Diez amigas para liberar a Belén
por Ximena Schinca
La primera condena que recibió Belén fue moral. Al cruzar las puertas del hospital de Tucumán, la joven de 27 años ya era culpable hasta que demostrara lo contrario. Desde entonces, Belén se cansó de repetir que no sabía que estaba embarazada, que menos aún tenía conocimiento de estar cursando un aborto, que no hizo eso que dicen que hizo, que es inocente, que nunca haría algo así. En su historia clínica, quedó registrado que Belén había sufrido un “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”, algo que con el transcurso de las horas y de la intervención de la policía y la justicia se transformaría en el supuesto homicidio agravado de un feto.
Porque el 21 de marzo de 2014, a las 3.50 de la mañana, Belén ingresó al Hospital Avellaneda por un dolor de panza, y nunca regresó a su casa. Hoy continúa presa en la Unidad Penitenciaria N° 4 de Tucumán, condenada a ocho años de prisión, tras un controvertido proceso judicial sin pruebas. Según el expediente, uno de los ginecólogos que atendió a Belén le advirtió que estaba teniendo un aborto espontáneo de 22 semanas. El paso del tiempo y de las autoridades modificó también la edad gestacional del feto encontrado en el baño de 15 a 32 semanas de gestación. Y luego, como si fuera poco, los libres de pecado arrojaron la primera prueba y enviaron al feto a una fosa común sin realizar los análisis necesarios para determinar la filiación.
“Primero hubo un pacto patriarcal que culpó a Belén por ser pobre y por ser mujer. Si estaba cursando un aborto, no la podían dejar ir al baño sola”, señaló Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, el lunes 18 de julio, durante una conferencia de prensa que brindaron una decena de organizaciones comprometidas con los derechos humanos y que se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
¿Por qué se ensañarían con Belén? La condena busca aleccionar a las mujeres en cuanto a su demanda a decidir sobre sus cuerpos, advirtieron las organizaciones durante la presentación de una acción conjunta inédita vinculada a una causa por aborto en la Argentina. Privada de su libertad en una sentencia que parece reunir todos los elementos de una causa armada, la joven tucumana resulta víctima de un entramado siniestro conformado por agentes del sistema de salud, la policía y la justicia para juzgar y condenar principalmente a las mujeres pobres.
“En cuanto a la violación del secreto médico, el caso expresa la selectividad del sistema penal ensañado en encarcelar a los mismos de siempre. Si la democracia aún debe a las mujeres el debate por el aborto seguro, legal y gratuito, en este caso la deuda se resuelve condenado a las mujeres pobres”, señalaron desde la Asociación Pensamiento Penal.
«La condena a Belén busca marcar un disciplinamiento hacia el conjunto de las mujeres cuando no se respetan derechos como el aborto no punible», señaló Soledad Sosa, diputada del Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT). También la directora de Amnistía Internacional Paola García Rey remarcó la falta grave del personal médico al violar el secreto profesional; “Las mujeres tienen miedo de acceder al sistema de salud por esos motivos”.
El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier coincidió y subrayó que “las mujeres con recursos se realizan abortos sin problema, y no asisten al hospital público. Se trata de un caso típico de violencia institucional contra la mujer, con una evidente discriminación hacia las mujeres pobres”.
A través del servicio médico, de las fuerzas de seguridad y de los operadores judiciales, Belén fue sometida a malos tratos y humillación. Tras el legrado, Belén fue internada en la sala destinada a madres y recién nacidos, citada a declarar como imputada, detenida y trasladada a la cárcel.
Ahora la Corte Suprema tucumana deberá resolver la apelación presentada por la abogada de Belén, Soledad Deza, que tomó la causa luego de que la joven fuera condenada tras una cuestionable defensa oficial que no cuestionó los hechos que se le imputaron.
“Extraño mi casa y mi vida de antes, pero siento que ya falta menos. Me llegan los mensajes de la gente y todas las cosas que están haciendo desde afuera para que yo esté libre. De todo corazón, muchas gracias por hacer que mi lucha sea la de ustedes”, escribió Belén en una carta con fecha 17 de julio, y que Marta Alanis leyó para dar cierre a la conferencia de prensa y continuidad al reclamo de #LibertadParaBelén.
Las organizaciones que participaron fueron Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina (IP Argentina) y la diputada nacional Soledad Sosa (Bloque Frente de Izquierda, Partido Obrero).
