Pobreza, indigencia y criminalización
por Mariane Pécora
En la ciudad de Buenos Aires la deshumanización hacia los sectores más desfavorecidos crece y se normaliza. Las fuerzas de seguridad están habilitadas a secuestrar y confiscar mercancías, vehículos y pertenencias de cartoneros, vendedores ambulantes y personas en situación de calle que han perdido todo. Los operativos los realiza la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano del Ministerio de Espacio Público, junto con la policía de la Ciudad, con el respaldo de fiscales y funcionarios porteños.
La pobreza y la indigencia son temas que, a menudo, se discuten con cifras y estadísticas, pero detrás de esos números hay seres humanos con nombres, historias y sueños, cuyas vidas se ven truncadas por la falta de oportunidades y el abandono institucional. En muchas ciudades, como Buenos Aires, esta realidad se convierte en un ciclo de criminalización y persecución que agudiza la marginalización de los más vulnerables. En este artículo, exploraremos cómo la pobreza, la indigencia y la situación de calle son tratadas como delitos por parte de la policía, fiscales y autoridades locales, en lugar de abordarse como una problemática que requiere de la urgente puesta en marcha de políticas públicas eficaces.
Una mirada a la criminalización de la indigencia
En 2024, la pobreza y la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires alcanzan niveles alarmantes. Según datos oficiales, en el primer trimestre del año, la pobreza creció del 13,4% al 19,8%, lo que equivale a 198.000 hogares y 410.000 personas. La indigencia, por su parte, casi se duplicó, pasando del 8,4% al 15,3%, porcentaje que indica que más de 15% de la población vive en situación o peligro de calle.
En el mes abril, el Gobierno de la Ciudad reportó 3.560 personas sin hogar, de las cuales 2.235 estaban en Centros de Inclusión Social y 1.325 en las calles. Estas cifras fueron cuestionadas por las organizaciones civiles que trabajan esta problemática, que afirman que hay más de 8.028 personas en situación de calle en el territorio porteño. Sin embargo, las autoridades locales optan por abordar esta problemática desde un enfoque punitivo, en lugar de implementar políticas de inclusión social. El desalojo forzado de personas en situación de calle se ha convertido en una práctica corriente, que, apoyada en campañas publicitarias de «orden y limpieza», equiparan a esta población con la basura o la suciedad, dando lugar a una narrativa deshumanizante que no sólo estigmatiza a los sectores más vulnerables; también refleja una ideología que busca eliminar la pobreza como si fuera un problema visual, en lugar de enfrentar sus causas profundas.
De esto da cuenta un reciente fallo de la jueza Natalia Ohman, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 17, que declara la nulidad de la totalidad de las detenciones y requisas realizadas sin orden judicial por la Policía de la Ciudad a indigentes y cartoneros durante la última quincena de junio, cuando ese tribunal estaba de turno.
Detener y requisar
Tan sólo en la segunda quincena de junio, se registraron 125 detenciones y requisas sin orden judicial, a indigentes, cartoneros o recicladores urbanos. La policía y las autoridades porteñas consideran delitos a conductas normales entre personas en situación de calle, como revisar basureros en busca de objetos reciclables o pedir limosna. Así, vivir en la calle se convierte en un acto delictivo. Mientras tanto, se ignora la realidad económica de las personas procesadas o detenidas.
El escrito, de 95 páginas, transcribe los 125 procesamientos del personal policial que, lejos de justificar una inminente comisión de delito, describen comportamientos habituales de las personas que viven en situación de calle, que están desocupadas o que tienen hambre. Otro de los motivos de estas detenciones, que incluyen identificación y requisamiento de pertenencias, es la portación de cuchillos tipo tramontina o algún objeto contundente, que la mayoría, declara, utiliza para abrir las bolsas de basura, revolver contenedores o fraccionar trozos de cartón. También se produjeron al menos dos detenciones por inexplicables razones de control poblacional y otras 24 sin motivo o justificación alguna, salvo la de estar en situación de calle.
