Dentro de la ley todo, fuera de la ley… ¿Nada?
«Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», enfatizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras presentar un protocolo de seguridad para garantizar el orden público y la libre circulación del tránsito ante eventuales piquetes o bloqueos de calles y rutas. Lo que Bullrich omite y Milei seguramente ignora, es que la frase fue popularizada nada menos que por Juan Domingo Perón en 1972, desde su exilio en España, con el ánimo de apaciguar las controversias internas del movimiento justicialista. Un año más tarde, durante su tercera presidencia, su mano derecha, José López Rega, funda la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A: una organización terrorista parapolicial, promovida y financiada por la logia italiana Propaganda Due, apoyada por la CIA, y con el objetivo de exterminar a activistas, militantes, sindicalistas y pensadores de izquierda.
Entre 1975 y 1976, el gobierno de Isabel Martínez de Perón da cuerpo a esta frase o máxima del general Perón a partir de la sanción de los llamados «decretos de aniquilamiento», que habilitan a las fuerzas armadas y de seguridad a garantizar el orden interno a lo largo y lo ancho del país. Esto, más tarde, derivó en el sangriento Golpe de Estado del 24 de marzo 1976. Entonces Patricia Bullrich se percibía como una «muchacha montonera».
Esta breve reseña explica lo que en realidad sugiere y habilita esta máxima. El nuevo protocolo de seguridad presentado por Patricia Bullrich (que sería la «ley» aludida en la frase), no sólo habilita a las cuatro fuerzas federales y al Servicio Penitenciario Federal a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos parciales o totales de la vía pública. También las faculta a identificar a los manifestantes y a aplicar penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad en estos procesos.
La medida se sustenta en al artículo 194 del Código Penal que establece: «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años»
En un país atravesado por sucesivos golpes de Estado, con la llaga abierta que dejó la última Dictadura cívico-militar, donde aún se desconoce el destino de las 30.000 personas detenidas y desaparecidas por las fuerzas armadas y de seguridad, el anuncio de Bullrich derivó en un contundente repudio por parte de organismos defensores de los derechos humanos, agrupaciones sociales y dirigentes políticos que calificaron a la medida de «inconstitucional» y la consideraron una «amenaza» ante un eventual conflicto social tras las medidas del Gobierno.
Como una paradoja del destino, la otrora auto percibida «muchacha montonera» impulsó el nuevo protocolo de seguridad, luego de que la Unidad Piquetera (UP), anunciara un «paro activo» en la Plaza de Mayo, en respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Luis Caputo. La jornada de protesta, convocada para el próximo miércoles, que coincide con el 22 aniversario de la revuelta del 19 y 20 de diciembre del 2001 y la brutal represión desatada por el gobierno de Fernando de la Rúa, que arrojó 38 muertos y dio por finalizada su presidencia.
En respuesta a los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, junto al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el «derecho a la manifestación» y reclamaron que la ministra de Seguridad «no tiene facultad legal» para impedirlo.
«En Juntos por el Cambio algunos llegaron a senadores por cortar rutas. Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices contra la cuarentena», expresó Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), y apuntó: «lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su Gobierno».
La Correpi exige la inmediata derogación del nuevo protocolo de seguridad
Para la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), “El protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Bullrich apenas 24 horas después de que el ministro de economía Luis Caputo licuara en más del 120% los ingresos de las familias argentinas es la muestra más clara de que la represión es el camino elegido para garantizar el mega ajuste en marcha», advierte en un comunicado esta organización y exige su inmediata derogación.
«Se prohíbe el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, se avanza en la criminalización de personas y persecución a las organizaciones populares, se habilita el uso inmediato y directo de la fuerza y la detención de manifestantes y se borran de un plumazo todos los estándares impuestos por la legislación nacional e internacional en la materia», remarca en el escrito la Correpi, y hace responsable «al Estado Nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad, de las consecuencias que acarree esta política de represión en perjuicio de personas y organizaciones».
“Como en 2016, se impone un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales», explica y asegura que la identificación de autores, cómplices e instigadores, por parte de las fuerzas de seguridad a través de registros de imagen con cualquier dispositivo, propicia la confección de una «lista negra».
«Y también la persecución, en el caso de las madres y/o padres que participen de movilizaciones con sus hijxs, sobre quienes recaerán sanciones», añaden y denuncian que «el protocolo deroga la Resolución 210/2011 del ministerio de Seguridad que establecía: «la prohibición a la policía de portar armas de fuego con proyectiles de plomo en las manifestaciones, la obligación de exhibir la chapa con nombre y grado de los funcionarios, y también la intervención de manera gradual y progresiva, desde el diálogo, con las personas manifestantes».
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) adelantó que postulará la derogación del nuevo protocolo de seguridad por vía judicial. Para este organismo, la norma no solo contraría al ordenamiento jurídico de nuestro país, también abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarla.
En este sentido, la APDH recordó que el «Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar, mientras que la fuerza pública debe utilizarse para garantizar el ejercicio de esos derechos, no para reprimirlos».
«La protesta social pacífica, en sus diferentes expresiones -movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles-, es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo», señaló la APDH y remarcó que «la libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que todo gobierno debe defender con mayor energía y compromiso».
Abuelas de Plaza de Mayo
«Las peores tragedias de nuestra historia han llegado de la mano de las políticas represivas», advierte en un comunicado la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, donde este organismo se suma a las manifestaciones de preocupación ante el anuncio del nuevo protocolo de seguridad propiciado por Bullrich.
Las Abuelas advierten que la nueva normativa no respeta los derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales para «los ciudadanos que deseen manifestar su descontento con las medidas de cada gobierno de turno», y remarcan que la protesta social «es un derecho, pero también una garantía para el diálogo democrático entre el pueblo y sus representantes».
«A poco de cumplir los 40 años de la democracia más larga de nuestra historia, pedimos a nuestros gobernantes el respeto de los derechos y garantías de nuestra Carta Magna», señalan y califican a la medida de «inconstitucional» y una «amenaza» ante un posible conflicto social derivado de las políticas de ajuste del Gobierno.
Protocolo porteño
En tanto, para el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, el protocolo presentado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no es de aplicación obligatoria en el distrito porteño. El funcionario sostiene que la normativa es de aplicación federal, destinada a casos interjurisdiccionales o que involucren edificios públicos nacionales, y que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su propia forma de ordenar.
En este sentido, Kravetz asegura que el Gobierno porteño está trabajando en su propia lógica de ordenamiento, en colaboración con el Gobierno nacional. Y considera que el protocolo debe incluir la no utilización de armas letales en manifestaciones, enfatizando que el orden no implica represión, sino reglas claras de convivencia.
Foto: Télam