El Centro de Salud 15. Una obra imprescindible
por Mariane Pécora
La Comuna 1 es una de las más extensas y transitadas en la Ciudad; sin embargo, carece de hospitales públicos. Tiene sólo cuatro centros de salud. Tres en el Barrio 31 o Padre Múgica y un cuarto en San Telmo, situado en una antigua casona en Humberto Primo al 400, denominado CeSAC 15. Con un área de cobertura que abarca la totalidad de los barrios que conforman la Comuna 1 1, más 89 manzanas del barrio de Barracas.
Erigido por impulso de los vecinos a inicios de la década de los 90, el CeSAC 15 se transformó en un centro de salud modelo, útil no sólo para los habitantes del barrio, sino también para turistas y visitantes. Cuenta con un plantel de 70 médicos especialistas en atención primaria, ginecología, obstetricia y distintas disciplinas, forma a 50 residentes médicos, ofrece servicios de enfermería, atención odontológica, farmacia y cuenta con departamentos de salud mental, pedagogía, sociología y promoción comunitaria.
Esta intensa labor se desarrolla en un edificio que enfrenta serias deficiencias estructurales que afectan tanto a pacientes como a profesionales. La falta de acceso adecuado, espacios insuficientes, y problemas con instalaciones básicas como ascensores obstaculizan su funcionamiento. Debido a estas limitaciones, las actividades comunitarias preventivas y promocionales se realizan en espacios prestados por los vecinos, lo que resalta su importancia a nivel de la comunidad.
En 2017, tras un largo conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa propietaria del ex Patronato de la Infancia (ex Padelai), que derivó en el desalojo del inmueble, se conformó la Mesa Comunitaria de Salud y Educación de la Comuna 1, integrada por un conjunto de organizaciones sociales, con el objetivo de elaborar e impulsar un proyecto de Ley para trasladar a ese edificio el CeSaC 15 y erigir en el lugar un instituto de primera enseñanza. Iniciativa que recién fue aprobada por la Legislatura porteña en 2021, una vez excluida la propuesta educativa.
Para financiar esta obra, el Gobierno porteño dispuso la subasta de cuatro inmuebles: un jardín de infantes ubicado en el barrio de la Recoleta, una antigua casa situada en la intersección de calle Perú y Av. San Juan, el terreno donde se emplazaba la Escuela Taller del Casco Histórico, demolida para dar paso a la construcción de la segunda etapa del llamado metrobús del Bajo, y la casona de donde funciona actualmente el CeSaC 15, en el corazón de San Telmo.
La obra interminable
“Primero nos prometieron que nos mudaríamos en julio del año pasado, después dijeron que, en diciembre, porque tenían que apuntalar el techo. Pasaron los meses y recién en mayo de este año hicimos una visita. La obra había avanzado bastante, por lo que pensamos que a mitad de año estaría terminada, pero dos meses después, en julio, nos avisan que la empresa había quebrado. De hecho, quitaron los carteles y, obviamente, paralizaron la obra. Es más, hasta se llevaron los materiales que, dicen, había pagado el Gobierno porteño”, dice a Periódico VAS la doctora Ada Berenstein, directora del CeSaC 15.
El 8 de marzo de 2022, Berenstein firmó los planos de obra. El 22 de julio de ese año el Gobierno porteño adjudicó a la empresa Cunumi S.A., por un monto de $ 338.882.000,20, los trabajos de remodelación integral del edificio del ex Padelai para trasladar allí el CeSaC 15. Al tratarse de un edificio que cuenta con protección patrimonial, el proyecto contemplaba que las instalaciones del centro de salud se erigieran sobre la estructura original, conservando la fachada, el acceso principal desde la calle Balcarce, como también el esquema circulatorio. El 16 de enero de 2023 la empresa adjudicataria suscribe el acta de inicio de obra; en la misma consta que la misma debía concretarse en un plazo no superior a los 360 días. Es decir, debía estar finalizada el 10 de enero del presente año.
Esto no sucedió. Poco antes de que caducara la fecha de entrega, el 21 de diciembre de 2023, el Gobierno porteño, extiende el plazo de obra por 90 días, con el adicional de una ampliación presupuestaria a favor de Cunumi S.A. de 31.586.976,56, llevando, así, el monto de la obra a $370.468.976,76. La fecha de entrega se previó entonces para el 9 de abril del presente año.
Esto tampoco sucedió. El 18 de marzo, CUNUMI S.A. tramitó una segunda extensión del plazo de obra, justificando que el atraso se debía a las dificultades en la compra y entrega de los materiales. El Gobierno porteño extendió nuevamente el plazo de obra por 65 días corridos, fijando la fecha de entrega el 13 de junio de 2024.
Tampoco este plazo no se cumplió. Y, el 7 de agosto, el Gobierno porteño decidió rescindir el contrato de obra. La Dirección General de Recursos Físicos en Salud indica en la resolución que pone fin a la relación contractual que, pese a las sucesivas intimaciones y la aplicación de una multa, la empresa contratista no aceleró la obra, incumpliendo el plan de trabajo acordado. El escrito señala también que, al 13 de junio, la obra registra una subejecución del 64,2%. Es decir, apenas se ha concretado el 35,8% de la misma. Este mismo porcentaje surge en la respuesta al pedido de información pública elevado en el mes de agosto por la legisladora porteña Berenice Iañez. El documento indica también que la obra fue paralizada por exclusiva responsabilidad de CUNUMI S.A. y que está en desarrollo un nuevo proceso de licitación, estimando un plazo de 8 meses para su finalización.
Mientras tanto, en el edificio de Humberto Primo, los problemas estructurales han alcanzado un punto crítico. Recientemente, se produjo un incidente alarmante cuando parte del cielorraso de un consultorio del primer piso se desprendió durante una consulta, llevando a la clausura inmediata de la sala afectada y a una reducción significativa de los espacios disponibles para la atención.
A raíz de la difícil situación que atraviesa el país, la demanda de servicios de salud pública ha experimentado un notable aumento. El incremento en el costo de los medicamentos y las prepagas hizo que un gran número de vecinos concurriera al centro de salud. Tan solo en el mes de mayo, se proporcionó atención médica a 2.467 personas, se vacunó a 1.952 niños y adultos, y se distribuyó leche a 334 familias. Esto refleja la magnitud e inserción del CeSaC 15 en la comunidad, dado que la población empadronada alcanza las 108.000 personas.
La incertidumbre sobre la continuidad de las obras de remodelación del ex Padelai para el traslado del CeSaC 15 mantiene en vilo a toda la comunidad barrial y a los integrantes de la Mesa Comunitaria de Salud y Educación de la Comuna 1 que impulsó esta iniciativa, y exigen a Jorge Macri la inmediata puesta en marcha de la obra.
Las malas prácticas de CUNUMI S.A.
Esta no es la primera vez que CUNUMI S.A. incumple un contrato de obra en los plazos acordados. En los 17 años de gestión macrista/larretista, ha mantenido una práctica recurrente en materia de incumplimientos contractuales. Este patrón se materializa a través de frecuentes solicitudes de ampliación de plazos de obra, redeterminación2 de precios e incremento de los montos contractuales. Prácticas que, en algunos casos, le han permitido duplicar y hasta quintuplicar los importes licitados. Este historial de irregularidades no impidió a la empresa obtener contratos millonarios.
CUNUMI S.A. es una de las 21 empresas contratistas involucradas en el Caso Skanka. En 2007, su presidente, Raúl Orsini, reconoció ante la justicia haber confeccionado facturas apócrifas para justificar coimas a funcionarios públicos. Ese mismo año, el juez a cargo de la causa, Guillermo Montenegro, dejó el cargo para asumir como ministro de Justicia y Seguridad en la flamante administración de Mauricio Macri en la Ciudad. Y desde 2008, CUNUMI S.A comenzó a recibir importantes contratos de obra pública, primero en la Ciudad de Buenos Aires y más tarde en el municipio de Vicente López, con el arribo de Jorge Macri a la intendencia. Si de parentescos se trata, vale mencionar que Nicky Caputo, “hermano del alma” de Mauricio Macri, estuvo vinculado con la contratista a través del ingeniero Adolfo Peña, CEO de CUNUMI S.A. hasta 2020. Peña ejerció el mismo cargo en MIRGOR, la empresa de tecnología avanzada del tándem Macri-Caputo. Los buenos oficios brindados a la hora de contratar obra pública con el Estado por parte del ingeniero Adolfo Peña fueron recompensados en enero de este año , cuando el presidente Javier Milei lo designó director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá.
Por su parte, Raúl Orsini, fundador de CUNUMI S.A., se encuentra involucrado en un proceso judicial por presunto fraude en obra pública. Fue acusado de no cumplir con las especificaciones técnicas de la licitación para la construcción de la Escuela N° 1 del Distrito Escolar 20, adjudicada el 24 de febrero de 2012. Según la denuncia, se utilizaron materiales de carpintería, burletes y vidrios de calidad inferior o diferente a la exigida, lo que contribuyó al colapso de la estructura durante un severo temporal, causando lesiones a tres estudiantes de la institución.
A pesar de la causa judicial pendiente, el Ministerio de Educación de la Ciudad continuó contratando a CUNUMI S.A. para proyectos de infraestructura escolar, incluyendo la obra del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 34 «Gral. San Martín». Hasta febrero de 2020, bajo la supervisión de la entonces ministra Soledad Acuña, se habían aprobado cinco ajustes de precios consecutivos para esta obra. No corrió la misma suerte la contratación de la obra de la escuela Fernando Fader en el distrito Escolar 12, adjudicada a CUNUMI S.A en diciembre de 2022 por un monto de $ 346.164.000; el contrato fue rescindido por la administración porteña en agosto de este año, debido al incumplimiento de los plazos de obra por parte de la contratista.
Como indica en esta nota la directora del CeSaC 15, Ada Berenstein, CUNUMI S.A. entró en quiebra y dejó un tendal de obras imprescindibles sin concretar.
Otra deuda de la Ciudad: el CeSaC 45
El Centro y Microcentro de la Ciudad (barrio San Nicolás), con una afluencia de visitantes y trabajadores que ronda los 6 millones de personas, carece de un centro de salud. Hace exactamente 22 años, en 2002, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a la Ciudad de Buenos Aires un crédito por 200 millones de dólares, a cambio de que el Gobierno implementara mecanismos de transparencia, promoviera la participación ciudadana y garantizara la cobertura de servicios públicos. En ese marco, el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, lanzó en 2002 un Presupuesto Participativo. Mediante este mecanismo, en el año 2003, los vecinos votaron la construcción de un centro de salud en el barrio San Nicolás (CeSaC 45). El proyecto fue ratificado al año siguiente y en 2005 la obra se inició en el predio ubicado en calle Viamonte 1747, por un monto de $ 2.149.288 dólares. En mayo de 2006 los trabajos se detuvieron, para reiniciarla en marzo de 2007. En octubre de ese año la obra quedó definitivamente paralizada. El último certificado de obra del 31 de julio de 2007 da cuenta que tan solo se había concretado el 14,4 por ciento de esta. En abril de 2009, el Fondo de Infraestructura Social (FOISO) asignó una partida de $1.817.853 para dar continuidad a la obra, pero en noviembre de ese año fue anulada. Ese mismo mes, el entonces ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, solicitaba a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña una partida similar para continuar la obra. Para entonces el predio había pasado a la órbita del Ministerio de Seguridad. En septiembre de 2011 retiraron el cartel de obra y desde entonces el sitio se encuentra en estado de abandono.
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1 San Nicolás, Puerto Madero, Constitución, Retiro, Montserrat y San Telmo.
2. El Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra, Bienes y Servicios tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos a través del establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos.
Foto: Fernando Delfino Polo