El veto a la ley de financiamiento universitario
Una “victoria” que podría costarle cara al Gobierno
por Juan Pablo Costa
@juanpcostaok
El feroz ajuste sobre las universidades públicas tocó una fibra especial en gran parte de la sociedad argentina. Sin embargo, luego de varios rounds, el conflicto universitario no para de escalar. Mientras Milei parece decidido a dar una pelea político-ideológica contra la Universidad pública, la comunidad universitaria no retrocede y profundiza las medidas de lucha. Quizás sea momento de parar la pelota y analizar las raíces de un conflicto que amenaza con convertirse en un catalizador de todos los sectores afectados por la política económica, que no son pocos.
No es ninguna novedad el encono de Javier Milei con las universidades públicas. En reiteradas ocasiones las acusó de “lavar el cerebro” de los estudiantes por el hecho de estudiar autores como Karl Marx. Parece que para Milei no es importante que quienes se están formando en economía, sociología u otras disciplinas estudien a quien, posiblemente, desarrolló la crítica más potente del modo de producción capitalista.
Es posible que también haya algo de rencor. Quizás por haber estudiado en la Universidad de Belgrano, que ocupa el puesto 25 del ranking nacional, mientras los cuatro primeros lugares son ocupados por la UBA, UNLP, UNC y la UNR, todas universidades nacionales. Quizás por ello se hace llamar doctor, aunque no tenga estudios de posgrado, tan sólo un doctorado honoris causa del Instituto Universitario ESEADE, un ignoto y marginal centro de estudios de su amigo Benegas Lynch. Pero esto es una simple picardía al lado de las reiteradas (y probadas) acusaciones de plagio en la mayoría de sus publicaciones, provenientes de autores de todas partes del mundo (como para dejar en claro que se encuentran bien lejos de motivaciones políticas locales).
La génesis del conflicto
El primer round del conflicto se dio en el mes de abril, a poco del comienzo de clases, cuando las universidades nacionales plantearon un escenario de fuerte desfinanciamiento que hacía peligrar la continuidad académica. El día 23 de abril, alrededor de un millón de personas colmaron la Plaza de Mayo, el Congreso y todos los alrededores. Semejante multitud dejó en ridículo a la ministra Bullrich, que amenazaba con la aplicación del protocolo anti-piquetes, y al propio Milei, quien aseguraba que los pedidos de fondos eran un reclamo de la “casta” administradora de las universidades, metiendo en la misma bolsa al radicalismo, al peronismo, a sectores de izquierda, y a cientos de miles de estudiantes.
Pero ocurrió, para desgracia del presidente, que el reclamo era sentido por toda la comunidad universitaria e incluso por otros sectores sociales. Los sondeos de opinión pública reflejaron que la Universidad Pública Argentina (así, con mayúsculas) era la institución con mayor prestigio social. Y si bien es cierto que la Argentina es un país que va de crisis en crisis hace por lo menos diez años, también es un país reconocido por la excelencia de su sistema académico, de donde salen los profesionales para nutrir su sistema científico, otra de las instituciones argentinas más reconocidas.
La peculiaridad del sistema universitario argentino es que es predominantemente público, o sea que sus contenidos, su oferta académica y su sistema de extensión e investigación no están guiados por el lucro privado sino por objetivos científicos. Además, desde la Reforma Universitaria de 1918, las universidades nacionales se autogobiernan mediante Consejos Superiores integrados por docentes, graduados, estudiantes y trabajadores no docentes. Las universidades públicas, además, son gratuitas y libres, según estableció mediante un decreto el presidente Perón en 1949, es decir, no están aranceladas, pero tampoco tienen cupos restrictivos (que favorecerían un proceso de casta académica).
Estas características son las que posibilitaron un sistema universitario público de masas, distribuido en casi 60 universidades nacionales en todo el país. Hoy la matrícula de las universidades públicas cuadriplica a la de las universidades privadas. Este proceso de masificación tuvo un gran impulso entre 2007 y 2015, cuando se crearon dieciocho (¡18!) universidades nacionales, ocho de las cuales se radicaron en el Conurbano bonaerense. A contramano de las críticas de Macri y Vidal: “¡Qué es eso de universidades por todos lados!” (Macri) y “Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad” (Vidal), la creación de universidades públicas en algunos de los municipios más pobres del conurbano sumó nuevas posibilidades de movilidad social ascendente para las y los jóvenes.
Así, en las nuevas universidades se observan tasas muy altas de primera generación de estudiantes universitarios, como en la Universidad de José C. Paz (87%), Arturo Jauretche en Florencio Varela (86%), y las universidades de Hurlingham, Moreno y Almirante Brown (81%). Habría que consultarle a un especialista la definición estricta de movilidad social ascendente, pero si me preguntan a mí creo que estas tasas son un buen indicador.
Asfixia y veto
La estrategia del Gobierno fue iniciar un proceso de ahogo presupuestario. La medida concreta fue no actualizar las partidas presupuestarias, algo posible gracias a que no hay presupuesto 2024 sino que está vigente el del 2023 prorrogado. El efecto inmediato fue una notable licuación de los salarios docentes, además de comprometer seriamente el funcionamiento cotidiano de las universidades y hospitales universitarios. Esto último fue el detonante de la movilización de abril. Muchas universidades estaban al borde del cierre, sin poder pagar servicios públicos o efectuar mantenimientos mínimos.
