Blindados para ajustar
66 millones de pesos para reprimir jubilados
El Gobierno gastó 66 millones de pesos en blindar el Congreso con policías y vallas. Con esa plata, se podrían haber pagado 185 jubilaciones mínimas con bono. Mientras tanto, los abuelos marchan por hambre y el FMI festeja el ajuste.
por Melina Schweizer
Foto de portada: Carlos Brigo
Buenos Aires permaneció blindada el 19 de marzo, con el Congreso vallado y con una custodia pretoriana de 900 efectivos policiales. En los alrededores, los jubilados se acercaban con sus bastones, sus pancartas y la dignidad de haber perdido el miedo. Como todos los miércoles, exigían la recomposición de sus haberes; porque la jubilación no les alcanza para vivir, porque el PAMI no les da respuestas, porque los medicamentos faltan y los precios no paran de subir. No marchan por geopolítica, marchan por hambre.
Ese mismo día, 19 de marzo, coincidió con el debate en el Congreso sobre la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, emitido por el Poder Ejecutivo, que habilita un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La protesta de los jubilados se mezcló con el repudio a una política que —una vez más— se impone desde arriba, sin escuchar a los de abajo. Y, con el eco aún fresco de la brutal represión de la semana anterior, la calle se volvió un escenario de memoria, resistencia y denuncia.
La marcha por los jubilados se replicó con fuerza, aunque esta vez el megaoperativo montado por el Ministerio de Seguridad, asesorado por el número uno y dos de la SIDE y por el «asesor estrella» de Milei, Santiago Caputo, evitó mediante la intimidación pública repetir una nueva jornada de enfrentamientos. Por eso el inédito despliegue de seguridad involucró a cinco fuerzas federales que mantuvieron a los manifestantes fuera de un cerco metálico que rodeaba el Congreso. La zona de exclusión abarcó alrededor de 13 manzanas, cuyas calles se mantuvieron vedadas al tránsito vehicular; se colocaron inhibidores de drones y datos móviles en la zona; se retiraron 350 contenedores del perímetro. Los gatos en defensa y logística para esta puesta en escena ascienden a los 66 millones de pesos. Para dimensionar la magnitud de este gasto, basta decir que con ese monto se podrían haber pagado 185 jubilaciones mínimas completas con bono en abril de 2025. En otras palabras, el Estado prefirió blindar el Congreso antes que garantizar el sustento de 185 adultos mayores durante un mes. Fue un intento desesperado por mostrar “orden” sin escándalo.
El reclamo por Pablo Grillo, el fotógrafo herido por una lata de gas lacrimógeno disparada a su cabeza, marcó el pulso emocional de la jornada. La imagen del reportero gráfico se volvió símbolo, como si la herida en su cráneo fuese también una herida en la democracia.
Mientras tanto, dentro del Congreso, con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, los diputados libertarios blindaban el DNU 179/2025 con el respaldo de bloques aliados. El ministro Caputo sigue sin decir cuánto se negoció exactamente con el FMI, pero los rumores hablan de casi 20.000 millones de dólares en DEG, con vencimientos hasta 2035. El Gobierno de Milei se jacta de sanear el Banco Central, pero calla los condicionamientos, los recortes que vendrán, las metas inconfesables que el Fondo monitorea como patrón con látigo.
A medida que avanzaba la tarde, se notaba que esta vez se contuvo la represión. La marcha fue masiva, pacífica en su mayoría, aunque hacia el final del día hubo algunos incidentes aislados: corridas, botellazos y un pequeño grupo que atacó el vallado de Entre Ríos. Una joven intentó lanzar fuego con un desodorante y un encendedor. La brigada motorizada se acercó sigilosamente por las calles aledañas, lista para intervenir. Finalmente, todo se dispersó sin una carga directa. Pero hubo un detenido: David Olivera, quien atacó por la espalda a un periodista de TN, pese a que horas antes había salvado a un youtuber libertario disfrazado de “Peluca Milei” de una golpiza.
En abril de 2025, las jubilaciones mínimas aumentarán un 2,4%, en línea con la inflación de febrero, según lo establece la nueva movilidad jubilatoria decretada en abril de 2024 por el Gobierno nacional. Con este incremento, el haber mínimo será de $285.792. Si se mantiene el bono de $70.000 (pendiente de confirmación), la jubilación mínima alcanzaría los $355.792. Sin embargo, en términos reales —descontando la inflación—, este monto representa un 4% menos que en noviembre de 2023, aunque implica un incremento interanual del 2,4% respecto de abril de 2024.
En tanto, las jubilaciones por encima de la mínima —que no reciben bonos— presentan una mejora real interanual del 15,9%. No obstante, la congelación del bono desde marzo de 2024 provocó una pérdida de poder adquisitivo del 36%, y para evitar esa caída el bono debería actualizarse a $109.593. Esta diferencia refuerza la brecha entre quienes cobran el haber mínimo y quienes se ubican por encima de ese umbral.
Del otro lado, los medios oficialistas titulan con cinismo: «Marcha violenta», «Presencia de barras», «Fotógrafo herido en medio del caos». La narrativa perfecta para justificar la represión. Pero la foto de un abuelo con el bastón en alto frente a un escudo policial no miente. La imagen de Pablo Grillo en terapia intensiva, con pérdida de masa encefálica, no es propaganda. Es la consecuencia.
Mientras esto ocurría, Karina Milei y Patricia Bullrich se reunían en Casa Rosada para pulir el operativo de “contención”. Porque el gobierno, según fuentes cercanas, no podía soportar “un quilombo más”. Y porque en la Argentina de Milei, los acuerdos se cierran entre bambalinas, se aprueban sin consenso y se imponen con gases y bastonazos.
La pregunta que queda flotando, como un humo denso en el aire del Congreso, es quién decide y para quién gobierna este país. Porque si gobernar es obedecer a los organismos internacionales a costa de la vejez, la salud y la protesta, entonces estamos ante una democracia sin pueblo. Una república de cartón donde los jubilados sangran en la vereda, mientras los mercados celebran con champán importado. Y ese, aunque lo nieguen, es el verdadero rostro del ajuste.
No es una crisis. Es un experimento. Un laboratorio de obediencia social donde se mide cuánta humillación puede soportar un pueblo antes de gritar demasiado fuerte. Pero los gritos ya están sonando. Desde el fondo del Congreso. Desde la calle. Desde la historia. Y no hay vallado que pueda frenarlos para siempre.