Un año de ajustes. Nada que festejar
por Cristina Peña
Al cumplirse un año de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) presentó un informe exhaustivo sobre las políticas de ajuste implementadas durante su mandato. Estas medidas, orientadas a estabilizar las variables macroeconómicas del país, han tenido un alto costo social, resultando en un aumento drástico de la pobreza que afecta a la mitad de la población argentina. Este contexto pone de relieve las dificultades económicas que enfrenta el país y las consecuencias de las decisiones políticas en la vida cotidiana de sus ciudadanos.
El 12 de diciembre de 2023, el nuevo gobierno implementó un aumento significativo en el tipo de cambio, con un alza del 118%. Anunciada por el Ministro de Economía, Luis Caputo, esta acción provocó una marcada devaluación de la moneda y la desregulación de precios en sectores clave como combustibles, salud, alimentos y medicamentos. Como consecuencia, la inflación se elevó, alcanzando un 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero. Después de este pico inicial, la inflación se mantuvo alrededor del 4% de mayo a agosto, descendiendo al 3,5% en septiembre y al 2,7% en octubre. A pesar de que estas medidas mermaron significativamente el poder adquisitivo de la población, afectando seriamente sus ingresos reales, no se establecieron políticas de compensación salarial ni acuerdos de precios durante este periodo.
Como resultado, la actividad económica mostró una volatilidad destacada, con un descenso importante al inicio del año que se recuperó parcialmente en los meses siguientes. La devaluación de la moneda, que diluyó los ingresos de la población y repercutió en el consumo, junto con una reducción regresiva en el gasto público, provocó una marcada contracción económica. A finales de abril, la actividad económica registró su nivel más bajo, situándose un 4,4% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. Posteriormente, se observaron fluctuaciones en las variaciones mensuales: un modesto incremento en mayo (+0,7%), una disminución en junio (-0,1%), seguido de aumentos en julio (+2,7%) y agosto (+0,9%), y un descenso en septiembre (-0,3%).
Dos factores clave explican esta desaceleración: en primer lugar, la significativa caída en el consumo, que generó una presión descendente sobre los precios no regulados de la economía. Esta reducción en el poder adquisitivo de la población se transformó en un obstáculo considerable para el incremento de los precios de los bienes de consumo masivo, especialmente alimentos y productos de higiene personal. El segundo factor fue el tipo de cambio. En este ámbito, el gobierno implementó un esquema de devaluación mensual controlada del 2%, con el objetivo de anclar las expectativas y provocar, simultáneamente, una apreciación rápida del tipo de cambio.
Por otro lado, aunque el indicador de precios del INDEC se calcula con la metodología actual, no refleja de manera adecuada el consumo de los argentinos, dado que no registra cambios significativos a corto plazo en las canastas de consumo promedio. Bajo la administración de Milei, el incremento de precios en servicios y transporte ha superado al de otros productos. A pesar de que el INDEC ha actualizado su base de consumo, evidenciando un aumento en servicios esenciales y una menor importancia de los alimentos, la aplicación de estos nuevos ponderadores sugeriría que la inflación del período noviembre 2023 a octubre 2024 sería un 8,5% mayor a la registrada.
Desocupación y pérdida del poder adquisitivo
La caída de la actividad económica también ha impactado a los trabajadores registrados en unidades productivas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil empleos, pasando de 9.857.173 a 9.596.156, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El impacto ha sido desigual. En el periodo de diciembre a agosto de este año, los únicos sectores económicos que crearon empleo fueron la agricultura (+9.918), la minería (+754) y la pesca (+586). No obstante, este incremento no compensa las pérdidas en otros sectores: la construcción disminuyó en 66.000 empleos y la industria manufacturera en 29.600.
