La CIDH condenó el excesivo uso de la fuerza pública
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su preocupación por el excesivo de la fuerza pública contra manifestantes pacíficos y periodistas durante el tratamiento de la Ley de Bases.
El 12 de junio de 2024, se llevaron a cabo protestas en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, convocadas por organizaciones sindicales, universidades y grupos de derechos humanos, para expresar su oposición a la propuesta de «Ley de Bases». En este contexto, la CIDH y su Relatoría Especial recibieron información sobre el uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes, por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones. Además, se reportó la presencia de efectivos policiales sin uniforme y de miembros de la Prefectura Naval portando armas de fuego.
Varios periodistas y trabajadores de la prensa también resultaron heridos debido al uso aparentemente abusivo de gas pimienta y balas de goma por parte de los agentes de seguridad. Esto ha generado una gran preocupación, ya que la libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales de una sociedad democrática.
El Estado argentino, por su parte, ha afirmado que el Grupo de Operaciones Antidisturbios de la Prefectura Naval Argentina cuenta con los estándares de entrenamiento y actuación diseñados e implementados con el objetivo de evitar respuestas desproporcionadas. Sin embargo, la CIDH y su Relatoría Especial resaltan que la actuación de las fuerzas de seguridad debe estar enmarcada en el respeto irrestricto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Resultan especialmente preocupantes las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes realizadas por el Gobierno a través de un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente, en el que se calificó de forma generalizada a los manifestantes como «terroristas» y se justificó la respuesta de las fuerzas de seguridad «en defensa de la democracia».
Además, se registraron hechos de violencia provocados por particulares, agresiones contra manifestantes y periodistas, y la detención de al menos 33 personas. Posteriormente, la justicia federal liberó a 28 de las personas detenidas por falta de mérito y dictó el procesamiento de las restantes 5 bajo prisión preventiva. La jueza federal que intervino en estas detenciones cuestionó públicamente el accionar de la policía, advirtiendo sobre la falta de entrenamiento de las fuerzas de seguridad.
En este contexto, la CIDH y su Relatoría Especial instan al Estado argentino a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como a garantizar la seguridad de la población y abstenerse de criminalizar la protesta y a quienes participan de ella. Asimismo, llaman a las autoridades a cumplir plenamente con los estándares interamericanos sobre el uso excepcional de la fuerza pública.
Es crucial que Argentina, como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantice el ejercicio de las libertades fundamentales de la ciudadanía. La CIDH y su Relatoría Especial continuarán monitoreando de cerca la situación y estarán disponibles para brindar asistencia técnica y asesoramiento al Estado argentino a fin de fortalecer la protección de los derechos humanos en el país.
En el informe se indica también que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) recibieron información sobre actos de violencia con bombas molotov y combustibles que fueron utilizados en las afueras del Congreso argentino por personas presuntamente ajenas a la manifestación.
En este sentido, la Relatoría Especial condena el incendio provocado a un automóvil del medio Cadena 3 por parte de personas que ejercían actos de violencia, así como las agresiones sufridas por el periodista Orlando Morales. Según la Comisión de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, ninguna de las personas detenidas fue acusada de delitos vinculados con estos hechos.
La CIDH y la RELE reiteran que la protesta pacífica es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Recuerdan que el uso de la fuerza pública es un recurso último y excepcional que debe limitarse a circunstancias en las que se acredite la legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad de esta. Las armas de fuego deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales a fin de prevenir la violencia letal. El Estado argentino debe investigar los hechos descritos y sancionar a quienes resulten responsables.
Asimismo, la CIDH y la RELE subrayan que, en contextos de protestas y conflictividad social, las autoridades deben procurar difundir información fidedigna, y abstenerse de estigmatizar a las personas manifestantes y de acusarlas de acciones ilegales como una forma de suprimir el disenso. Las calificaciones genéricas de «terroristas» hacia los manifestantes y las acusaciones sobre supuestos planes de «golpe de estado» pueden tener un impacto negativo en el debate público y la resolución pacífica de los conflictos sociales. Además, pueden activar o exacerbar actos de discriminación, hostilidad, intolerancia o violencia.
Es deber del Estado individualizar a los actores violentos, diferenciándolos de aquellos que ejercen legítimamente su derecho a la protesta. Esta distinción es crucial para proteger el ejercicio de este derecho y garantizar la seguridad de las personas manifestantes, así como de los terceros que no participan de ellas. Por tanto, el Estado argentino debe utilizar protocolos con enfoque de derechos humanos que le permitan distinguir entre los hechos de violencia que no forman parte del derecho de protesta y manifestación pacífica, y en caso de ser necesario, evitar que los hechos de violencia pongan en riesgo los derechos humanos de todas las personas.
Finalmente, la CIDH y su RELE llaman a las autoridades a adoptar un discurso respetuoso y constructivo que reconozca la legitimidad de las protestas pacíficas, como una forma de expresar opiniones y disenso sobre la vida política. Asimismo, es esencial que el Estado garantice las condiciones necesarias para que periodistas puedan cubrir eventos de interés público, como las protestas sociales, dado el rol fundamental de la prensa en asegurar el acceso a la información y fortalecer el debate público.