Destrucción y ensanche en la avenida Paseo Colón
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prosigue una obra inconclusa de la Dictadura Cívico Militar
Cristina Sottile
La historia y la identidad de una ciudad están escritas en sus construcciones y sus calles, que son producto de la vida de quienes la habitan y transitan. Es por esto que cuando se quiere borrar un pueblo, una época, un pedazo de historia, se destruye el material donde están representados.
En este caso, se trata de las resistidas obras propuestas por el Ejecutivo de la Ciudad, que negando los deseos de los vecinos para con sus barrios, expresados en las Comunas y los Consejos Consultivos y en las propias calles, decide emprender el ya caduco e innecesario ensanche de la avenida Paseo Colón. Esto no es nuevo, en 2010 empezaron las movilizaciones en contra de esta pretensión urbanística, en 2011 la jueza Andrea Danas emitió una resolución precautelar, en base a derechos constitucionales, impacto ambiental, la Ley 123, y otros fundamentos.
Esta iniciativa del Gobierno porteño tiene un antecedente en la Dictadura Cívico Militar, durante la cual se promulga la Ordenanza Nº 33.366, sancionada el 14 de febrero de 1977, en la gestión del Brigadier Cacciattore, a cargo de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires por orden de la Junta Militar.
De haberse realizado esta pavimentación, hubiese quedado bajo el asfalto el centro de detención y desaparición “El Atlético”, que funcionaba en el sótano de un edificio de tres plantas ubicado en la avenida Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan, demolido para construir la Autopista. En este momento, las ruinas del edificio y el sótano son motivo de trabajos de investigación del Equipo de Antropología Forense de la UBA. El lugar fue declarado sitio histórico por la Legislatura porteña, según Ley 1794, y sede de un proyecto para la memoria de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.
Cuando se hace un listado de aquello que se “borra” con este ensanche, vemos edificios de la zona que incluyen instituciones tales como la Sociedad de Bomberos Voluntarios y Primeros Auxilios de San Telmo y Puerto Madero; la Escuela Taller del Casco Histórico; edificios habitados, como la casa Marconetti; y un mural realizado en 1999 por los vecinos, bajo la dirección del Profesor Omar Gasparini, con material proveniente de un conventillo que estuvo ubicado en Palos 460.
Hay otras dos instituciones en riesgo: el CAINA (Centro de Atención integral a la Niñez y Adolescencia, para chicos y chicas en situación de calle), y la Escuela Arancibia, que cuenta con desayuno o merienda, según el turno y un diseño curricular, pensado para que se pueda terminar primaria, aprender un oficio, acceder a talleres de arte, que cubre los derechos a la formación y a la mejor calidad de vida asegurados por la Constitución Nacional y también por la Constitución de la CABA.
Esta destrucción en serie pretende ser llevada adelante por la gestión macrista, para construir un “metrobús” (que no es tal, se trata de carriles exclusivos para los mismos colectivos de siempre) a lo largo de 20 cuadras.
Lo innecesario y la cortedad del proyecto, hace que debamos buscar explicaciones para las demoliciones y desalojos en otro lado: es acá cuando debemos recurrir al sentido y significado de lo que pretende ser borrado, sentido y significado que son adjudicados por las prácticas urbanas, y por la historia de la Ciudad.
Entonces vemos, casi con espanto, la coherencia ideológica de la destrucción. Una ciudad pensada para vehículos, no para habitantes, una ciudad que se piensa como lugar de negocios, no de vida.
Porque el sitio de memoria (El Atlético) está protegido y destinado a no olvidar, para que no se repita la Historia; la Escuela Taller del Casco Histórico, sistemáticamente vaciada por esta gestión, estuvo destinada a la restauración edilicia no solo en el Casco Histórico sino en edificios de época que lo necesitaran, conservando y difundiendo saberes que son preciados en el mundo. Con el corrimiento y reacomodación del mural de entrada a La Boca, resulta que ahora no es más la entrada a La Boca, es la escenografía de una plaza seca.
El desalojo compulsivo de la Casa Marconetti, que por otra parte debería estar protegida como bien patrimonial de la Ciudad, tiene que ver con otros desalojos en la Zona Sur; y este proceso compulsivo, que también es violencia de Estado, produce un desplazamiento económico de población: gentrificación. Es muy simple, hay lugares que valen mucho en la CABA, atractivos para el negocio inmobiliario porque además son baratos, pero tienen el problema de estar habitados. Entonces se inventan mecanismos que promuevan la desocupación: aumentos desmedidos de impuestos, desalojos por ensanches, incendios sospechosos.
Los desmantelamientos del CAINA y la Escuela Arancibia -esta última con la deuda de instalaciones que tiene la gestión actual con ella, ya que los terrenos de Catalinas Norte se vendieron para cubrir arreglos de la Escuela- tienen que ver con el recorte de derechos, con la instalación de mecanismos de exclusión, con la falta de respeto a los derechos de niños y niñas.
Todo esto, es violencia de Estado: la instalación de inseguridad sobre el lugar en que se vive, la amenaza sobre los lugares queridos, el borrado del paisaje urbano con su memoria, las intimaciones compulsivas que producen angustia, la desprotección deliberada a la franja de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los grupos más vulnerados de la Ciudad. Todo esto, además de ir en contra del espíritu de la Constitución, constituye una exhibición de fuerza, y un abuso de poder ejercido a través de los mecanismos de la democracia, que lo hace más perverso. La crueldad demostrada en semejantes políticas -que además pueden ir acompañadas de represión, no hay que olvidar el caso del Hospital Borda-, exhibe un alto grado de desprecio por la vida.
Por último, el nudo de la cuestión -más allá del lugar donde sucede y de lo que está en riesgo- es esto de proseguir en democracia aquello que se planificó en dictadura. Ya es suficiente apología del delito escuchar de boca del actual Jefe de Gobierno que “Cacciattore fue el mejor intendente de Buenos Aires”, como para agregar despropósitos destinados a la destrucción del patrimonio, la identidad y la memoria, que significa también la destrucción del tejido social y la transformación de la Ciudad en una cáscara, en un escenario apto para todo uso, donde sólo se construye a través de las leyes de mercado.
Corte para resistir el derrumbe
Esta semana, Macri decretó el desalojo del Edificio Marconetti de Paseo Colón 1590, de la Gomería Dunlop, Paseo Colón 1100. Corren el mismo riesgo las escuelas Arancibia y del Casco Histórico, el ex Centro de Detención Clandestino El Atlético”, un campo de deportes situado frente del diario Ámbito Financiero y el edificio de Paseo Colón donde funciona el comedor de la Asamblea de San Telmo, la Escuela de Psicología Social y la Sala de Teatro Osvaldo Bayer.
La destrucción de estos inmuebles dejará en la calle a muchas familias, en la ruina a pequeños comerciantes, sin clases a centenares de alumnos y que destruirá buena parte de la avenida, entre Carlos Calvo y Paseo Colón.
Las casi cuarenta familias que viven desde hace 30 años en el Edificio Marconetti, denunciaron estar siendo hostigadas por los funcionarios de Macri: “les cortaron el gas pese a que no hay deuda ni irregularidad alguna con Metrogas- en pleno invierno, con el argumento de que el desalojo es inminente. A Macri no le importa que allí vivan ancianos y niños, no le importa dejarlos sin cocinas, ni calefacción. Incluso los amenazaron con cortarle el servicio eléctrico y les colocan una consigna de la Metropolitana para hostigarlos en la puerta de sus hogares”, denunciaron los vecinos afectados que, cansados de pedir infructuosamente reuniones con funcionarios y ante la falta de respuesta de un pedido de informes presentado ante la Legislatura portña, decidieron cortar mañana viernes, la avenida Paseo Colón en su intersección con Humberto I a partir de las 13Hs
Comisión de Cultura y Patrimonio
Consejo Consultivo Comuna 7