Crónica de una casta anunciada
por Federico Coguzza
Afuera, la policía pega y detiene al voleo: un ajedrecista, un músico, una familia que vende empanadas, al tiempo que ni se acerca a aquellos que dan vuelta un auto y lo prenden fuego. Adentro, en el Congreso, se da tratamiento a uno de los proyectos de ley más hostiles para la salud de nuestro país, que, por cierto, bastante debilitada se encuentra.
La casta, aquella que el Gobierno venía a destruir, es la que decide el futuro del país. Discute la Ley de Bases, el plan refundacional de Federico Sturzenegger que, si bien ha sido recortado y reducido en muchos aspectos, mantiene su esencia: una reforma laboral descomunal, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) que no es más que la entrega de los recursos naturales y la profundización del modelo extractivista con grandes beneficios para las corporaciones. Todo para blindar “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, como ha repetido hasta el hartazgo el presidente Javier Milei.
La casta no paga; cobra
Un breve recorrido en el devenir del DNU 70/2023 y la Ley de Bases encuentra sutiles coincidencias entre las discusiones sobre los proyectos, con sus idas y vueltas, y los aumentos destinados para senadores y diputados cuando supuestamente “no hay plata”.
En ese lapso, unos y otros aumentaron sus dietas de manera significativa: primero fueron los miembros de la Cámara Alta quienes en abril y luego de una votación a mano alzada lograron que sus sueldos superen los 4 millones de pesos brutos (sin contar los gastos de representación y desarraigo, ítems que conforman su sueldo). Pero, como si fuera poco, en mayo pasaron a cobrar 8 millones de pesos brutos (algo así como 5 millones en mano) por una actualización salarial, ya que sus sueldos están ligados a la paritaria de los estatales. Después fue el turno de los miembros de la Cámara Baja, quienes recibieron por parte del presidente de la misma, Martín Ménem, un aumento para que sus sueldos superen los 2 millones y medio de pesos.
Sobre este último aumento, cabe agregar que Ménem ya anticipó la primera de las cuotas justo una semana antes de que se llevara a cabo la sesión donde se terminó por definir la aprobación de la Ley de Bases en la Cámara Alta.
La casta aprueba, a cambio de prebendas
“Porque a uno le dieron una embajada no sé en dónde, a otro le dieron una rotonda, a otro no sé que le dieron… Y como decía Perón, se venden por chirolitas”, sostuvo José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación Argentina, mientras se llevaba a cabo una sesión maratónica antes de aprobar la Ley. Y si bien, en la mayoría de los casos de chirolas poco y nada, la frase es una síntesis de lo ocurrido en el Congreso. Porque antes y después de la aprobación, se registró la paga a cambio de votos.
«Tengo una muy buena noticia. Se reactivará la obra Rotonda sobre Ruta Nacional 22 frente a Choele Choel. Alberto Weretilneck gestionó esta obra, que avanzó en un 60%. Ahora avanzará el 40% restante. Me lo comunicó el administrador general de Vialidad Nacional este mediodía”, compartió en la red social X, el 24 de mayo, la senadora rionegrina Mónica Silva. Silva, lugarteniente del gobernador de Río Negro, era una de las apuestas del peronismo para voltear la ley, sin embargo, terminó votando por la positiva para que el empate en 36 fuera posible y pudiera definirlo Victoria Villarruel.
En esa línea, aunque mucho más grosera, se puede señalar el caso de la senadora neuquina por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Lucila Crexell, quien días antes de la votación recibió la oferta para ser designada como Delegada Permanente de la República Argentina ante la Unesco, puesto por el que cobraría alrededor de 12 mil dólares mensuales, con vivienda y todos los gastos pagos en París. Bien lejos de su Neuquén natal, donde, entre 1962 y 2019, el Movimiento Popular Neuquino, fundado por su abuelo Elías Sapag, ganó todas las elecciones y condujo los destinos de la provincia. “Es verdad. Hubo una oferta y hubo una aceptación”, declaró a los medios Crexell cuando su designación se hizo mediática, y fue, nada más y nada menos, que su tía segunda, Silvia Sapag, quien en plena sesión cuestionó su voto hasta preguntarse si no había nacido impugnado. Como si fuera poco, el abogado Federico Paruolo realizó una denuncia por cohecho y solicitó que se excluyera a la senadora de la votación, pero quiso el destino que, tras el sorteo, la denuncia quedara radicada en el Juzgado Federal 6 subrogado por Ariel Lijo, el mismo que fue postulado por el gobierno de Milei para integrar la Suprema Corte de Justicia.
Grosero fue también que, minutos después de que Villarruel desempatara y mientras en la calle quienes protestaban eran reprimidos, en el Boletín Oficial se publicara el Decreto 523/2024 por el cual el Ejecutivo deja en manos de la provincia de Entre Ríos la designación de los tres integrantes de la delegación argentina en el directorio de la empresa binacional que gestiona la represa de Salto Grande. Eduardo Kueider, senador entrerriano que ingresó al recinto por la minoría en 2019 por la lista del Frente de Todos, a cambio, votó de forma positiva.
Otro que siguió sus pasos fue el correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola. Dos veces senador de su provincia por el Frente de Todos y ex secretario de Deportes de Cristina Fernández de Kirchner, también votó a favor de la Ley de Bases, en general y en todos sus títulos. Al igual que el entrerriano, Kueider facilitó el quórum para que la sesión tuviera lugar. En este caso, la moneda de cambio fue el traspaso del control de la represa binacional Yacyretá de la órbita nacional a la provincial.
La casta que dice no ser casta, pero actúa como tal
No hay forma de que semejante ley, que mire por donde se la mire, arrasará con conquistas después de años y años de lucha, entre sin represión. Por eso los palos y las detenciones arbitrarias a quienes ejercían su derecho a protestar, a aquellos que, aunque con matices, saben que esta película se estrenó hace ya mucho tiempo y que termina mal. Tan mal, como indefectiblemente terminará el gobierno de Milei, que llegó al poder afirmando que “la casta iba a pagar el ajuste”, pero que a seis meses de comenzado su mandato, no sólo necesitó de ella, sino que, ¡vaya paradoja!, se sumó a ella.