El Derrumbe
“Todos estos años aprendimos que lo que nosotros deseamos no es lo que la Justicia nos puede dar”
por Federico Coguzza
Martes 27 de diciembre de 2022. Faltan 5 minutos para las ocho de la mañana. Suena el celular. Es un mensaje: “Buen día. Quería avisar que en el día de hoy, a las 10 hs en Suipacha 150, se cierra la causa del derrumbe de San Cristóbal que cobró la vida de Adrián Continiello Farelo. La fiscalía promueve el acuerdo de avenimiento cerrando la causa con juicios abreviados. De esta manera no hay condenas de cumplimiento efectivo, ni mucho menos el juicio por jurados que estaba programado desde el 6 al 23 de marzo de 2023”.
Norma, la madre de Adrián, lo escribe desde el tren. Luego combinará con el subte. Va camino a la que, quizás, sea la última audiencia de la causa por la muerte de su hijo. Desde agosto, dos o tres veces por semana, realiza el mismo recorrido en busca de justicia. La busca desde la tarde en que el edificio en el que vivía Adrián se derrumbó. “No nos dieron la posibilidad de ir a juicio. Sentimos que la Justicia nos soltó la mano”, escribe.
Los hechos
El 1º de abril de 2019, Adrián Continiello Farelo (32) se bañaba antes de ir a jugar al fútbol. Horas después fue encontrado sin vida bajo los escombros de su casa ubicada en Pavón 3078, en el barrio de San Cristóbal, que ocupaba junto a su novia y su cuñada. Vivía en el segundo piso de una edificación que contaba con otro departamento en el primer piso y un local en la planta baja donde funcionaba un supermercado.
La empresa Lybster S.A. había comenzado una obra en el terreno lindante con el fin de construir un edificio. El fideicomiso encargado del proyecto inmobiliario era propiedad de Flavio y Hugo Caputo, hermanos de Luis Caputo, ex ministro de Finanzas durante la presidencia de Macri.
Las denuncias de Adrián Continiello y otros vecinos fueron desoídas. Sus propiedades estaban sufriendo movimientos: rajaduras de paredes, rajaduras de azulejos, caídas de objetos y cuadros, hasta el hundimiento del piso.
La causa
Desde un principio, la causa fue caratulada como estrago culposo. Para la fiscalía, la muerte de Adrián se debió a la negligencia, impericia e imprudencia de la empresa constructora y la de demoliciones, como así también del funcionario público encargado de inspeccionar la obra.
La familia luchó por cambiar la carátula a estrago doloso, especialmente para dos de los imputados: la arquitecta Valeria Martini y el ingeniero Ricardo Nicolson, ambos de la constructora. Esto, a partir de la ley 6451, de 2018, significa que si una de las querellas, en este caso hay seis (la familia de Adrián, el supermercadista, el dueño del edificio, y otros damnificados por el derrumbe y sus consecuencias en otra construcción lindera), eleva el cambio de carátula o la condena, el juicio pasa a resolverse por jurado.
Luego del sorteo pertinente, la causa recayó en la jueza Carla Cavaliere. En diálogo con Periódico VAS, Norma, la mamá de Adrián, señaló: “Desde el 26 de agosto, cuando se designó a la Dra. Carla Cavaliere, tuvimos entre dos y tres audiencias por semana en Suipacha 150 trabajando en lo que iba a ser la preparación del juicio por jurados.
Porque cada querella tenía muchísimos testigos, para lo que se denomina presentación de pruebas y testigos. Las audiencias apuntaban a que cada una de las querellas acudiera con los testigos que fueran necesarios, intentando no abundar, sino más bien ser concisos, para no hacer un juicio extremadamente extenso”.
Y continuó: “Todo apuntaba a las pruebas, a lo que podíamos dar por probado, y aunque resulte paradójico, llevó mucho tiempo probar que la muerte de Adrián fue por un derrumbe, porque se cuestionaba si debía considerarse un derrumbe o que se cayó, o que se derribó, o que cayó parcialmente. Se trabajó todo este tiempo en esto: prueba y testigos, los más importantes y en función de nuestra postura como parte”.
