Avanzar sobre la libertad de expresión
por Mariane Pécora
La libertad de expresión está en riesgo, anticipábamos en febrero. No nos equivocábamos. Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo, el presidente Javier Milei acusó a Télam de ser una herramienta de propaganda kirchnerista y anunció su cierre. La noticia conmocionó a referentes de la cultura, de derechos humanos, de la política, de la vida sindical, del periodismo y de distintos organismos de la sociedad civil. Todos ellos repudiaron las palabras de Milei y adhirieron a la convocatoria impulsada por trabajadores y gremios de prensa a realizar un abrazo simbólico en las dos sedes de la agencia el lunes 4 de marzo al mediodía.
Horas antes, la medianoche del domingo, las dos sedes de Télam ubicadas del microcentro porteño fueron valladas por la Policía de la Ciudad. Este operativo se desarrolló mientras algunos de sus trabajadores cumplían sus tareas en uno de los edificios. El último cable emitido da cuenta de este hecho. El lunes 4 de marzo la agencia dejó de operar. El servicio periodístico fue silenciado y se dispensó a toda su planta de personal por siete días. La web y la cablera fueron levantadas y reemplazadas por una placa que dice: Página en reconstrucción. Término que remite al utilizado por los artífices del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: Proceso de reconstrucción nacional. Desde entonces sus 750 empleados no volvieron a ingresar a su lugar de trabajo. Los siete días se hicieron catorce y ya van por treinta, ofrecimiento de retiro voluntario mediante.
El silenciamiento de Télam no obedece a razones económicas, sino a la voluntad política de Javier Milei de pulverizar todo aquello que esté en la órbita estatal en beneficio del conglomerado corporativo empresario-financiero que lo lanzó a la agenda política. Para entenderlo basta cotejar la trayectoria de la dupla interventora de los servicios Radio y Televisión Argentina SE y TÉLAM SE, de Contenidos Públicos SE, y de EDUC.AR SE. Hasta poco antes de ser designado interventor de Télam, Diego Chaher se desempeñaba como Gerente de Asuntos Legales del Grupo América Interior / América TV del grupo Eurnekián. Mientras que su adjunto, Diego Marías, proviene de la flor y nata de la casta política. Tras cumplir su mandato como legislador porteño por el partido fundado por Mauricio Macri, pasó a integrar el elenco del Consejo de la Magistratura local.
Entre vallas, dolor y acecho policial, el abrazo a Télam se concretó con mayor masividad ese mismo lunes 4 de marzo. Desde entonces, sus trabajadores realizan un acampe y vigilia permanente en las dos sedes de la agencia situadas en el microcentro porteño que permanecen valladas.
El 8 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, lanzaron la web @somostelam, una mini agencia de noticias que da cuenta no sólo de la lucha sino de la idoneidad, calidad y capacidad periodística de los y las trabajadores de prensa de Télam.
Sobre la calle Bolívar las vallas llegan hasta la calzada. Hacia el lado sur de la sede comercial del edificio de Télam, en un estrecho umbral que antecede a la vereda, se levanta una carpa donde trabajadores y trabajadores resisten lluvias, tormentas y temporales. “Durante el día, entre 200 y 300 trabajadores de Télam vienen en su horario de trabajo, otros se quedan a pasar la noche. En este lugar, concentramos el trabajo del portal», explica a Periódico VAS Andrea Delfino, delegada gremial de SiPreBA en Télam.
“¡Queremos trabajar!”, enfatiza la periodista. “Rechazamos esta licencia con goce de haberes, queremos entrar a nuestro lugar de trabajo. En pocos días, mediante el portal @somostelam, hemos demostrado la importancia que la agencia tiene en la agenda pública. El rebote de las notas publicadas es impresionante. Obviamente, esto es el 1 por ciento de lo que somos capaces de producir cuando estamos en nuestro lugar de trabajo y tenemos acceso a toda la infraestructura”.
Cada domingo por la tarde o noche, mediante correo electrónico, la intervención informa a los y las trabajadores de la extensión de la dispensa laboral por siete días, con cobro de haberes. El segundo domingo de marzo Diego Chaher envió otro mail comunicando la puesta en marcha del programa de retiro voluntario y jubilación anticipada. La medida, que según Chaher se encuadra en el Proceso de Reestructuración del Estado (sic) promovido por el presidente Javier Milei, fue rechazada por la Comisión interna de SiPreBA en Télam que la calificó de intimidatoria.
