La Casa Santa Cruz tiene fecha de desalojo
por Jonatan Emanuel Baldiviezo y Sandra Inés Sánchez
El desalojo forzoso más impactante de la historia se producirá a pocas cuadras de la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se trata de la casa de la calle Santa Cruz 140 en el barrio Parque Patricios, donde residen 106 familias. exactamente 316 personas , de las cuales 131 son adolescentes, niñas y niños. A pesar de la solicitud de prórroga del lanzamiento del desalojo presentada a comienzos del mes de agosto desde la Defensoría del Pueblo,[1] el juez Cesari informó instrumentó la medida para los días 18, 19 y 20 de septiembre.
El 2 de agosto, los habitantes acompañados por todas las organizaciones, presentaron un Proyecto de Ley de «Reurbanización e Integración socio-urbana de la Manzana Finochietto del barrio de Parque Patricios» (Expediente: 2073-8-2019), como parte de la iniciativa ciudadana de encontrar solución no solo al problema habitacional de la Casa Santa Cruz, sino a las necesidades de toda la manzana, que a pocas cuadras del Distrito Tecnológico, no cuenta con servicios de cloaca, ni de desagües, y cuyos habitantes nunca lograron obtener las escrituras de sus propiedades. La Legislatura de la Ciudad no ha tratado este proyecto ni este conflicto en ninguna de las reuniones de sus comisiones.
Síntesis de su historia
Luego de la quiebra de la empresa textil SELSA en la década de 1990, a partir del año 2002, el edificio social que estaba abandonado comenzó a transformarse en un edificio de viviendas recuperado por personas en situación de emergencia habitacional. En el año 2010, en medio de una quiebra fraudulenta, fue vendido ocupado al precio vil de $1.500.000, y desde entonces sus habitantes vienen afrontando un juicio de desalojo.
Las familias conformaron la Cooperativa Papa Francisco para poder comprar el edificio en el marco de la Ley N° 341 de créditos colectivos, pero con los gobiernos del PRO esta ley ha sido desfinanciada y el programa progresivamente desmantelado. Durante todos estos años formaron parte de una mesa de trabajo con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) del que nunca obtuvieron una respuesta al problema habitacional. Con Juan Ignacio Maquieyra, al frente del IVC, fueron perdiendo una a una todas las oportunidades abiertas en las audiencias judiciales para poder encontrar una salida habitacional definitiva en el mismo edificio o en otro.
Recientemente, el día 2 de junio la manzana se hizo famosa porque uno de los edificios se incendió, murieron dos personas y otras 25 tuvieron que ser hospitalizadas por haber sufrido heridas de diferente consideración. Que las víctimas no hayan sido cuantiosas fue solo una cuestión de suerte. De esta desgracia hay una cadena de responsables institucionales que es posible rastrear en el tiempo.
Entre los años 2003 y 2006 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires acompañó los reclamos por la situación irregular de las unidades funcionales de la fábrica que se usaban como viviendas, cuyos habitantes tenían imposibilitada la gestión de servicios públicos por no contar con escrituras que certificaran formalmente la titularidad. En el año 2003 se realizó la Actuación N° 7386/03, en la que se destacó la situación irregular que imposibilitaba a los tenedores de las viviendas la constitución formal del dominio, y se solicitó a las Secretarías de Desarrollo Social e Infraestructura y Planeamiento y Seguridad que activaran una acción coordinada para dar una pronta respuesta a estos graves problemas. Además, en virtud de la antigüedad de la problemática planteada que tuvo escasa respuesta por parte del gobierno, se informó a la presidencia de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, para que consideraran todos estos reclamos, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Respecto del edificio sobre la calle Uspallata, gran parte del problema de irregularidad dominial se debe a una irregularidad en el registro formal de los planos del edificio, pero que aun así, esto no impidió que fuera vendido igualmente por la empresa que lo había comprado con planos apócrifos, y que fueron los que luego imposibilitaron la subdivisión en las diferentes unidades habitacionales. Se suma a esto que la empresa se declaró en quiebra, y en el año 2007 apareció otra que dijo ser acreedora, reclamó el edificio como propio, y pretendió desalojar a las 400 familias que lo habitaban.
En ese contexto de reclamo, la Defensoría del Pueblo volvió a alertar sobre esta situación, y además sobre «las permanentes construcciones sin planos ni permisos municipales, la falta de certeza en la calidad del agua consumida por niños y adultos y la comercialización de garrafas que sin ningún control se almacenan y venden en algunas de las viviendas», y «la falta total de instalaciones contra incendio y medios de escape, la venta de bebidas alcohólicas, alimentos de todo tipo, pirotecnia y demás situaciones» que «a diario» eran «la preocupación de la totalidad de los vecinos». En ese momento, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad se comprometió a brindar líneas de crédito para las mejoras de los edificios, pero no cumplió con lo acordado, y no actuó desde entonces para subsanar las condiciones de informalidad dominiales, ni de provisión de servicios en toda esta manzana.
En los medios trascendió el incendio, pero no los responsables y las causas que son de larga data.
Historia reciente
El 4 de junio, los habitantes de Casa Santa Cruz tuvieron una última audiencia judicial, en donde el procurador enviado en representación del gobierno dijo desconocer el problema de la casa y todas las gestiones que viene llevando con el gobierno. Hasta se desconocieron las gestiones que hubo con el anterior presidente del IVC, Pablo Roviralta de la que existen registros audiovisuales.[2]
Frente a este desconocimiento de la historia pasada, desde un organismo institucional presente en la audiencia no se dudó en usar el incendio como argumento para impulsar un rápido y efectivo desalojo. Para la procuraduría y el Ministerio de Desarrollo y Hábitat este desalojo encarnaba una cuestión de número que pensaban solucionar haciendo un censo. Las intervenciones de los representantes del gobierno se orientaban en este sentido, en lograr un censo y un desalojo ordenado, que pasara desapercibido, y sin conflictos.
