El sistema de inteligencia de EE.UU detrás de la Masacre de Trelew
por Laura Pomilio
A 50 años de la Masacre de Trelew, documentos desclasificados por organismos de inteligencia de Estados Unidos revelan el nivel de información con el que contaba la diplomacia de ese país sobre la persecución estatal y el intento de exterminio dirigido contra los sobrevivientes y sus familiares, como también contra quienes intentaron denunciar la atrocidad de los hechos cometidos en agosto de 1972.
Tras la fuga de militantes de las organizaciones ERP, FAR y Montoneros del penal de Rawson y el posterior fusilamiento de 16 de ellos en la base Almirante Zar de Trelew, en la Argentina tuvo lugar un proceso de seguimiento, desaparición y muerte de integrantes y allegados de estas organizaciones instaurado por organizaciones paraestatales de ultraderecha en 1975 y profundizado por el aparato represivo montado por la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983.
La proximidad de cada aniversario de la llamada «Masacre de Trelew» produjo un fuerte estado de atención y alarma en las estructuras militares, policiales y de inteligencia, períodos en los que se intensificaron las represalias y amenazas ante cualquier intento de visibilización de lo acontecido.
Da cuenta de ello un documento producido por el Departamento de Estado norteamericano en 1975 y cuatro archivos más de 1976, desclasificados recientemente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el FBI, todos emitidos durante el mes de agosto, justamente el mes de conmemoración de los fusilamientos de Trelew.
Un teletipo desclasificado por el FBI del 3 de agosto de 1976 detalló, por ejemplo, que un oficial del Servicio de Inteligencia Argentino (AAIS) había informado que en «numerosos documentos capturados por la AAIS de la organización terrorista argentina Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)» aparecía información de «actos terroristas con el fin de preparar dramáticamente el aniversario del así llamado Incidente de Trelew».
«El AAIS cree que la reciente eliminación de Manuel Roberto Santucho, Domingo Menna y de otros principales líderes del ERP, sumado a la captura de importantes documentos que revelan planes del ERP durante los diez días previos al 22 de agosto de 1976, puede hacer que los miembros supervivientes del ERP, que están básicamente sin liderazgo, aborten los planes concernientes a este período», se evaluó en dicho documento.
En tanto, un informe de la Embajada de EEUU en Buenos Aires a la Secretaría de Estado de Washington de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe de Estado de 1976, pone en conocimiento a la Casa Blanca sobre la realización de actos de violencia relacionados con «el terrorismo de derecha desde (José) Lopez Rega».
«El 14 de agosto (de 1975) terroristas de derecha, que operaban bajo la rúbrica ‘Comando Nacional Justicialista de Restauración’, asesinaron a la familia de Mariano Pujadas, un izquierdista que había sido asesinado en la ‘Masacre de Trelew’ el 22 de agosto de 1972», consignó el informe.
En dicho documento se informó abiertamente que el asesinato de los Pujadas, «ocurrido pocos días antes del aniversario de Trelew, se interpretó como una advertencia a los izquierdistas que suelen celebrar el aniversario con actos terroristas propios».
En otro telegrama de la embajada norteamericana, emitido en el mismo período, se alertó sobre una «ola de asesinatos por parte de la derecha» y de la «intención de la Policía Federal argentina de (llevar a cabo) represalias por la muerte de un oficial de policía a través del asesinato de un número de líderes terroristas argentinos».
«En Tucumán (2 de diciembre), terroristas de derecha también acribillaron hasta la muerte a Arturo Lea Place, padre de una víctima de la ‘Masacre de Trelew’, de 1972. El intento de (Lea) Place de esconderse en un auto fracasó y toda la familia, incluso la joven hija, fue asesinada», detalló el documento.
A partir del golpe militar de 1976 y la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, los documentos dan cuenta de la proliferación y profundización de actos de persecución, tortura, desaparición y muerte generalizados; entre ellos, a figuras vinculadas de una u otra forma a los hechos de Trelew.
Los sobrevivientes de los fusilamientos en la base chubutense Almirante Zar, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, militantes de Montoneros, quienes lograron dar su testimonio sobre los hechos y sus responsables, fueron perseguidos y desaparecidos por el aparato represor de la última dictadura cívico-militar.
En un cable de inteligencia desclasificado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del 27 de mayo de 1983, que lleva como tema declarado la «detención y asesinato programado de otro montonero», se dio cuenta del intento de los militares por «camuflar» la muerte de Haidar tras haber sido detenido e interrogado el 18 de diciembre de 1982.
En el documento se informó que «alrededor del 10 de mayo (de 1983) el servicio militar estaba casi terminando de interrogar a Haidar y se planeó que muriera en algún tipo de incidente público montado».
«Sin embargo, el servicio militar creía que había demasiada controversia en ese momento sobre otros montoneros que habían muerto en incidentes similares y se planeó esperar una semana más o menos hasta que ese interés público se desvaneciera antes de matar a Haidar», informó lisa y llanamente el cable.
Asimismo, se evaluó que era «probable que la fuerza militar involucrada sea el Ejército, que fue responsable de varios incidentes montados en los que murieron montoneros recientemente».
Quienes intentaron denunciar las atrocidades cometidas en Trelew y la violación permanente de derechos por parte de las Fuerzas Armadas fueron igualmente perseguidos y hostigados.
Tales fueron los casos del exdiputado Mario Abel Amaya y del exsenador radical Hipólito Solari Yrigoyen, reconocidos defensores de presos políticos, ambos víctimas de la detención ilegal y la tortura durante la última dictadura cívico-militar, en el caso de Abel Amaya torturado hasta su muerte.
De ello da cuenta un documento desclasificado por la Agencia National Archives, donde se brindó información biográfica detallada de lo ocurrido con Solari Yrigoyen con el fin de concertar un encuentro entre el exsenador y el subsecretario de Estado de EEUU para que pudiera informarles sobre «la situación en Argentina, que él ‘siente que no podría ser peor'».
En el documento se lo describe a Solari Yrigoyen como «un dedicado y valiente defensor de los derechos humanos» y que «esta defensa lo llevó a criticar públicamente al gobierno argentino en 1972, después de que varios presos acusados de terroristas fueran asesinados en la cárcel de Trelew tras una fuga de la prisión».
«El Ejército parece haber tratado de vengarse de Solari Yrigoyen al secuestrarlo en septiembre de 1976. Otra figura radical, Mario Amaya, fue secuestrado al mismo tiempo. El alboroto que siguió obligó al Ejército a reconocer que retuvo a Solari y Amaya, aunque este último murió pronto, según los informes, por tortura», detalló el documento.
Asimismo, se informó que Solarí Yrigoyen «aguantó mejor el trato que le infligieron» y que al querer ir a trabajar a Francia «el gobierno argentino supuestamente amenazó con dañar a sus hijos si aceptaba el exilio» en dicho país.
Los 24 documentos analizados por Télam forman parte del universo de 4093 archivos desclasificados y entregados por Estados Unidos a la Argentina en abril de 2019, acervo que el proyecto colaborativo Desclasificados, iniciado en agosto de 2019 por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, intenta visibilizar y facilitar su acceso a la comunidad en general.
Foto/ Fuente: Télam