Desde diciembre de 2023, el poder adquisitivo de los salarios en Argentina ha sufrido una disminución significativa debido a la inflación acelerada, creando disparidades entre los sectores. Los trabajadores del sector privado registrado han recuperado parcialmente sus pérdidas, con un poder adquisitivo un 1,5% inferior a los niveles de noviembre de 2023. Por otro lado, los salarios del sector público y los no registrados han permanecido estancados, con caídas del 16,1% y 20,1%, respectivamente. El promedio ponderado de salarios, de acuerdo con el INDEC, indica una reducción general en el poder de compra del 9,6%. Aunque este indicador no incluye la pérdida de empleos, se ha registrado una disminución del 3,7% en la masa salarial real de los trabajadores registrados del sector privado en comparación con noviembre de 2023. El deterioro en los salarios ha impactado directamente en el consumo, como lo demuestra la disminución del 11,2% en el consumo interno de carne vacuna hasta octubre de 2024, el más bajo en 28 años. Asimismo, el consumo de yerba mate ha caído un 9,2% y el sector lácteo ha experimentado una reducción del 11,4% en el consumo per cápita en comparación con el mismo período del año anterior.
Jubilaciones de indigencia
Desde diciembre de 2023, la política previsional implementada por el gobierno muestra un carácter regresivo que generó una significativa pérdida del poder adquisitivo de jubilados y pensionados. Una de las acciones más destacadas fue la modificación de la fórmula previsional en un momento crítico, justo antes de que esta pudiera incorporar de forma efectiva los impactos de los salarios y la recaudación. En marzo de 2024, se promulgó el DNU 274/2024, que estableció aumentos mensuales basados en la inflación del último trimestre, es decir, que los datos a considerar para los aumentos de abril serían los de febrero. Además, se introdujo un incremento excepcional del 12,5% como compensación por la alta inflación de enero, que alcanzó un 20,6%. Aunque esta nueva fórmula, ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitió recuperar parcialmente los recortes del primer trimestre –en un contexto de desaceleración de la inflación donde las actualizaciones pueden ser superiores al IPC mensual–, se observó que la fórmula anterior podría haber resultado más beneficios, con proyecciones que apuntaban a haberes jubilatorios superiores al 21% hacia diciembre de 2024.
La fórmula Milei no ha logrado compensar adecuadamente la devaluación impulsada por Luis Caputo. A esta compleja situación se suma el veto del gobierno a la Ley 27.756, sancionada por el Congreso que incluía una cláusula gatillo anual para mejorar los haberes de acuerdo con la recuperación real de los salarios del año anterior. Esta legislación proponía un aumento único del 7,2% para compensar la inflación de enero, y establecía un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto, que garantizaba cierto bienestar a aquellos que perciben el haber mínimo. Al vetar a esta ley el gobierno comenzó a usar el bono compensatorio como una herramienta de ajuste, congelándolo en $70.000, lo que erosionó su poder adquisitivo. Aunque los haberes totales se incrementaron en un 93,1% entre marzo y diciembre, el aumento del haber mínimo, incluyendo el bono, fue de solo un 61,2%. Este desajuste significa que, de haberse actualizado adecuadamente, el bono debería haber alcanzado los $135.140 en diciembre, es decir, $65.140 más que la cifra actual. Con la aplicación de la fórmula adoptada por el gobierno, se estima que para el período diciembre 2024 – febrero 2025, la jubilación mínima con bono estará un 14,3% por debajo de los niveles alcanzados en el último trimestre del gobierno anterior, y el haber sin bono se ubicará un 3,4% por debajo.
Como si todo esto fuera poco, a partir de diciembre de 2024, se eliminó la provisión de medicamentos gratuitos para afiliados del PAMI que perciban más de un haber mínimo, es decir $390.000. Para volver a acceder a este beneficio, los afiliados deben atravesar un complicado proceso administrativo que incluye la presentación de recetas médicas y la obtención de aprobación, lo que pone aún más en entredicho la calidad de vida de los jubilados en el contexto de estas reformas.
Nada que festejar
Ante este escenario, el presidente Milei insiste en que “la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer”, destacando que los números desestacionalizados han mostrado crecimiento constante en los últimos seis meses. No obstante, explica el estudio del CEPA, al comparar con el mismo período del año anterior, la actividad económica registró una caída acumulada del 3,1%, siendo de 5,5% si se excluye al sector agropecuario, debido a una sequía que limitó su desempeño. Si estos niveles se mantienen, se espera que la caída interanual al final del año se sitúe en aproximadamente 3,1%, o incluso 4,2% si se considera nuevamente el impacto del agro.