Sin embargo, y luego de un breve receso, producto de la extensión de las audiencias que se superpusieron con viajes pactados por muchos de los abogados, algunos vinculados con el Mundial, el Ministerio Público Fiscal conformado por cinco fiscales al frente del Dr. Gabriel Unrein, hizo uso de la facultad que les compete y decidió la aplicación de avenimientos y suspensión de juicio a prueba para los imputados, que luego fueron homologados por la jueza Carla Cavaliere.
Al respecto, y en conversación con Periódico VAS, Norma afirmó: “Nos comunicaron que no estaban en la posición de que esto quede sin condena. Que dada la complejidad que tenía la causa, centralmente por el alto contenido técnico, iba a ser muy difícil de comprender para un jurado integrado por personas no especializadas en el tema. Más aún, si tenemos en cuenta que por la ley 6451 la sentencia dictada por el jurado (que debía estar compuesto por 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres) tenía que ser unánime. Con una sola persona que estuviera en desacuerdo, nos explicaron de la fiscalía, se caería la causa y lo más probable sería que ninguno de los imputados fuera condenado”.
Y agregó: “Además de estos argumentos, se suman los fallos que se contemplan como precedentes en causas anteriores como el derrumbe del boliche Beara, los del edificio en la calle Mitre y Libertad, incluso Cromañón, todos con carátulas culposas”.
Los imputados y sus condenas
En lo que respecta a los imputados y sus condenas, cabe aclarar que si bien se firmaron los acuerdos con la fiscalía, algunas de las condenas no están firmes y luego de la feria judicial serán apeladas. En esta situación se encuentra la arquitecta de la constructora, Valeria Martini, a quien el Ministerio Público Fiscal la condenó y ella firmó el acuerdo abreviado por dos años y 6 meses de prisión en suspenso, más de 5 años de inhabilitación para ejercer su profesión.
Lo mismo para el ingeniero Ricardo Nicolson, también de la constructora, porque la fiscalía decidió el advenimiento de juicio abreviado y lo condena a 3 años de prisión en suspenso, más cargas. Sin embargo, la familia apelará e intentará que en su caso se aplique la utilización de la tobillera electrónica para garantizar que al menos no se acerqué a la obra que hoy continúa en la calle Pavón.
También bajo condenas que no son firmes están: el ingeniero Eduardo Aguaviva; Sabrina Lorena Blans, la responsable de Seguridad e Higiene; y Norma Eugenia Mendes Simoes, la presidenta de la constructora, que está imputada en un juicio privado, ya que ni fiscalía ni la familia la imputaron, solamente dos partes de las querellas.
Por su parte, al inspector Guido Tirendi le dieron 2 años de condena en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer cargo público. Cabe señalar, que Tirendi estuvo en el lugar del hecho unas horas antes y no clausuró la obra (además de que se desempeñaba como inspector de obras teniendo solamente el secundario completo).
Por último. Para Ramiro Ramos, arquitecto de la constructora, y Osvaldo Becerra, arquitecto de Demoliciones Mitre, los fiscales firmaron la suspensión de juicio a pruebas. Cabe destacar que ninguno de los titulares de las agencias fue imputado, ni tampoco la inspectora que no clausuró la obra un mes antes del derrumbe.
“Todos estos años aprendimos que lo que nosotros deseamos no es lo que la Justicia nos puede dar. El estrago culposo, para mí, es una pena que conduce al crimen perfecto, porque tiene unas penas muy bajas. En los siniestros viales y mala praxis, la pena es muy baja, de 1 a 5 años, y si no tienen antecedentes, como en este caso, se reducen y quedan en juicios abreviados. Mientras no haya un cambio de leyes este tipo de crímenes terminan con condenas en suspenso. Si no hay un juez, una fiscalía que esté determinada a realizar un cambio, a tomar el compromiso de que esto debe cambiar, todo seguirá igual”, concluyó Norma, que junto a su familia a poco de cumplirse cuatro años del derrumbe que le costó la muerte a Adrián, y a pesar del “dolor profundo, infinito y para toda la vida” siguen luchando para que se haga justicia.
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*Ver nota: Historia de un derrumbe Periódico VAS 155