Balance del año del León
¿Qué deja el primer año de Milei?
por Juan Pablo Costa
Navidad y Año Nuevo son momentos en los que solemos realizar balances respecto al año transcurrido. De la misma manera podemos hacer respecto al gobierno de Javier Milei, que está cumpliendo su primer año. ¿Cuál es el balance general de la gestión y sus claroscuros? ¿Cuáles son sus desafíos para el 2025?
El año comenzó con los embates de una inflación desbocada por la gigantesca devaluación de diciembre de 2023. En esos meses el Gobierno se abocó a la “estabilización macroeconómica”, una hoja de ruta que incluía devaluación y corrección de precios relativos, o sea aumento de tarifas, combustibles y servicios públicos. Este combo provocó un índice inflacionario del 25% en diciembre, 20% en enero y 13% en febrero. Semejante fogonazo inflacionario fue acompañado de un drástico recorte del gasto público, cercano al 30% en términos reales, y el congelamiento de las paritarias del sector público.
Esta política de shock generó una caída de los salarios reales cercana a 20 puntos, desatando una recesión económica comparable a una situación de catástrofe natural o una pandemia. El Círculo Rojo no podía estar más feliz. En pocos meses hizo lo que Macri no pudo en cuatro años. La desaceleración inflacionaria vivida durante el primer trimestre tuvo mucho que ver con esto: el atraso de los ingresos y la recesión impedía convalidar aumentos de precios en el mercado y provocaban una situación que algunos analistas caracterizaban como “la paz de los cementerios”. Bajaba la inflación, sí, pero a qué precio.
No está de más dejar en claro el mapa de situación, porque estamos frente a un Gobierno que se preocupa casi exclusivamente por la marcha de las variables financieras o macroeconómicas. En materia de ingresos la pérdida real, de noviembre 2024 respecto a noviembre 2023, fue del 10% para el sector privado registrado, el 23% para el sector público y el 26% para los no registrados. En materia de jubilaciones, el haber mínimo se redujo un 14% contando el bono que sigue congelado desde hace más de nueve meses. Y respecto a la actividad y el empleo, según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, durante este año cerraron alrededor de 10 mil empresas, lo que implicó una pérdida de 260 mil puestos de trabajo. Curioso, para un Gobierno que decía poner en valor al sector privado.
A partir de mayo-junio, el Gobierno comienza a modificar el rumbo. Son cambios graduales, apenas perceptibles, pero que revelaban una modificación en el orden político de las prioridades de gestión. Desde ese momento, se pasó a tener como prioridad casi absoluta la desaceleración inflacionaria. Para ello se empezaron a resignar reservas mediante el mecanismo del dólar blend, por el cual se permite a los exportadores liquidar una parte vía dólar financiero. Y luego se anunció que el Tesoro comenzaría a vender una parte de los dólares comprados en el mercado oficial, en el mercado financiero. Son medidas que apuntaron a contener una brecha entre los tipos de cambio que se venía incrementando y que amenazaba con dinamizar la inflación. Curioso también, ya que los manuales libertarios afirman que la inflación es siempre, y en todo lugar, un fenómeno monetario; por lo cual alcanzaría con mantener a raya la emisión. Sin embargo, en un rapto de pragmatismo, el Gobierno comprendió que si quería controlar la inflación, debía intervenir los diversos tipos de cambio.
Desregulación sin límites
Más allá de los indicadores coyunturales de la actividad económica, sin duda otra de las marcas registradas de la gestión Milei son los proyectos de desregulaciones y la estrategia anti industrial cuyo máximo exponente es el RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. En materia de desregulaciones nos encontramos con la liberación de precios de las prepagas y medicamentos. En el caso de las prepagas, la “liberación” las habilitó a aumentar sus precios 60 puntos por encima del IPC. Y en el caso de los medicamentos, a un 147% por encima de la inflación. ¡Viva la Libertad, Carajo!
Otra desregulación importante fue la derogación de la Ley de Alquileres. Más allá del debate respecto al índice y la frecuencia de actualización, la Ley establecía un marco regulatorio racional respecto al resto de condiciones que se suelen pactar: moneda de pago, criterios de indexación, duración mínima del contrato, pagos por adelantado, entre otras; y que eran incluso menos restrictivas que la mayoría de las regulaciones en grandes ciudades como Berlín, Nueva York, Barcelona, Londres, París, entre otras.
