Discapacidad: el último orejón del tarro de la crisis
por María Fernanda Miguel
Pasan los años y las personas con discapacidad y los prestadores de servicios terapeúticos siguen siendo postergados. La crisis que vive el país acentúa aún más las carencias que ya se venían acarreando. ¿Cómo impactan las medidas de Milei? Si bien existe un Plan Nacional de Discapacidad, una ley y políticas públicas de inclusión que protegen a las personas, nunca es suficiente y esta crisis se está incrementando con los recortes y modificaciones del nuevo gobierno.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en nuestro país hay 6 millones de personas con discapacidad. De ese universo, 1.503.779 posee Certificado Único de Discapacidad (CUD) de forma permanente, muchos reciben diversas terapias y prestaciones para mejorar su calidad de vida.
Distintas asociaciones vinculadas a discapacidad y prestadores, denuncian que tras la llegada del nuevo gobierno no hay medidas reparatorias para este sector. Por ejemplo: a través del DNU y la Ley Ómnibus se ponen en peligro los incrementos de las pensiones no contributivas, ya que están sujetas a los aumentos de las jubilaciones y, por el momento, es una incógnita lo que sucederá con ellas.
Pero además, la desregulación de la medicina prepaga y las obras sociales afectará enormemente a las personas con discapacidad, no sólo por el incremento de la cuota mensual, sino también por la disminución que sufrirán las prestaciones que muchos afiliados reciben, como terapias, medicamentos, acompañamiento terapeútico, traslados, etc.
Entre los prestadores también existe una realidad, que se viene repitiendo hace muchos años, pero se acentúa con esta crisis: la precarización laboral. Esta problemática afecta directamente a los pacientes ya que pueden quedarse sin recibir tratamientos.
Sobre esto, dialogamos con la Licenciada en Psicología Lucia Sellart quien comenta que existe una desactualización del nomenclador que les paga a los prestadores por sus servicios. “En 2023 aumentó un 110%, cuando la inflación fue del 220%. Pero además de esto, cuando la plata ingresa a las obras sociales o a las prepagas, demoran entre tres y seis meses para pagarte, otra desactualización. Sobre esto no hay control y tenemos que andar reclamando todo el tiempo para que nos paguen”.
La profesional agrega que en este momento reina la incertidumbre en las familias y los pacientes, porque las obras sociales no están aprobando los tratamientos para este año, que ya deberían ser renovados. “A las prestaciones que estaban aprobadas ahora les están poniendo un montón de peros porque, probablemente ante la falta de fondos, las obras sociales tendrán que cubrir las prestaciones de sus afiliados y, obviamente, no lo querrán hacer… Hay muchísima ansiedad e incertidumbre en las familias que no pueden pagar los costos de un tratamiento en forma particular.
También advierte que hay muchos prestadores que ya no trabajan a través del CUD porque “las trabas administrativas, las demoras en los pagos, los aumentos paupérrimos del nomenclador hacen que haya cada vez menos prestadores que quieran usar este sistema”. Y sostiene: “Los que sí trabajamos con el CUD estamos totalmente colapsados. Hay un montón de familias que están a punto de quedarse sin tratamiento porque la gran mayoría no puede costearlos de forma particular. La crisis nos va a pegar a todos y los tratamientos no son opcionales”.
La libertad no incluye
Parece ser que la discapacidad forma parte de la casta. Varias provincias están advirtiendo que el Gobierno nacional interrumpió el pago a los prestadores del programa Incluir Salud, una iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que están incluídas las personas que perciben pensiones no contributivas y no poseen ningún tipo de cobertura médica, por lo que para continuar con sus tratamientos requieren de ayuda estatal . Si bien existían algunas falencias, el programa cumplía con su propósito, pero desde el 10 de diciembre dejó de ser así. Y si las personas con cobertura u obra social no podrán costear sus terapias de forma particular, imaginemos lo que sucederá con alguien que está en el margen del margen.
Son casi 500 mil personas las que se ven afectadas por esta situación, y además hay 15 mil solicitudes al programa que están frenadas. En muchos casos, el deterioro de la salud y la calidad de vida se acrecienta sin los tratamientos, y entonces se podría considerar que existe la figura del abandono de persona, además de la violación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhiere y donde se especifica el derecho a la salud.
