El Protocolo y los amañes de Patricia
El 18 de diciembre del año pasado, la legisladora porteña Celeste Fierro presentó ante la justicia una acción de inconstitucionalidad del Protocolo de orden público promovido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Tras deambular durante 50 días por ocho juzgados, una cámara y distintos fueros, el 5 de febrero, en el marco de la represión desatada durante el tratamiento de la Ley de Bases, el juez Sebastián Casanello dio trámite demanda y exhortó al Minsiterio de Seguridad a adecuar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federal a los límites constitucionales, pactos internacionales en materia de derechos humanos y observaciones efectuadas por los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 23 de enero.
En el escrito, el magistrado señala que se debe garantizar el derecho a la protesta y que, ante una inminente comisión de delito, las fuerzas de seguridad están obligadas a consultar a la justicia. También citó, a la funcionaria y la demandante, a una audiencia de partes que se celebró el miércoles 14 de febrero, donde Patricia Bullrich tenía que dar cuenta de los antecedentes del protocolo, presentando dictámenes jurídicos, consultas realizadas y adecuación de éste a las normas internacionales de derechos humanos. También se le exigía que dé explique las denuncias en curso sobre su aplicación y las respuestas brindadas a los relatores especiales de la ONU.
“La audiencia tuvo que pasar a cuarto intermedio para la semana que viene, por una razón muy simple: Bullrich y su equipo no pudieron responder los cuestionamientos, tanto del juez, como los que la fiscalía y nosotros como demandantes les planteamos”, explicó ese día Celeste Fierro.
“El nudo del debate en la audiencia tiene que ver con un elemento muy claro: el Protocolo otorga facultades discrecionales a las fuerzas de seguridad para reprimir casi toda protesta social por encima del control de la Justicia o de cualquier otra instancia. Bullrich se arroga la facultad de considerar ‘delito evidente’ (flagrante) a toda manifestación pública de reclamo, modificando de hecho el Código Penal, sin que esa sea la atribución de una funcionaria de gobierno. Prácticamente estipula un verdadero estado de excepción que vulnera derechos humanos vigentes, consagrados por la Constitución Nacional y pactos internacionales que desde 1994 también tienen rango constitucional en nuestro país”, consideró Celeste Fierro.
En el intermedio, el jueves 15 de febrero, a instancia de uno de los ocho recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Seguridad, la Cámara Federal porteña revocó el exhorto donde Casanello instaba a las fuerzas de seguridad a cumplir los lineamientos de la Constitución Nacional. Medida de por sí preocupante que se agravó este martes, cuando a horas de la reanudación de la audiencia, uno de los miembros de esa Cámara, el Juez Eduardo Farah, hizo lugar al pedido de recusación de Casanello, tramitado por la cartera de Seguridad, y trasladó la causa a la justicia ordinaria.
La legisladora porteña Celeste Fierro denunció que no fue notificada en tiempo y forma sobre esta actuación judicial y calificó a la misma como “una decisión política viciada de ilegalidad y promovida por Bullrich para bloquear la continuidad de una causa que evidenciaba la inconstitucionalidad e ilegalidad del protocolo”.
«Desenmascaramos lo que era insostenible: el protocolo viola la Constitución, pactos internacionales, y el ministerio se arroga la facultad de legislar, modifica el código penal. Un mamarracho de autoritarismo. De hecho, ninguna medida judicial, en ninguna instancia hasta ahora, expresó que el protocolo fuera legal», afirmó Fierro y anticipó que apelará la resolución de Farah.
Foto: Télam