A 42 años de la noche más oscura
Los golpes militares que se sucedieron durante el siglo XX en nuestro el país tuvieron objetivos concretos: en 1930 se derrocó a Hipólito Yrigoyen para restaurar el régimen oligárquico y consolidar el alineamiento de Argentina con Inglaterra. Con la caída de Juan Domingo Perón en 1955 se buscó eliminar el poder obrero y encauzar al país en la senda de Estados Unidos. Los golpes contra Arturo Frondizi y Arturo Illia, intentaron aplastar la resistencia de los trabajadores y mantener la proscripción del el peronismo. Todos fueron acompañados de represión, cárcel y asesinatos, pero ninguno alcanzó la dimensión sistemática que tuvo el de 24 de marzo de 1976.
La desaparición masiva de los militantes, el secuestro de sus hijos, la apropiación de sus bienes y la desinformación sobre su destino, fue la metodología empleada por los gestores del llamado Proceso de Reorganización Nacional, encabezado por una Junta de Comandantes integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Agosti; que contó con el apoyo explícito tanto poder económico, representado por José Alfredo Martínez de Hoz a cargo de la cartera de economía; como de la Iglesia católica que avaló licenciosamente metodología empleada por los represores para desaparecer a los “elementos subversivos”.
«Le diré que frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo…está desaparecido», decía Jorge Rafael Videla en una conferencia de prensa brindada en 1979, donde desnudaba la complicidad de la Iglesia católica en este plan sistemático de exterminio de personas. Ante una pregunta de un periodista acerca de la opinión del entonces jefe de la Iglesia católica, Juan Pablo II, respecto a la desaparición de personas, el dictador respondía: «No tiene otra cosa que decir que hay que preservar la dignidad del hombre».
«Para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Los argentinos no tenemos nada de qué avergonzarnos porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino gravemente amenazado por el terrorismo», afirmó Jorge Rafael Videla esa misma entrevista, donde catapultó el término “desaparecido”.
Represión con orden y sin cadáveres en las calles. Para cumplir con esta premisa, las Fuerzas Armadas elaboraron pormenorizado plan de aniquilamiento de los elementos subversivos[1]. Las calles se vaciaron por el imperio del terror. Los militantes eran secuestrados y llevados en campos de concentración clandestinos donde se los torturaba y vejaba para finalmente hacerlos desaparecer, es decir exterminarlos. Un profundo engaño, que atravesó el riñón de algunos sectores políticos. Por ejemplo, el partido Comunista Argentino llegó a caracterizar al golpe como una “dicta blanda”. Entendían que el “golpe cívico-militar” venía a controlar el accionar de la Triple A, organización criminal gestada en el seno del gobierno democrático por la mano derecha de Juan Domingo Perón, José López Rega, para asesinar a sangre fría a los militantes populares. Lo cierto es que muchos de los integrantes de la llamada Alianza Antiterrorista Argentina o Tripe A, pasaron a formar parte los grupos de tareas de la dictadura.
Pero estrategia última del llamado Proceso de Reorganización Nacional, era exterminar cualquier tipo de resistencia social que se opusiera a la puesta en marcha un plan económico en sintonía con los paradigmas monetaristas de los “Chicago Boys” de Milton Friedman. Esta miserable corrida económica se concretó, en primer lugar, a partir de la transferencia de recursos de los sectores populares decir hacia los grupos económicos concentrados, es decir, al brazo civil de la Dictadura. Luego en la destrucción de gran parte de la industria nacional a partir la apertura indiscriminada de las importaciones, lo que el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, denominó “apertura al mundo”. Y, por último, en la descomunal deuda externa que los grupos económicos concentrados adquirieron en forma privada y que Martínez de Hoz se encargó de estatizar.
El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, transformó la estructura económica del país abriendo un proceso neoliberal que se fortaleció en la década del 90, estalló por los aires en 2001, y recobró vitalidad desde 2015 a la fecha. La política neoliberal impuesta por el imperio del terror costó a los argentinos el secuestro, la tortura y el exterminio de 30.000 personas. Crímenes atroces y delitos de lesa humanidad que al día de hoy están siendo juzgados.
