Informe de situación
Sitios y Espacios para la Memoria
por Cristina Peña
Las Mesas de Trabajo y Consenso de los Espacios para la Memoria y Promoción de los ex Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, junto a otros colectivos defensores de derechos humanos, suscribieron un informe que revela la “frágil y difícil situación” de estos sitios ante la desprotección por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y denuncian al gobierno Milei-Villarruel de “intentar destruir la cultura, la institucionalidad y los dispositivos de defensa y desarrollo de los Derechos Humanos construidos en los últimos 45 años en Argentina”.
En el escrito, manifiestan que “durante el año 2024, se ha implementado una política de desfinanciamiento que afecta todas las actividades a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”. Medida que se tradujo en el incumplimiento de las obligaciones jurídicas, culturales y sociales estipuladas por la legislación argentina y las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos.
“En relación con los Espacios para la Memoria, dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la situación es crítica debido a los despidos del personal, lo que pone en riesgo su continuidad, preservación y conservación”.
¿Qué son los Espacios para la Memoria?
Conformados a partir de la sanción de la Ley Nacional 26.691/2011, estos sitios son esenciales para la preservación de la democracia, la fortalecen y garantizan el cumplimiento del Nunca Más. Por otra parte, cuentan con reconocimiento internacional, participan en encuentros y congresos sobre DDHH, apoyan investigaciones judiciales y crean materiales educativos sobre derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. En este sentido, se han convertido en pruebas físicas cruciales para los Juicios de Lesa Humanidad, dado que dan sustento a los testimonios de los y las sobrevivientes. También cumplen una función social y cultural importante, proporcionando reparación simbólica a las víctimas y acceso a la historia reciente y el derecho a la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En este contexto, la Ley Nacional 26.691/2011, pionera en Derechos Humanos en Latinoamérica, establece en su artículo 2 dos funciones esenciales para estos espacios: su valor probatorio en los juicios de lesa humanidad desarrollados y en curso en el país, así como su papel en la transmisión de la memoria histórica de los acontecimientos durante los años del Terrorismo de Estado. Además de esta normativa nacional, existen diversos estándares y recomendaciones internacionales que protegen a los sitios de memoria como instituciones cruciales e indispensables para las democracias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en su documento sobre Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas adoptado en 2019, señala entre las obligaciones de los Estados «el establecimiento de equipos de trabajo permanentes, interdisciplinarios e idóneos». Por otro lado, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur definió en 2012 principios fundamentales para las políticas públicas sobre lugares de Memoria, destacando su relevancia en los procesos de democratización, la importancia de su preservación y las obligaciones de los Estados para garantizar el mantenimiento físico de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Estos lugares pueden contribuir a los procesos judiciales en curso o futuros, y también a la reparación simbólica de las víctimas.
Espacios para la Memoria en peligro
Para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 26.935 transfirió al Poder Ejecutivo Nacional cinco Sitios para la Memoria ubicados en el territorio porteño. Esta normativa obliga al Estado Nacional a proteger y financiar estos espacios y a reconocer a sus trabajadores como empleados nacionales, garantizando su estabilidad laboral, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades. Por otra parte, existen una serie de medidas legales que protegen de manera particular a cada sitio.
El Espacio para la Memoria Club Atlético fue declarado Sitio Histórico por la Ley 1.794 de la Ciudad de Buenos Aires en 2005 y Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014. Está protegido por la Ley 25.743 como Sitio Arqueológico.
El Espacio para la Memoria ex E.S.I.M fue declarado Patrimonio cultural de la Provincia de Buenos Aires y Bien Histórico-Testimonial por la ley provincial 13836, y en 2015 se reconoció como Lugar Histórico Nacional por la ley 27127.
El Espacio para la Memoria “Olimpo” fue declarado Sitio Histórico por Ley 1.197 de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2003 y Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014.
El Espacio para la Memoria “Automotores Orletti” fue declarado “de utilidad pública y sujeto a expropiación” por la Ley 2.112 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006, y fue recuperado en marzo de 2009; posteriormente, fue reconocido como Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014.
El Espacio para la Memoria “Virrey Cevallos” fue declarado Lugar Histórico Nacional mediante el Decreto presidencial 1762/2014.
El Museo de la Memoria “ESMA” fue declarado Patrimonio Mundial en 2023 por la UNESCO y también está protegido por la Ley Nacional 26.415 y la Ley 2.599 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH “La Escuelita de Famaillá” (Tucumán) fue declarado Lugar Histórico Nacional (Decreto Presidencial N° 2243/15) en el marco de la Ley 26691 de preservación de Sitios y Espacios de Memoria y Bien del Patrimonio Material e Inmaterial de Interés Cultural de esa Provincia.
Pese a estas normativas proteccionistas, en 2024, la Secretaría de DDHH dirigida por el Dr. Alberto Baños emitió resoluciones que incumplían la legislación vigente, afectando las actividades de los Espacios de la Memoria. El Ministerio de Justicia, bajo el Dr. Mariano Cúneo Libarona, cesó contrataciones en áreas clave y despidió personal en sitios como Automotores Orletti, Atlético, Virrey Cevallos, Olimpo, ESMA, Faro de la Memoria, la Escuelita de Famaillá y Vesubio. Además, se enajenaron tierras y edificios de otros Centros Clandestinos de Detención, como el Espacio RI9 de Corrientes, que corren el riesgo de ser vendidos.
A raíz de estas irregularidades, la legisladora Victoria Montenegro denunció al secretario Alberto Baños y al ministro Mariano Cúneo Libarona por abuso de autoridad y violación de deberes. En respuesta, en enero de 2025, el juez Ariel Lijo solicitó que la Secretaría de DDHH garantice personal capacitado para mantener abiertos y operativos los espacios de Memoria, asegurar el mantenimiento del edificio y la preservación de acervos y archivos, además de continuar las tareas de investigación y coordinación pedagógica.
Vale recordar, que, en la esfera judicial, magistrados federales a cargo de los procesos por crímenes del Terrorismo de Estado emitieron órdenes de protección sobre terrenos, edificios y elementos de prueba surgidos de las localizaciones, basándose en declaraciones testimoniales de las víctimas. La Cámara de Casación Penal ya había dado una directiva similar. En 2024, el presidente Dr. Mariano Borinsky expresó su preocupación por preservar el material probatorio y su valor judicial e histórico relacionado con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar.
Para ello, se instruyó el cumplimiento de las Reglas Prácticas contenidas en las acordadas 1/12 y 2/22, producidas en agosto de 2024 por el Juez Alejandro Slokar, que ordenan a los tribunales orales garantizar la preservación del material y los sitios incluidos en los procesos de investigación de crímenes de lesa humanidad y facilitar el acceso para agilizar las causas. De acuerdo con los estándares internacionales, estos procesos se consideran un imperativo jurídico para los estados y tienen primacía sobre cualquier disposición contraria. Obligando a todas autoridades involucradas a colaborar en la recolección de evidencia para alcanzar los objetivos de la investigación y absteniéndose de realizar actos que puedan obstruir el progreso del proceso investigativo, bajo pena de incumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Argentino.
Informe de situación
Los Espacios para la Memoria funcionan gracias a sus trabajadoras y trabajadores, quienes recibieron 52.323 visitas en 2023 (excluyendo el Museo de ex ESMA). Atendieron a familiares de víctimas, sobrevivientes y a la sociedad en general. Estas tareas requieren conocimientos específicos adquiridos mediante años de aprendizaje y especialización, esenciales para preservar y proteger lugares significativos donde los detenidos-desaparecidos fueron vistos por última vez.
La contratación permanente del personal capacitado en políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, y los equipos técnicos especializados es crucial. Esto no puede separarse de las políticas integrales que el Estado debe implementar en todos los Poderes de la República. El cumplimiento de la Ley y las Convenciones Internacionales recae tanto en legisladores nacionales como en Magistrados Judiciales, salvo que se permita al Ejecutivo administrar estas políticas sin control legal.
El despido de personal y la falta de financiamiento desmantelaron las áreas de Arqueología y Conservación del Patrimonio Histórico, afectando la planificación de investigaciones arqueológicas y la conservación de arquitectura y objetos. Se interrumpieron actividades como excavaciones, análisis de materiales y documentación, así como el monitoreo ambiental de colecciones. En el ámbito educativo, se vio perjudicado el diseño didáctico y la coordinación de visitas guiadas y talleres. También se suspendieron certámenes literarios y actividades en bibliotecas, y no se desarrolló el Curso Espacios para la Memoria. En Comunicación y Cultura, se afectaron las estrategias de difusión, el registro y edición de material audiovisual, y la supervisión de actividades comunitarias. El área de Investigación y Archivo, encargada de proyectos sobre los CCDTyE y la recopilación de listas de víctimas y genocidas, sufrió recortes, especialmente en la publicación de materiales. También se vieron afectados el mantenimiento eléctrico y otras tareas de conservación de los Sitios de la Memoria.
A los despidos de junio de 2024 se suman los realizados a fines del año pasado, desmantelando equipos de trabajo. El Espacio Virrey Cevallos ya no tiene personal; en el Olimpo queda un tercio; en Orletti y Club Atlético, menos de la mitad; en el Faro de Mar del Plata, solo dos trabajadores; en la Escuelita de Faimallá, Tucumán, uno solo; y en el proyecto Vesubio, ningún trabajador.
La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) ha experimentado una falta de funcionarios a cargo en 19 de sus 28 áreas, además de la reducción de la mitad de su personal contratado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta situación ha impactado en áreas como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, Leyes reparatorias, el Programa Verdad y Justicia, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti.
La situación en el ANM es preocupante debido a la reducción de personal. Los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) están afectados por el despido de treinta y seis trabajadores y la finalización de dieciséis contratos. Esto ha disminuido la capacidad del ANM para manejar consultas, investigaciones históricas y solicitudes judiciales.
Además, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que busca a los bebés desaparecidos durante la dictadura, verá reducida su capacidad operativa a poco más del 30 por ciento.