Los primeros beneficiados son los empresarios
La ministra de Educación Soledad Acuña firmó un convenio con la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio para que las empresas que prestan este servicio en las escuelas porteñas, brinden pasantías laborales a los y las estudiantes secundarios a cambio de «beneficios en los procesos de licitación de bienes y servicios de la Ciudad».
“El GCBA premia a las empresas de comedores escolares y le da más beneficios para quedarse con una licitación de 50 mil millones de pesos”, así se titula el informe elaborado por Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis y Alejandro Volkind, representantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, donde denuncian la maniobra de la ministra de Educación, Soledad Acuña, para garantizar la continuidad de los servicios prestados por la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio en las escuelas porteñas.
“Las concesionarias de comedores escolares denunciadas en múltiples oportunidades por intoxicar a estudiantes fueron premiadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad con el ‘Sello Compromiso con la Educación’”, dice el informe y añade que este ‘galardón’ “se otorga a las empresas que se ofrecen como opción para que estudiantes de quinto año hagan las pasantías laborales que impulsa el Gobierno de la Ciudad. De esta manera, estudiantes de colegios como la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, apodada popularmente Lengüitas, deberán realizar sus pasantías laborales en la sede de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio”.
Traducido al lenguaje coloquial: Esto significa que un alumno o alumna que cursa 5to. año en un colegio de la Ciudad, como por ejemplo, el Lengüitas, debe realizar las denominadas ‘pasantías laborales’, dos días a la semana, de 8 a 12 horas, en la sede de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio, lo que vendría a ser una fabrica de sándwiches, para adquirir conocimientos sobre manipulación de alimentos. Se trata nada menos que de 60 horas de trabajo ‘no pago’ por cuatrimestre.
El acuerdo suscripto entre la ministra Acuña y las empresas que conforman Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio, se efectuó en medio de la licitación pública para adjudicar, durante cuatro años y por un monto de 50 mil millones de pesos, el servicio de alimentación de las escuelas porteñas. Acción que motivó la presentación de un amparo colectivo por parte de organizaciones, familias y cooperadoras nucleadas en la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”, mediante el cual exigen que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Licitación Pública 7192-1818-LPU21 por violar las instancias obligatorias de participación de la comunidad educativa y el principio de universalidad y gratuidad de la educación pública.
“Vale aclarar que la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio, está integrada fundamentalmente por las empresas que desde hace años se ocupan del servicio de comedores escolares en la Ciudad -señala el informe-, María del Rosario Porcellini, es una de las titulares de Arkino SA. Su vicepresidente 1° es Héctor Alfredo Orlando, titular de Bagala S.A. Su Pro-Tesorero es Rubén Melul, a cargo de Lamerich SRL, empresa que sólo en los primeros días de marzo de 2020 ´fue denunciada por intoxicar a más de 100 estudiantes de seis escuelas porteñas. Mientras que la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio, además de las empresas ya nombradas, aparecen representantes de Carmelo Antonio Orrico SRL, Enrique Tavolaro SRL, Friends Food S.A., Servicios integrales de Alimentacion SA, Treggio SRL, Spataro SRL y Alfredo Grasso”.
“En los hechos, este ‘sello’ funciona como un nuevo beneficio para que las empresas que desde hace años manejan los comedores, puedan quedarse con una licitación de 50 mil millones de pesos”, denuncia el Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
Pues, según declaraciones de la ministra Acuña: “Todas las empresas que se sumen a las prácticas educativas accederán al ‘Sello Compromiso con la Educación’. Este reconocimiento resultará relevante al momento de ser evaluadas para licitaciones de bienes y servicios dentro de la Ciudad”.
“Este beneficio es una muestra más del compromiso que tiene el GCBA, no con la educación sino con estas empresas que brindan un servicio que acumula denuncias y, pese a todo, continúan con total normalidad porque hay un entramado legal que les asegura impunidad y un Gobierno que les garantiza ganancias exorbitantes”, asevera desde Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Firma tu apoyo a la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”