Luego de la multitudinaria movilización, el Gobierno prometió un incremento del 270% de los gastos de funcionamiento, difundiendo la medida como un cierre definitivo del conflicto. Sin embargo, los gastos de funcionamiento representan tan sólo el 10% del total de gastos del sistema universitario. El otro 90% está compuesto por salarios docentes y no docentes, para los cuales no hubo respuesta. Por eso, si bien ese incremento postergó una crisis terminal, el conflicto quedó lejos de resolverse. Y el salario universitario perdió aproximadamente un tercio de su poder adquisitivo durante 2024.
En términos institucionales, el recorte impactó transversalmente a sectores políticos diversos. Y por esto se votó, con amplia mayoría en ambas cámaras, una Ley de financiamiento universitario que estipulaba una actualización por inflación de las transferencias a las universidades. No se trataba de un “aumento” del presupuesto sino de una norma que pretendía forzar al Ejecutivo a no desfinanciar el sistema universitario. Y lo notable fue el nivel de consenso logrado. El proyecto de ley unificó al peronismo kirchnerista y no kirchnerista, a parte del radicalismo y a otros sectores, como la Coalición Cívica y partidos provinciales. Del lado oficialista quedaron sólo el bloque de La Libertad Avanza y el proto-oficialismo del PRO. Así, de paso, el tratamiento de esta ley fue el certificado de defunción de Juntos por el Cambio, que situó en veredas opuestas a los viejos aliados.
Pero el presidente no se caracteriza por su atención a los procedimientos republicanos. El mismo día de la movilización universitaria anunció el veto a la Ley. Luego, los diputados no lograron juntar los dos tercios necesarios para ratificar la Ley a pesar del veto presidencial.
La motosierra a las universidades
Cuando se analizan los números del Presupuesto se advierte la gravedad de la situación: un 33% de recorte real —es decir deflactando inflación— durante 2024. En algunos casos el recorte se aproxima al 50%, como en la Universidad de Hurlingham (49%), Comechingones (43%), Rafaela (41%), Guillermo Brown y José C. Paz (43%). En el caso de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, el recorte es del 65%…
Otro de los elementos que despertó preocupación entre los rectores del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) fue la discusión del presupuesto 2025 presentado por el Gobierno en el Congreso. Allí, el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) proyecta una caída adicional del 5% en el presupuesto universitario para 2025, que podría ser aún más. Es decir, luego de un año catastrófico de caída de un tercio del presupuesto, se prevén más recortes para 2025. Sobre llovido mojado.
La caña y el pescado
Los recortes planeados por la gestión libertaria no terminan en las universidades, sino que afectarán a todo el sistema educativo. En 2024, se estima un recorte real del 46% del presupuesto del Ministerio de Educación. Y el presupuesto 2025 se mantiene casi constante en términos reales, con una suba marginal de cinco puntos, si es que la regla fiscal lo permite. Por eso el Gobierno propone en su presupuesto 2025 suspender la ley que exige una inversión educativa mínima de 6 puntos del PIB. Dicha inversión venía creciendo sostenidamente hasta 2015, cuando llegó a 6,4%. A partir de allí se inicia un camino descendente ratificado por la gestión libertaria.
Semejantes recortes educativos podrían resultar curiosos para algún observador ingenuo. Porque tanto la gestión libertaria como sus socios del PRO, sostienen —metafóricamente claro— que no hay que dar el pescado sino enseñar a pescar. Podríamos decir que podar los presupuestos educativos y atacar las universidades públicas es lo más parecido a pretender romper todas las cañas para que nunca nadie —o tan sólo una pequeña minoría— aprenda a pescar.
Victoria pírrica
Lo desarrollado hasta aquí quizás logre explicar por qué el ataque libertario a la universidad pública tuvo una respuesta tan contundente no sólo de la comunidad universitaria sino del conjunto de la sociedad. Los ejemplos abundan. Las decenas de miles de personas movilizadas no eran universitarias, pero aspiraban a que en un futuro sus hijas e hijos pudieran serlo. La solidaridad de personajes tan disímiles, de artistas y figuras como Mirtha Legrand. Los repudios a diputados y senadores que avalaron el veto presidencial. Y aquel colectivero indignado, que reconoció e increpó en un semáforo a Rodrigo De Loredo por no dar quórum en el primer intento de votar la emergencia universitaria.
El Gobierno puede festejar una victoria por haber evitado el rechazo legislativo a su veto, como Pirro de Epiro festejaba sus avances frente a las formaciones romanas. Pero hay victorias que son muy costosas y comprometen la estrategia de largo plazo, de allí la metáfora de victoria pírrica.
El Gobierno ganó, pero tocó una fibra muy sensible en la sociedad argentina. Una que amalgama la clase media con sectores trabajadores aspiracionales y cruza de forma casi transversal las sensibilidades políticas. Por eso, haría bien el presidente en dejar la autosuficiencia tuitera y leer a Pirro: “Otra victoria como esta sobre los romanos y pereceremos sin remedio”.