Volver a Carrillo en tiempos de pandemia
por Federico Coguzza
Ginés González García mira a cámara y afirma: “Ramón Carrillo entendió primero que nadie los determinantes sociales de las enfermedades, y también entendió que la salud no era solo la consecuencia de eso, sino también la causa del desarrollo de un país”. La escena forma parte del documental Ramón Carrillo, el médico del Pueblo (2006) dirigido por Enrique Pavón Pereyra, y además de ser un merecido homenaje a su invaluable labor, echa luz sobre la importancia de que un sistema de salud sea cuestión de Estado.
El COVID-19, que en nuestro país ya superó las 16 mil muertes, y que día a día suma de a miles el número de contagios (según el último reporte del Ministerio de Salud al momento de escribir esta nota, el número de contagios en todo el país es de 751.001 , en tanto que el número de fallecidos asciende a 16.937 ), ha puesto en evidencia la necesidad de un debate profundo sobre el modelo de salud.
Un modelo de salud que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su crisis en infraestructura, recursos humanos e insumos: el 50% de las camas de terapia intensiva están ocupadas (221 sobre un total de 450), el personal de salud advierte “estamos perdiendo la batalla”, y la ausencia de insumos y elementos de protección para impedir la transmisión de la enfermedad ha sido una constante, a tal punto que la Justicia porteña tuvo que obligar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a revisar su política de entrega de los elementos de protección y elaborar un cronograma para que los insumos lleguen a cada uno de los hospitales en tiempo y forma.
Sin embargo, esto no es más que el resultado de una política que ya lleva 13 años y que no se reduce sólo al ámbito de la salud, sino que expresa una gestión que no ha hecho más que desproteger a la población más vulnerable en materia de producción, empleo, vivienda y educación. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, el presupuesto 2019 del Gobierno de la Ciudad propuso bajas en términos reales de Cultura (43%), de los Servicios Económicos (13%), de Vivienda y Urbanismo (8 %), de Educación (4 %) y Salud (3 %). Del total del presupuesto del 2019 (321.457 millones de pesos) el Gobierno de la Ciudad destinó sólo 991 millones a obras en salud, mientras que destinó 2.574 millones al mantenimiento del arbolado público de las Comunas de CABA, es decir, 1.583 millones más que en salud.
En este contexto la figura de Ramón Carrillo, noticia en el mes de mayo por su posible inclusión en el billete de 5 mil pesos que generó una polémica inédita, toma relevancia. Porque la historia de Ramón Carrillo, que según palabras del médico sanitarista Efraín Benzaquen “es la de un héroe y un mártir”, es al mismo tiempo la historia de un antes y un después para el sistema de salud pública en nuestro país.
El médico del pueblo
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero, fue un médico neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista que elaboró una Teoría Sanitaria conocida como Plan Analítico de Salud, piedra fundamental del que a la postre fue el Ministerio de Salud de la Nación. Carrillo fue el primer ministro de salud en nuestro país luego de que Perón creara en 1946 la Secretaría de Salud Pública, que obtuvo el rango de Ministerio en 1949 luego de la reforma constitucional.
Fue su paso por el Hospital Militar Central que lo afirmó en la convicción de que la salud y lo social no podían pensarse por separado. Los jóvenes que llegaban a la ciudad desde los distintos puntos del país para realizar el servicio militar obligatorio, portaban un sinfín de patologías que no eran más que la expresión de las inequidades de un sistema de salud miope a las necesidades del pueblo. Para Ramón Carrillo la salud era un derecho, y ese derecho cuestión de Estado.
La relevancia de los determinantes sociales al momento de pensar la salud fueron el motor que llevó al médico santiagueño (quizás una de las provincias más pobres de nuestro país por aquellos días) a elaborar un sistema inclusivo, donde la salud esté garantizada desde una medicina curativa pero también desde una medicina social: que piense al sujeto y su entorno. Una política sanitaria que entendió siempre a la salud como una inversión y no como un gasto. Una mirada sobre la salud que, sin abandonar el laboratorio, se preguntó por las condiciones de vida de las personas.
“Los médicos tenemos que volver a ver fuera del microscopio. Es fundamental que el médico deje de ver la lesión del órgano para ver más las lesiones del sentimiento, del espíritu, del nexo familiar y social”, narra una voz en otro fragmento del documental citando a Carrillo. Y siguiendo la expresión popular de que para muestra alcanza un botón, éstas son algunas de las acciones realizadas durante los 8 años que duró su gestión: entre 1946 y 1954, Carrillo creó más de 230 establecimientos de salud entre centros de salud, centros sanitarios, policlínicos y la ciudad hospital; duplicó el número de camas (de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954); dio nacimiento a la primera escuela de Enfermería y fue el impulsor de EMESTA (Empresa de Medicamentos del Estado Argentino) pensada para el abastecimiento de remedios a bajo precio.
En la situación actual la trascendencia de su obra no hace más que agigantarse y deja al descubierto las deficiencias de una perspectiva mercantil de la salud como la que caracteriza al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
La salud como mercancía. La política pública como negocio
Los ajustes en salud por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dejan eslabón de la cadena sin alcanzar. A las permanentes reducciones del presupuesto destinado al área, que entre 2010 y 2018 pasó del 21,9% al 15,3%, hay que añadir el desmantelamiento paulatino de los hospitales del sur de la ciudad para satisfacer el afán de lucro de las corporaciones inmobiliarias. Durante los trece años de gestión en la Ciudad, repartidos entre Macri y Larreta, se vendieron aproximadamente un total de 473 hectáreas, la mayoría de ellas explotadas para tal fin.