En materia de precios, la Secretaría de Comercio eliminó 69 regulaciones que establecían criterios de transparencia competitiva para los supermercados. Además, la desregulación del sector hidrocarburífero eliminó el histórico objetivo nacional del autoabastecimiento energético en favor de la maximización de la renta privada petrolera. Eso significa que los argentinos y argentinas debemos pagar el combustible a precio internacional, para el enriquecimiento de las grandes petroleras privadas encabezadas por Tecpetrol, del grupo Techint, sin duda uno de los grandes apoyos y mandantes del Gobierno.
El industricidio argentino
Respecto a la estrategia productiva, es inexistente o, en todo caso, sumamente regresiva como en el caso del RIGI. Este régimen pretende incentivar el ingreso de inversiones por más de 200 millones de dólares, -especialmente en los sectores de minería, energía, petróleo y gas-, otorgando beneficios tributarios y cambiarios muy generosos por un período de 30 años. Entre los beneficios encontramos una liberación progresiva del acceso a divisas (a tipo de cambio oficial), llegando al 100% en el cuarto año. Una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, eliminación de las retenciones a partir del tercer año y de los derechos de importación. También existen otros beneficios en el IVA y en el impuesto a los débitos y créditos, permitiendo el cómputo de los mismos como crédito fiscal para el pago de Ganancias.
Pero quizás lo más importante es que no promueve la transferencia tecnológica ni el desarrollo de proveedores locales. Esto generará una competencia desleal, en la que las grandes empresas extranjeras tendrán beneficios de competitividad frente a empresas nacionales, incluso Pymes. ¡El mundo del revés!
Además de todo esto, el Gobierno estableció dos cláusulas que buscan la irreversibilidad de esta política. Una es la estabilidad fiscal durante 30 años, que impide al Estado realizar cambios en estos beneficios. La otra es la cesión de soberanía al CIADI, un tribunal arbitral del Banco Mundial muy tendiente a fallar a favor del capital privado. No hace falta decir a favor de quién fallará en caso de litigio…
Pero a pesar de lo que dice el Gobierno, estas políticas de desregulación, primarización y fomento del extractivismo sin valor agregado nos alejan de las políticas que tradicionalmente impulsaron los países desarrollados. Los países que han seguido una senda de desarrollo en el pasado reciente lo hicieron con un Estado fuerte que dirigía las inversiones, como Corea del Sur; o con un Estado que centralizó la política energética, como Noruega al descubrir enormes yacimientos de gas y petróleo en el Mar del Norte. Por eso, una de las principales críticas que podemos hacerle al primer año del gobierno de Milei es el industricidio y la falta de una estrategia de desarrollo nacional autónomo. Su política ha sido más bien todo lo contrario: una subordinación absoluta a la política de los Estados Unidos en desmedro de otros socios comerciales como Brasil o China.
La estabilidad como estrategia
Es evidente que en los últimos meses se produjo un cambio de aire. La apreciación del peso, o sea la baja del dólar, favoreció un proceso de desinflación y estabilización macroeconómica. Uno podría preguntarse a qué costo. Sería una pregunta legítima, pero la estabilización está y genera efectos en el humor social, especialmente después de tantos años de inestabilidad. Otra pregunta también podría ser respecto a la sustentabilidad de un modelo que, es evidente, requiere del ingreso de dólares para sostener el dólar barato. El Gobierno fue tendiendo puentes para llegar al 2025. Primero consumiendo reservas, luego mediante el blanqueo, cuyo éxito fue proporcional a la generosidad para quienes tenían dinero sin declarar. Ahora apuesta a un probable desembolso del Fondo Monetario Internacional, apuntalado por Donald Trump, que le permita llegar con buen aire a las elecciones de medio término, encadenar una victoria electoral, lograr ingreso de capitales vía RIGI y seguir administrando la transición hasta que el potencial exportador de Vaca Muerta se exprese con toda contundencia.
La apuesta estratégica del Gobierno es clara: construir puentes de financiamiento hasta que Vaca Muerta exporte más de 30 mil millones de dólares anuales, lo que podría transformar la estructura productiva argentina y, tal vez, aliviar la histórica restricción externa argentina. Sin embargo, es demasiado pronto para sacar conclusiones. Aún no sabemos cómo culminará la experiencia anarco-capitalista en el país, pero lo que sí resulta evidente es que su éxito podría significar la pérdida de una oportunidad histórica para impulsar un proyecto de desarrollo nacional que incluya a las mayorías populares.