Andrea Delfino interpreta que la gestión de gobierno que preside Javier Milei libra una batalla no sólo económica, también cultural, contra toda aquella actividad de prensa con capacidad de producir sentido. “Télam no sólo produce sentido, llega a todo el país. Lo que genera su silenciamiento es desinformación”, dice.
“El cierre de Télam es simbólico. No existe una razón económica, porque no representa un gasto significativo para el Estado. Su silenciamiento apunta a desequilibrar todo el ecosistema informativo de la única agencia de noticias de alcance nacional con contenido federal y corresponsales en todo el país”, añade, y explica que la función de Télam es mantener informados a los medios abonados al servicio con un contenido federal y una agenda distinta a la de los medios comerciales privados de alcance nacional. «Esta agenda informativa no está sujeta a la lógica comercial de los medios privados, sino que se rige por el interés público: abordamos temáticas de la agenda pública cuyo contenido puede no resultar rentable a los medios comerciales porque no son del interés de sus lectores”.
Télam cuenta con un archivo fotográfico y documental equiparable al del Archivo Histórico Nacional. La preservación de esta documentación histórica que narra 79 años de trabajo periodístico en el país también está en peligro, alerta Delfino. “Se trata de un patrimonio de todos los argentinos, compuesto de fotografías, textos, rescate de cables de teletipo, a al que no podemos acceder y desconocemos si se lo está preservando como corresponde. Tampoco sabemos en qué nube o servidor está almacenado el contenido informativo generado hasta el domingo 3 de marzo, horas antes del cierre Télam, al que no tenemos acceso, ni nosotros ni los clientes de Télam».
Además de dejar en el limbo laboral a más de 750 trabajadores y desinformado a todo el país, el silenciamiento de la agencia de noticias Télam perjudica a los clientes que pagan por la cablera informativa: gobiernos provinciales, medios del exterior, gobernaciones, municipios y comunas. “La intervención de la empresa está incumpliendo contratos con los clientes del servicio”, advierte Delfino. Los medios comerciales prácticamente silenciaron el amparo interpuesto por Esteban Echeverría, Fernando Grey, contra el Gobierno nacional no sólo por el perjuicio que causa a ese municipio el cierre de la agencia de noticias Télam, sino por la lesión que ocasiona al derecho colectivo a la información pública de toda la ciudadanía.
En paralelo al silenciamiento de Télam, la dupla interventora avanza sobre el resto de los medios de comunicación de gestión estatal. El jueves 22 de marzo la Asamblea de Trabajadores de Prensa Televisión Pública (TVP) nucleados en el SiPreBA, denunció un nivel de censura “grotesco” en la transmisión de contenidos, donde las autoridades del canal no permiten poner al aire “ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o que critique al Presidente”. Mientras, en Radio Nacional, sus trabadores denunciaron que “el secretario de Prensa y Comunicación, Eduardo Serenellini, pidió que se evite hablar del conflicto en la Agencia Télam y las repercusiones a favor o en contra”.
En la práctica, ni Diego Chaher ni Diego Marías tienen potestad para cerrar la agencia Télam, ni ninguna empresa estatal. El decreto donde se los designa interventores de los servicios Radio y Televisión Argentina SE y TÉLAM SE, de Contenidos Públicos SE, y de EDUC.AR SE [1], faculta a ambos funcionarios a “operar y mantener las sociedades estatales, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas”. Aunque pueden descomponer cada organismo hasta convertirlos en algo irreconocible, la normativa no impide el funcionamiento, el cierre del portal ni censura la producción y circulación de información.
La suerte de Télam, como del resto de las empresas de gestión estatal, está sujeta a la vigencia del controvertido DNU 70/2023, que en uno de sus apartados modifica el marco legal que regula a las Sociedades del Estado y permite transformarlas, en un plazo de 180 días, en Sociedades Anónimas. Hasta entonces, Javier Milei no puede cerrar, vender o privatizar ninguna empresa estatal sin la anuencia del Congreso de la Nación. El 14 de marzo, el DNU 70/2023 fue rechazado por la Cámara de Senadores, por lo que ahora recae en la Cámara de Diputados la responsabilidad de poner fin al despotismo de mercado que con esta norma se intenta instalar en el país.
—————————–
- Decreto 117/2024, Boletín Oficial del 2 de febrero de 2024.