El ajuste se expresa también en políticas de flexibilización laboral, sueldos por debajo de la canasta familiar y en una constante precarización del trabajo de enfermeras, instrumentadoras y trabajadores de bioimágenes -encuadrados en el escalafón general en lugar de ser reconocidos como profesionales-. Sin obviar que la consecuencia más severa de estas políticas es la falta de personal de salud, sobre todo el especializado en el área de terapia intensiva.
El 21 de septiembre, Día de la Sanidad, enfermeras y enfermeros se movilizaron a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para entregar un petitorio que tenía por reclamo central el Pase a la Carrera Profesional de la Salud (Ley 6.035). La respuesta que recibieron fue una feroz represión policial que arrojó el saldo de tres enfermeras heridas.
En noviembre de 2018, por iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura porteña modificó la Ley 6.035, que regula las relaciones de empleo público de los profesionales de la salud. La nueva normativa, que desconoce los títulos universitarios de enfermeros y enfermeras, se tradujo en una notable merma salarial, de manera que deben trabajar en dos o más turnos y hacer horas extras para obtener un ingreso digno.
«¿Cómo es posible que el año pasado el Muñiz era un hospital que no servía, y formaba parte del proyecto 5×1, y termina siendo un hospital de 150 camas, el más grande para atender COVID-19, junto con el Argerich y el Fernández?” se pregunta el médico C. del Hospital Muñiz (Comuna 4). Que luego de una pausa afirma, quizás como respuesta, que “La política de Larreta en salud está pensada como un negocio, como un servicio a recortar”. Esta política explícita de achicamiento tiene sus consecuencias: según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2007 y 2017, la Ciudad de Buenos Aires perdió 563 camas promedio por hospital. Lo que equivale al cierre de los dos hospitales pediátricos de la Ciudad (el Gutiérrez y el Elizalde) o al cierre de dos hospitales generales como el Durand y el Santojanni.
Consultada sobre el escenario que presenta la pandemia del coronavirus, la doctora M., que se desempeña en el Htal. Penna (Comuna 4), responde: “La falta de camas siempre fue un problema para los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Con la pandemia varios servicios (traumatología, clínica, ginecología) tuvieron que ceder sus camas, ya que las de la guardia no alcanzaban”. Y agrega “El desmantelamiento de hospitales aledaños, el Udaondo, por ejemplo, hace que cada día haya menor complejidad, y esos pacientes se derivan a nuestro hospital haciendo que se sature rápidamente la disponibilidad de camas. En algunos casos hasta tener que esperar horas arriba de las ambulancias hasta que se desocupe una”.
En 2010, con la lucha de la comunidad médica y la ciudadanía se logró detener el proyecto de destrucción de tres Hospitales: El Ferrer -de enfermedades respiratorias-,el Udaondo -de Gastroenterología- y el Muñiz -de enfermedades infecciosas-.
En 2018, Larreta tuvo que dar marcha atrás con el plan de integración de cinco hospitales en uno, el denominado Complejo Hospitalario Sur (a los tres hospitales mencionados antes se sumaban el Hospital de Oncología María Curie y el Hospital de Rehabilitación Psicofísica).
Y en diciembre del año pasado, cuando el COVID-19 era noticia a miles de kilómetros, otra vez la gestión de Larreta intentó fusionar los hospitales Udaondo y Ferrer con los tres nosocomios de salud mental: Moyano, Borda y Tobar García. «Lo que se puede ver es que la mayoría de los hospitales están muy venidos abajo, de hecho, se generan camas de atención para COVID, pero la mayoría en sus salas de clínicas médicas no tienen oxígeno central, que es algo básico. O sea, nos manejamos con tubos, lo que genera que a veces los pacientes se hayan quedado sin el recurso indispensable. Tuvo que pasar esto, y en un mes hicieron una obra para resolverlo. Es una cuestión de actitud, más bien una decisión política hacer en un mes lo que no hicieron en 13 años” narra apesadumbrado el doctor C.
Poner el cuerpo y morir en el intento
Las condiciones de precarización en las que trabaja el personal de salud los expone al contagio y a la muerte. Cerca de 30 mil profesionales ya fueron diagnosticados con coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país, superando el centenar de fallecidos. Cada baja repercute de manera sensible en un sistema de salud al borde del colapso.
Sobre este hecho la doctora M. sostiene “En primer lugar, me parece fundamental visibilizar esta situación de escasez de intensivistas (en referencia al comunicado emitido por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) en el que advierte estar “perdiendo la batalla”) la cual data de, y fue denunciada por miembros de las sociedades, hace muchos años. Pero no nos escuchan. Nunca se tomaron medidas. Y es gravísimo para un sistema de salud, no tener médicos especialistas en pacientes críticos. En mi hospital (Penna) los pacientes de shock room (pacientes críticos) son asistidos por médicos clínicos. No por terapistas”.
Nuestro país tiene un nivel muy alto de pluriempleo en el sector salud. Y esto no es más que la solución parcial que encuentra el personal del área para alcanzar una remuneración que le permita llegar a fin de mes. Los residentes, que según el Dr. C “son los principales pilares que sostienen el sistema de salud”, tuvieron que luchar para que no se flexibilicen aún más sus condiciones de trabajo. Mientras que “los enfermeros y enfermeras, al no ser reconocidos como profesionales de la salud, trabajan sobreexigidos en sus tareas, teniendo hasta 3 trabajos para alcanzar un sueldo digno”.
El virus no cesa y el personal de salud, que ya ni recibe aplausos a la hora de la cena, continúa poniendo el cuerpo. Un cuerpo que no es solo biológico sino social. Un cuerpo al que cuidar. Un cuerpo para el que quizás el mejor de los cuidados sea, además de reivindicar su épica tarea en tiempos de pandemia, tener la capacidad de oír su grito en medio del horror. Y si es necesario, gritar con ellos para que escuchen los que tienen que escuchar. Porque, como decía Carrillo: «Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría».