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Amenaza anónima y muerte por frío
La lucha por los derechos de las personas en situación de calle.
Horacio Ávila, coordinador nacional de la organización social Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle, denunció haber recibido una amenaza anónima en su hogar. «Hay una bala con tu nombre. Dejate de joder», fue el contundente mensaje que encontró su hija al llegar a casa después de salir con amigas. «Anoche mi hija salió con amigas y volvió casi amaneciendo. Hoy, cuando llegó, encontró esto. Plata y miedo nunca tuve, pero no es justo», declaró Ávila en sus redes sociales.
Esta grave intimidación se produce a horas de que Proyecto 7 y otras organizaciones realicen el «Frazadazo», una movilización prevista para este lunes 8 de julio a las 17 horas, que partirá desde la Avenida 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo. El objetivo de esta acción es visibilizar las muertes por frío de personas en situación de calle y denunciar los operativos de «limpieza» que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva a cabo, lo que según los activistas no hace más que agravar la situación de esta población.
Las muertes por frío de personas arrojadas al desamparo se han convertido en una cruda realidad en el territorio de la ciudad más próspera del país. En las últimas semanas, fallecieron por hipotermia cuatro hombres en situación de calle de entre 35 y 50 años en los barrios de Once, Recoleta y Palermo. Ante esta situación, la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle presentó una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, por considerar que la «desidia estatal» y las «políticas de parche» son las verdaderas causas de estos decesos.
Ante este panorama, la amenaza que recibió Horacio Ávila no constituye un hecho aislado. Según datos del Registro Unificado de Violencias, entre agosto de 2022 y agosto de 2023, 146 personas en situación de calle fallecieron en todo el país mientras se encontraban en espacios públicos. Estos números revelan no sólo la gravedad de la crisis, sino también la negativa de los gobiernos a poner en marcha políticas públicas que den una respuesta integral a esta problemática.
Las exigencias de las organizaciones son claras: declarar la emergencia de las personas en situación de calle, garantizar el cumplimiento de las leyes 3.706 de CABA y 27.654 a nivel nacional, con un presupuesto adecuado, y que el ingreso a los Centros de Inclusión sea por demanda espontánea, entre otras medidas. Además, reclaman que el subsidio habitacional 690 sea ley.
En momentos en que los defensores de los derechos de las personas en situación de calle alzan su voz, este tipo de intimidación y hostigamiento no hacen más que evidenciar la urgencia de una acción contundente. Es imperativo que el Estado tome medidas concretas, como la puesta en marcha de las leyes vigentes, para garantizar la protección y el bienestar de la población vulnerable.