Porque sí. El terrorismo de Estado, tuvo la resistencia menos esperada. La de toda una humanidad de mujeres que munidas de un pañuelo blanco en sus cabezas comenzaron a circular, primero por hospitales y comisarias, luego por misterios y vicariatos y finalmente en la cara misma del poder, alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo.
Sus rondas, reclamando por sus hijos secuestrados y desaparecidos y por sus nietos nacidos en cautiverio, resquebrajaron la esquelética estructura de razón que sostenía al Proceso Militar y dejaron al descubierto la cara más perversa de este plan siniestro. Los pasos de las madres, a quienes les habían quitado tanto que ni miedo sentían, fueron creciendo. Se hicieron inconmensurablemente inmensos. Tan inmensos como la insolvencia del plan económico puesto marcha a costa de vidas, sangre y dolor.
En 1982, el Proceso de Reorganización Nacional era la caricatura de sí mismo. En 1983 los argentinos recuperamos la democracia. En el camino, desparecieron 30.000 hombres y mujeres y se le suprimió la identidad a 400 bebés nacidos en cautiverio. También nos quedó un Estado flaco y endeble que en manos inescrupulosas actúa en beneficio de unos pocos a costa de hambrear a las mayorías. Medidas tales como la liberalización y desregulación laboral, el ajuste previsional, el congelamiento de los salarios, el endeudamiento externo y la escalada represiva, son claras muestras del raquitismo estatal.
«Este 24 de marzo, a 42 años del Golpe de Estado de 1976, enfrentamos un salto en la política represiva y de impunidad desplegada por el gobierno nacional, con la prisión domiciliaria dictada a favor de genocidas que son símbolo de la represión dictatorial, la reivindicación del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura el 25 de noviembre pasado y la defensa del gatillo fácil, con la “doctrina Chocobar”, respaldada por el mismísimo presidente Macri», señala un comunicado Encuentro Memoria, Verdad y Justicia donde señala, también, que pese a la brutal represión ejercida por las fuerzas policiales y la Gendarmería Nacional en las jornadas del 14 y 18 de diciembre del año pasado, contra la población que salió a manifestarse en contra del ajuste previsional, “la multitudinaria marcha del 8 de marzo demostró que nuestro pueblo está de pie para seguir peleando contra el ajuste y la represión y, para exigir nuevos derechos».
En este sentido, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia propone que la movilización del mañana 24 de marzo se destaquen las siguientes consignas:
- 24 de marzo: a 42 años del golpe, ningún genocida en libertad.
- 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos ¡Presentes!
- Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y sus cómplices.
- Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
- No a la “doctrina Chocobar” y el gatillo fácil.
- Basta de ajuste y represión del gobierno nacional y los gobernadores.
- Libertad a los presos políticos. No a la persecución a Arakaki, Ponce y Romero.
- Cierre de las causas a las luchadoras y luchadores.
- Aparición con vida de Jorge Julio López.
- Apertura de todos los archivos.
- Restitución de los jóvenes apropiados.
- Por todos los derechos de las mujeres.
- Basta de entrega. No al pago de la deuda externa.
«Son 30.000, fue genocidio, queremos justicia y seguimos luchando por un país sin explotación ni opresión», reclama este colectivo que históricamente organiza las marchas del 24 de marzo.
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[1] Como antecedente cuentan: 1) El decreto 261/75, firmado por Isabel Martínez de Perón el 5 febrero de 1975, ordenaba a la policía federal a ponerse bajo la órdenes del Comando General del Ejercito a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán a fin de poner en marcha el denominado Operativo Independencia. 2) El 5 de octubre de 1975, Ítalo Lúder, en ejercicio provisorio de la presidencia y en acuerdo con los ministros, dictó los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, extendiendo el Operativo Independencia a todo el país, bajo el mando de las Fuerzas Armadas a los fines de «neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos».