Represión, gases y detenidos en el Congreso
Con un saldo personas heridas, trabajadores de presa gaseados y 33 de detenidos, manifestantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad durante la movilización convocada, frente al Congreso de la Nación, para exigir la no aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores.
La feroz represión contra manifestantes y dirigentes políticos durante el tratamiento en el Senado de la Nación de la denominada Ley de Bases, impulsada por el presidente Javier Milei, atenta contra los valores democráticos. El operativo policial desplegado, con cientos de efectivos fuertemente armados, el saldo de personas heridas o afectadas por los gases y la posterior judicialización de las 33 personas detenidas en forma arbitraria, evidencia un patrón de criminalización de la protesta social y de la disidencia política.
Según testimonios de los manifestantes, la intervención de las fuerzas de seguridad fue desmedida y desproporcionada, con el uso excesivo de gases lacrimógenos y palos contra diputados, referentes políticos y manifestantes. Esto se enmarca en una estrategia más amplia de amedrentamiento y persecución de militantes sociales y opositores, que se ha visto reflejada también en el armado de causas penales, como la que lleva adelante el fiscal federal Carlos Stornelli.
En este sentido, la doctora Guadalupe Godoy, militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y querellante en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad, alertó sobre la gravedad de estos hechos: «Estamos ante una clara violación a los derechos humanos y una grave amenaza a la democracia. La persecución política y la criminalización de la protesta social son prácticas inaceptables en un Estado de derecho».
La mayor represión se desató a partir de las 16, cuando la Policía Federal junto a la Gendarmería avanzaron con gases lacrimógenos y balas de gomas contra los manifestantes que se encontraban en la Plaza de los Dos Congresos, luego de que concluyera el acto convocado por las dos CTA y algunos sindicatos de la CGT. Camiones hidrantes lanzaron agua a los presentes y abrieron las vallas que las mismas fuerzas policiales habían colocado más temprano para desconectar las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia de Entre Ríos, sobre las que se desplegaron gran cantidad de efectivos. La tensión en los alrededores del Congreso se incrementó cuando un grupo de encapuchados incendió un automóvil sobre la calle Hipólito Irigoyen. Tras este hecho, del cual existen fuertes sospechas de que se trató de una provocación de un grupo de policías infiltrados, el avance de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes se intensificó. Hacia las seis de la tarde, la Plaza del Congreso había sido literalmente barrida de manifestantes, con camiones hidrantes, gases y balas de goma.
Comenzó entonces la avanzada de las fuerzas de seguridad con una intensa cacería, al voleo, por la Avenida de Mayo y las calles aledañas. Entre los detenidos hay músicos, vendedores de choripán, de empanadas, personas en situación de calle, docentes y estudiantes universitarios, militantes sociales y hasta una trabajadora de casas de familia. Entre las personas afectadas por el efecto de los gases lacrimógenos hay cronistas gráficos, trabajadores de prensa, jubiladxs y cinco diputados nacionales.
Mientras las calles aledañas al Congreso nacional ardían al compás de la represión, dentro del recinto los y las senadoras ensayaban discursos estériles, puestas en escena y argumentaciones irracionales en defensa de una normativa que en lugar de Ley de Bases debiera denominarse Estatuto legal del coloniaje.
Roberto Torres, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh) definió la actuación de las fuerzas de seguridad como: «La única forma que tiene este gobierno de pasar este tipo de leyes que atacan todos los derechos de todos los trabajadores, de todos los jubilados, es con represión y ayer quedó en claro eso una vez más».