En algunas provincias, como Salta y Catamarca, algunos de estos gastos están cubiertos por los organismos locales, pero no se sabe cuánto tiempo lo podrán sostener. Diversas organizaciones y asociaciones ligadas a discapacidad están conformando mesas de trabajo para poder realizar acciones legales.
Pero el problema con la ANDIS no termina ahí, el presidente Javier Milei designó como director de este organismo a su abogado particular, Diego Spagnoulo. ¿Se trata de alguien idóneo en esta área? No, y tampoco tiene experiencia en la función pública, aunque eso sería el mal menor. Lo concreto es que Spagnoulo se hará cargo de una caja de un billón de pesos, aunque con agujeros por todos lados. Lo cierto es que el funcionario no se presenta en su oficina desde que asumió, ni siquiera lo conocen los propios empleados de la Agencia, y mucho menos las diferentes organizaciones y asociaciones que vienen trabajando en conjunto sobre la problemática. Hasta el momento no brindó declaraciones sobre qué es lo que va a pasar en el sector y la incertidumbre crece día a día.
Todavía hay más
Como regalo de fin de año -y todavía en la gestión de Alberto Fernández- el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniel López, estableció -a través de la resolución 2484/2023- que tanto los prestadores de servicios, como las personas con discapacidad que los reciben, accedan a una plataforma virtual para cargar las sesiones o consultas a través de un QR que determinará la geolocalización y por lo tanto el control de que la sesión se realizó en tiempo y forma. El objetivo, según la propia resolución, es “incorporar infraestructura tecnológica para agilizar los procedimientos administrativos, hacerlos más eficientes y transparentes, y mejorar la accesibilidad de los servicios”. Hasta aquí parece algo positivo, pero a la hora de desmenuzar lo que esto trae y el contexto que rodea a las sesiones, se torna una verdadera pesadilla burocrática que no hace otra cosa que meter más trabas. “Esta resolución es una persecución a los pacientes y a los profesionales. No siempre las sesiones se hacen en el mismo lugar porque en discapacidad se trabaja con funcionalidades y por ejemplo se hacen salidas, se los acompaña a comprar o se les enseña a andar en colectivo, por lo que no siempre se hacen en el mismo lugar”, explica Lucía Sellart, quien además agrega que los prestadores tienen que presentar un detalle donde se especifican los horarios de prestación, los cuales pueden cambiar por diversos motivos. “Con esta implementación primero no se podrían recuperar sesiones, ni reorganizarlas, tampoco se podrían hacer fuera del domicilio pautado. Además, es imposible saber cuándo empieza una sesión y cuándo termina, porque quieren validar la duración, pero a veces una dura más y otras menos de los 45 minutos estipulados”, especifica la licenciada y agrega “Nadie te paga cuando trabajas una hora y cuarto porque el paciente tuvo una crisis y vos te quedaste conteniéndolo a él y a su familia. Es insostenible en términos de dinámica, y además es una persecución que nos agrega más trabajo administrativo que de por sí ya tenemos bastante”. Y sostiene que por fuera de la sesión -en este caso de terapia psicológica- los profesionales también se reúnen con autoridades de los colegios de los pacientes, se reúnen con sus familias, responden mensajes a toda hora, realizan materiales y un sin fin de tareas que no están contempladas en esta aplicación, que sólo busca perseguir a los prestadores y perjudicar a las familias, presumiendo que hay “sobre facturación”. Otro dato que evidentemente pasaron de largo es que no todas las familias cuentan con un dispositivo por persona, que requiere la prestación, o no entiende cómo funciona o tal vez no tiene conexión a internet porque no puede pagarla. En la resolución no está contemplado qué pasa en esos casos, así que muchos pacientes están en riesgo de perder sus terapias también por esto.
La incertidumbre es lo que reina en las familias y pacientes con discapacidad. Pero para algunos el tiempo corre más rápido y están en serio riesgo de agravar sus problemas, e incluso en riesgo de muerte. Curiosamente, el Gobierno acaba de declarar al 2024 como el “Año de la defensa de la vida”. ¿De cuáles vidas? ¿Será que hay vidas que valen más que otras?