En términos de sectoriales, la recuperación ha sido tremendamente desigual. Mientras que el sector agropecuario, junto con minería y pesca, muestra incrementos destacados, áreas como la construcción, la industria y el comercio han sufrido descensos significativos en su actividad.
Los ganadores de siempre
El 20 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) que incluye más de 300 artículos destinados a desregular diversos sectores de la economía argentina. Esta normativa impulsa el desmantelamiento y la extranjerización del patrimonio nacional, afectando empresas públicas y recursos naturales. La implementación de estas medidas agrava las desigualdades existentes en la sociedad, al eliminar protecciones básicas que intentaban equiparar estas inequidades. Aunque estas medidas se presentan como desregulación, en realidad, evidencia el desplazamiento del Estado en la protección del bienestar común, para favorecer a los sectores económicos concentrados:
- En el sector salud, prepagas como Swiss Medical se vieron habilitadas a aumentar sus precios sin regulación. En tanto que la liberalización del mercado farmacéutico facilitó la expansión de grandes superficies, como Farmacity, que buscan capturar una mayor cuota de mercado. Además, la desregulación de los precios de los medicamentos derivó en un incremento drástico, especialmente en aquellos consumidos por adultos mayores, con un aumento del 210,5% en el precio de venta al público y un impactante 422,5% en la canasta de PAMI.
- La derogación de la ley de alquileres resultó en la eliminación de las protecciones para los inquilinos, permitiendo a los propietarios establecer condiciones arbitrarias. Esto incluye la posibilidad de fijar alquileres en dólares, realizar actualizaciones mensuales basadas en la evolución de índices públicos o privados y exigir pagos adelantados sin un tiempo mínimo de contrato. Como resultado, los precios de los alquileres superan en casi dos dígitos el índice de precios al consumidor (IPC).
- La liberalización de los controles en las góndolas de supermercados favoreció al reducido número de grupos económicos que dominan el mercado de bienes de consumo masivo, con unas 20 empresas clave, como Pagani, Pérez Companc y Coto, respaldadas por lobbistas del sector alimenticio.
- La desregulación en la producción de papel para diarios ha favorecido al Clarín, el diario de mayor tirada del país, propiedad de Magnetto y Noble. Además, el Decreto 302/2024 derogó la clasificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como servicios públicos esenciales y estratégicos. Habilitando la concentración en manos de tres empresas como Claro, Personal y Movistar. esto redundó en un sensible incremento de los precios que en promedio alcanzaron 210,4% desde noviembre 2023 hasta octubre 2024, es decir un 50,7% por encima del IPC. Mientras que en materia de comunicación satelital, se abre el mercado para que ingrese un actor extranjero, mencionado por el presidente en cadena nacional (Elon Musk dueño de Starlink).
- La desregulación de los hidrocarburos trocó la histórica premisa de autoabastecimiento energético por la de «maximización de la ganancia». Esta política permitió que los precios de los combustibles se alinearan con la paridad internacional, resultando en un aumento significativo en el costo de la nafta, que pasó de $280 en noviembre a 1100 pesos en diciembre, lo que representa un incremento del 292,9%.
- La eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) favoreció a las empresas procesadoras de yerba mate, perjudicando a los productores. Aunque la judicialización de esta medida logró evitar la desaparición del INYM, el gobierno ha dejado a la institución sin autoridades, lo que ha generado la ausencia de laudos de precios y un cupo de tierras limitado para los pequeños productores. El Establecimiento Las Marías, perteneciente a la familia Navajas, se ha convertido en el principal beneficiario de esta situación. Actualmente, el ratio entre el precio que reciben los productores y el precio de venta al público es el más bajo desde 2019, con los productores captando solo el 5,7% del precio de góndola.
- La desregulación en las comisiones e intereses de tarjetas de crédito ha permitido a bancos y procesadoras de tarjetas, como Prisma, Fiserv y Mercado Pago, aumentar sus márgenes de ganancia. Al eliminar o reducir restricciones en las tarifas, estas entidades pueden ofrecer productos más flexibles y competitivos tanto para los consumidores como para los comercios.
- La política de cielos favorecerá la competencia en el sector aéreo mediante la entrada de compañías extranjeras. Estas aerolíneas no están obligadas a asegurar la conectividad que ofrece Aerolíneas Argentinas. Por otra parte, el posible proceso de dolarización de las tasas aeroportuarias beneficiaría a Corporación América, propiedad de Eurnekian.
- La derogación de la ley de tierras, que limitaba de la compra de tierras por parte de extranjeros, beneficia únicamente a personajes como Joe Lewis, que ocupa Lago Escondido en la Patagonia.
Como si esto fuera poco, el 28 de junio, el gobierno nacional logró que el Congreso nacional apruebe la Ley de Bases y el Paquete Fiscal que declara, por el término de un año, la Emergencia Pública en los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético por un año, permitiendo al Ejecutivo modificar partidas y regulaciones en estos sectores sensibles, entre los que se destacan:
- La flexibilizaron las relaciones laborales, eliminando sanciones por empleo no registrado y facilitando el «blanqueo». Para lo cual, se extendió el período de prueba a un año, se crearon fondos de cese laboral financiados por los trabajadores y se modificaron condiciones para empleados estatales. También se creó la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores, lo que encubre relaciones de dependencia.
- Se reinstauró el Impuesto a las Ganancias para 800.000 personas, gravando conceptos antes exentos, y se eliminaron beneficios del monotributo social, aumentando las cuotas.
- Blanqueo de capitales y beneficios a sectores adinerados con tasa 0% hasta USD 100.000 sin controles de origen y reducciones en el Impuesto a Bienes Personales. Además, se les garantizó estabilidad fiscal por 15 años a quienes adhieran al Régimen Especial.
- Se habilitó la privatización total o parcial de empresas estratégicas y se otorgaron facultades al Ejecutivo para intervenir y disolver organismos estatales.
Estas medidas implican una clara flexibilización económica y laboral en Argentina, enmarcadas en un proceso de desmantelamiento del Estado que trasciende a la Ley de Bases. Este enfoque se manifiesta a través del intento de privatización de Aerolíneas Argentinas y la paralización de proyectos estratégicos como la construcción del reactor CAREM. Además, a través del desfinanciamiento significativo del INCAA, así como de sectores clave para el desarrollo nacional, incluyendo la educación, la ciencia y la tecnología. Un ejemplo de esto es la reducción en el número de becarios de CONICET, acompañada por la restricción en el ingreso de nuevos investigadores de carrera.
¿Hay futuro?
A pesar de las mejoras observadas en las principales variables macroeconómicas, la sostenibilidad de tales avances se encuentra amenazada por una serie de factores subyacentes que resultan preocupantes. La apreciación del tipo de cambio y la acumulación de divisas han generado inquietudes sobre su impacto en los sectores industriales, que podrían verse perjudicados si estas condiciones no se gestionan adecuadamente. Además, las proyecciones para 2025 no auguran un aumento significativo de los salarios en términos reales; de hecho, cualquier incremento podría disparar los precios debido al actual contexto de desregulación. Esta falta de dinamismo salarial actúa como un freno al crecimiento de la actividad económica, dado que los salarios constituyen el principal componente de la demanda agregada. Asimismo, la heterogeneidad en el desempeño sectorial profundizará las disparidades entre sectores que prosperan y aquellos en dificultades. Por otra parte, cabe señalar que, al realizarse la medición de la actividad de forma interanual, la comparación mensual con el año anterior puede resultar engañosa. Si la producción de bienes y servicios se mantiene en los niveles de diciembre de 2024 a lo largo de 2025, con las variaciones estacionales esperadas, se podría observar un crecimiento en las estadísticas, a pesar de que no se registre un incremento real en la producción. Este fenómeno será probablemente explotado por el gobierno para dar cuenta de logros económicos, ocultando así la falta de un fundamento sólido para el crecimiento sostenible.