabilizó 7251 personas viviendo en situación de calle, un 61% más que en 2018, de las cuales 5412 sobrevivían sin ningún tipo de programa o asistencia estatal. En tanto que 1577 personas manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia física o verbal.
Hace una semana la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad publicó un informe que da cuenta del incremento de la pobreza y de la indigencia en la metrópolis más rica del país. El universo de personas pobres o indigentes en la ciudad de Buenos Aires alcanza a 703.000 almas, el 22,9% de su población. Porcentaje que representa un crecimiento del 3,8% en tan solo un año.
Miles de personas soportan la pandemia en una situación de extrema vulnerabilidad. En tanto, la indiferencia estatal se hace día a día más explícita, el Ejecutivo porteño ya no solo ignora a las personas en situación de calle, incumple las sentencias de la Justicia o bien recusa a los jueces que fallan en su contra. La semana pasada, en el marco de una presentación judicial realizada por la legisladora Laura Velasco (FdT), con patrocinio de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), el juez Guillermo Scheibler declaró el incumplimiento, por parte de Gobierno de la Ciudad, de la medida cautelar dictada el pasado 5 de junio para proteger a las personas en situación de calle frente a la pandemia de COVID-19 y dispuso una multa de diez mil pesos diarios al Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, hasta tanto se cumpla con el mandato judicial.
“Es inadmisible que la Justicia tenga que seguir exigiendo al Gobierno porteño que se ocupe de las personas en situación de calle. Estamos hablando de una población extremadamente vulnerable, sin ninguna posibilidad de cumplir con las medidas de protección e higiene que se le pide a la sociedad para protegerse frente al coronavirus; no tiene casa donde hacer una cuarentena ni elementos de aseo e higiene. Si bien las plazas en los paradores han aumentado, no cubren ni a la mitad de personas que hoy viven en las calles de la Ciudad y aquellas que sí pueden acceder a algún dispositivo, no tienen la seguridad de estar protegidas porque los centros no cuentan con los protocolos ni las medidas adecuadas”, advirtió Velasco.