En el fallo, Ohman determinó que estos procedimientos fueron arbitrarios, ya que los motivos ofrecidos por los efectivos policiales para detener y requisar a estas personas contradicen principios básicos establecidos en la Constitución local, la Constitución nacional y las normas internacionales a las que nuestro país adhiere. Por otra parte, ni la fiscalía, ni la policía aportaron documentación o constancia de estas actuaciones.
La criminalización de la pobreza no sólo afecta a quienes son procesados, sino que impacta en toda la comunidad. El miedo y la desconfianza generan un ambiente hostil hacia las personas vulnerables, fomentando una cultura de desprecio y estigmatización. La falta de empatía hacia los más desfavorecidos alimenta un ciclo perjudicial que desvía la atención de la raíz del problema.
En este sentido, la sentencia de la jueza Ohman alerta que las detenciones y requisas no apuntan a las acciones de las personas, sino a su condición o situación social, lo que implica la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos, como la libertad ambulatoria, la intimidad y la dignidad humana. Al tiempo que evidencia la falta de políticas públicas efectivas que atiendan la problemática de la situación de calle y la concienciación de las fuerzas de seguridad sobre el trato digno y respetuoso de todos los ciudadanos. En concreto, argumenta que la Administración porteña perpetúa prácticas estigmatizantes y discriminatorias hacia la población de calle, al omitir dar cumplimiento a la Ley 27654, que reconoce la situación de calle y el riesgo a la calle como estados de vulnerabilidad extrema, por lo que considera inaceptable que, existiendo un marco normativo específico, se restrinjan derechos y se criminalice sin base legal.
“Apercibir a personas socialmente excluidas para que cesen las actividades de subsistencia les despoja de sus pocos recursos, agravando su situación, ya que el Estado no ha cumplido con su deber de garantizar derechos fundamentales de vivienda y un hábitat adecuado”, suscribe la magistrada en el escrito, donde también considera que la masificación de detenciones de personas que viven de la economía informal y el secuestro de sus herramientas de trabajo atentan contra su dignidad y agravan su situación, evidenciando, una vez más, la falta de voluntad política para dar solución a esta problemática.
Hacia un enfoque no punitivista
Los arrestos, requisas y detenciones en el territorio porteño no se frenaron tras el fallo de la jueza Ohman. Tampoco se pusieron en marcha políticas públicas efectivas para palear esta problemática. A principios de julio, luego de que se produjeron tres muertes por hipotermia en la metrópolis más rica del país, la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle denunció que los centros de integración social carecen de vacantes; “nuestros compañeros no pueden ingresar, quedando expuestos durante la noche a bajas temperaturas”. Al cierre de esta edición, la cifra de personas en situación de calle fallecidas asciende a ocho.
Ante esta desoladora realidad, los funcionarios porteños recomiendan no ofrecer comida a los indigentes, para evitar acomodarlos en la pobreza (Diego Kravetz dixit). Obstaculizan al reciclador urbano confiscando sus herramientas y cerrando los centros de acopio de los barrios. Y ponen en marcha protocolos de salud mental «sui generis» para derivar a las personas en situación de calle a instituciones de salud mental. Todo esto en un contexto de país donde la pobreza alcanza al 55 % de la población, afectando a más de 23.175.000 de personas.[1]
La problemática de las personas en situación de calle y de quienes viven en la pobreza no se resolverá con detenciones y criminalización. Es esencial cambiar la narrativa y dejar de ver la indigencia como un delito; las autoridades deben enfocarse en políticas inclusivas que promuevan la dignidad y el respeto. Los programas de asistencia, educación y empleo son claves para una solución integral que beneficie tanto a quienes viven en la calle como a la sociedad en general. Debemos generar conciencia y abogar por una transformación de las políticas públicas hacia un modelo más humano y solidario. La verdadera solución radica en la inclusión, no en la represión.
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1. El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que en el primer trimestre de 2024, en Argentina la pobreza alcanza al 54,9 % de la población, mientras que la indigencia afecta al 20,3 %. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, la pobreza alcanza al 25,4% de la población y la indigencia supera el 8,5%. Este estudio, realizado en base a los datos proporcionados por el INDEC, da cuenta que en nuestro país más de 23 millones de personas son pobres o indigentes.