Hace diez años, el entonces jefe de gabinete de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, satisfecho con su gestión, declaraba que «Despacito y en silencio se van haciendo los desalojos».[3] Difícilmente sea este el caso de Casa Santa Cruz. Resulta muy improbable que este desalojo vaya a resultar tan exitoso como los de aquellos tiempos en que Rodríguez Larreta era jefe de gabinete, o como aquellos que cotidianamente se hacen en la ciudad, pero que por su insignificancia numérica nadie se entera. Nunca un desalojo es una cuestión de número, y nunca las vulneraciones de derechos son menos graves por pasar desapercibidas las personas afectadas. Para el gobierno, los desalojos y Casa Santa Cruz encarnan al sol que se pretende tapar con la mano.
En esa última audiencia, el Juez Nacional en lo Civil Fernando Jorge V. Cesari dispuso sesenta días para desarrollar un proceso de Mediación a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuyo titular, el Dr. Alejandro Amor ha mediado entre los habitantes a través de sus delegados y los integrantes de la Cooperativa de vivienda Papa Francisco, junto con las organizaciones populares que los respaldan (Observatorio del Derecho a la Ciudad, Liga por los Derechos Humanos-LADH, Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires-CIBA, un equipo interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires), y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, entre otros, Procuración General de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, representantes del IVC, Defensoría Público, Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación, y UNICEF, a los fines de encontrar una solución definitiva al problema habitacional. Aun así, los esfuerzos realizados por la parte afectada fueron infructuosos. A continuación una síntesis de lo sucedido en cada mesa:
· En la primera mesa (10/6) solo se consensuaron las modalidades del censo, que sería sorpresivo y que se realizó finalmente el día 17 de junio sin ninguna dificultad.
· En la segunda mesa (27/6) el IVC no se hizo presente y ni siquiera comunicó que no lo haría. El representante de la procuraduría dijo desconocer sobre la notificación que la Defensoría del Pueblo había hecho en tiempo y forma al IVC para que estuviera presente. Esta manera improcedente e irrespetuosa respecto del acuerdo de la mediación y para con los vecinos de la casa, solo evidenciaba una vez más, la conducta elusiva del IVC de tratar una propuesta «seria», tal como se había planteado en el marco de la última audiencia judicial.
· En la tercera mesa (1/7) se contó con representantes del IVC pero para informar que no había posibilidades de gestionar ningún subsidio en el marco de la Ley N° 341 con el argumento de que existen actualmente 350 cooperativas en espera del avance del proceso de gestión. La Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, presente a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario a cargo de Maximiliano Corach, tampoco explicitó ninguna propuesta. Ese día se argumentó sobre otros casos de desalojo que tuvieron solución habitacional definitiva, para que se tuvieran como ejemplo. Se trata de las experiencias de la Cooperativa de Vivienda Crecer en Ministro Brin en el barrio de La Boca, Cooperativa Brasil en el barrio de Constitución, y la de Avenida Pavón en el barrio de Boedo. En el primer caso se llegó a una solución mancomunando créditos individuales y subsidios habitacionales para la compra de la misma vivienda, y desde nación se otorgó un subsidio para su reacondicionamiento. Las familias de la calle Pavón pudieron adquirir un terreno a través de la Ley N° 341 individual y construir a través de un crédito otorgado bajo la modalidad colectiva de la misma operatoria. Ese día, desde la Defensoría del Pueblo se propuso el análisis de estos casos para evaluar su aplicabilidad, pero no hubo tampoco ninguna respuesta favorable. En los tres casos descritos las cooperativas de vivienda se conformaron en el mismo proceso de desalojo. Claramente, en estos tres casos hubo voluntad política de resolución del conflicto.
Se agradece la colaboración de las estudiantes de Diseño Gráfico Carolina Altmann e Ilana Kaplan que colaboraron en el armado de las imágenes y en el diseño del material comunicativo de la problemática de Casa Santa Cruz como pasantes con crédito académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires-FADU-UBA. Este informe se desarrolló en el marco de los siguientes proyectos subsidiados: Proyecto UBACyT 20020150100191BA «Derecho y justicia en las problemáticas habitacionales: el rol de las instituciones y las organizaciones sociales» (Directores: Sandra Inés Sánchez, Rodrigo Amuchástegui) con sede en el Instituto Superior de Urbanismo-ISU-FADU-UBA; Proyecto UBACYT Interdisciplinario 20620160100005BA, Area Marginaciones Sociales: «Espacio social y políticas públicas de acceso a la tierra y la vivienda en Buenos Aires en perspectiva histórica», PIUBAMAS (Directoras: Claudia Fabiana Guebel, Sandra Inés Sánchez) con sede en la Sección de Antropología Social; Instituto de Ciencias Antropológicas; Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires-FFyL-UBA; PIP-CONICET: «Estrategias interdisciplinarias de abordaje y acompañamiento en problemáticas habitacionales» (Directoras: Sandra Inés Sánchez, María Florencia Rodríguez) con sede en el ISU-FADU-UBA.
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[1]Defensoría del Pueblo, ?Informa avances de la Mesa de Diálogo-Solicita Suspensión del lanzamiento?, presentada en el Juzgado Civil N° 60 el día 5 de agosto.
[2]El video lo registra ingresando al edificio el 26 de julio del año 2016 (ver: https://www.youtube.com/watch?v=FBtys7KtqC0&feature=youtu.be).
[3] Emilio Ruchansky. «Los desalojos llegan a los hoteles», en: Página 12 9/7/2009, 16.