San Telmo, entre adoquines y policías
por Mariano Pagnucco
Una imagen vale más que mil viñetas: la niña Mafalda, sentada cómodamente en un banco de plaza, es rodeada por un nutrido grupo de policías dispuestos a romper la calma de la tarde con palos y escudos. Esa escena, similar a tantas que Quino (el creador de la heroína de historieta) ilustró para mostrar los problemas del mundo, fue uno de los momentos más violentos que se vivieron en San Telmo desde que estalló en enero un conflicto entre feriantes y autoridades porteñas. Pero esa escena es también una síntesis visual de lo que parece jugarse de fondo en el conflicto: la violencia estatal versus la cultura popular.
La feria de San Telmo se ha convertido con los años en uno de los atractivos más destacados para turistas y viajantes que andan por la Ciudad de Buenos Aires. La Plaza Dorrego, en Humberto Primo y Defensa, fue el punto de partida con un puñado de puestos de objetos usados que se instalaron en 1970. Con los años se expandieron los puestos, abrieron comercios de antigüedades y también se sumaron artesanos, artesanas y manualistas que le dieron un nuevo color a la feria.
La calle Defensa se fue colmando de propuestas culturales en una extensión de un kilómetro, entre el 50 (Plaza de Mayo) y el 1100 (avenida San Juan). Desde 2001 en adelante, los puestos con productos artesanales introdujeron en el barrio un dinamismo que potenció el atractivo de sus característicos edificios, iglesias y espacios históricos. Eso trajo también una mayor cantidad de locales gastronómicos, oferta hotelera y demás servicios turísticos. San Telmo se renovó y les dio a las agencias de viajes nuevos argumentos para «vender» la capital argentina.
Legalidad para unos pocos
A pesar de la circulación de turistas que ganó el barrio gracias a las propuestas feriantes, los comerciantes de antigüedades empezaron a presionar al Gobierno porteño (en manos del macrismo desde 2007) para despejar la calle de creadores y creadoras que afeaban el paisaje colonial. El espíritu legalista del PRO sintonizó con ese pedido -potenciado por su obsesión por el control del espacio público- y en 2011 la Legislatura porteña sancionó la Ley 2141.
La norma pretendía regular «el funcionamiento de las actividades feriantes» con permisos precarios para quienes estaban instalados de hecho en circuitos de ferias no legalizadas. En el artículo 2 está incluida la calle Defensa entre el 100 y el 150 y del 200 al 600 inclusive. Ese parche legal significó, por ejemplo, que el trabajo artesanal pasara de la órbita de Cultura a la de Ferias y Mercados. Además, exige que la renovación de los permisos sea una vez por año (a diferencia de otras ferias, donde los permisos son vitalicios).
La Legislatura dejó sin protección legal a las cuadras de Defensa entre el 700 y el 1000, donde también había decenas de artesanas, artesanos y manualistas trabajando. «Lo que hizo la ley es precarizar el laburo del artesano y el manualista», dice Sita Díaz, que tiene larga experiencia ofreciendo sus sahumerios artesanales en San Telmo y otros circuitos de la Ciudad. Con la excusa del control sobre los permisos, el Gobierno porteño avanzó también desplegando inspectores de Espacio Público a granel (hay quienes definen su rol como «provocadores» que ejercen un rol más policial que de control). Estos antecedentes sentaron las bases para que estallara el conflicto en el verano de 2019.
Adoquines exclusivos
El domingo 13 de enero, cuando los habitués de la cuadra de Defensa al 700 (entre la avenida Independencia y el pasaje Giuffra) llegaron por la mañana para instalar sus puestos de trabajo, el escenario habitual había cambiado. Además de un despliegue policial excesivo, en ese tramo ya estaban instaladas otras personas. Casi nadie estaba al tanto de que había comenzado a regir un acuerdo celebrado en privado entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa El Adoquín, que le otorgaba a un grupo de 220 feriantes representados por la cooperativa la posibilidad de trabajar allí.
Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga (joven desaparecido por la Policía Bonaerense en 2009), era una de las personas beneficiadas. «En una reunión se nos dijo que se había legalizado la feria, fue una alegría muy grande», contó sus primeras sensaciones en radio La Retaguardia a comienzos de febrero. Lo que Mónica y sus colegas cooperativistas no sabían era que el permiso para unos iba de la mano del desalojo de otros. El entusiasmo se disipó rápidamente y la presidenta de El Adoquín, Gabriela Olguín, quedó expuesta por una jugada que trajo más problemas que soluciones.
Desde ese domingo hasta hoy, el Gobierno porteño respondió con funcionarios de control y policías, sembrando una confusión que dejó sin poder trabajar ni a los cooperativistas legalizados ni a los y las feriantes de las cuadras del 800, el 900 y el 1000 de la calle Defensa, que pusieron en marcha estrategias de visbilización y resistencia. En esas tres cuadras «despejadas» de Defensa es, casualmente, donde están los principales comercios de antigüedades que se nuclean en la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo.
«En realidad son amigos de ellos mismos y del Gobierno más que de San Telmo», dice Sita Díaz sobre las verdaderas intenciones de quienes vienen exigiendo desde hace años que se ordene (a su favor) el espacio público. El presidente de la Asociación es Norberto Medrano, un señor con excelente predisposición a hablar con Jorge Lanata todas las veces que el periodista lo convoca a su programa de radio para amplificar la campana de los «amigos» de San Telmo.
La ley de la selva
No tuvo la misma repercusión en el programa de Lanata ni en otros espacios del Grupo Clarín la respuesta represiva del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ante el pedido de una solución de fondo para más de 300 personas que no pueden trabajar desde mediados de enero. Bajo el argumento de que había un acuerdo firmado, el Gobierno se retiró del escenario del conflicto y le pasó la pelota a El Adoquín. El resultado: un enfrentamiento de laburantes contra laburantes.
En el medio se vivieron escenas patéticas, como la jornada en que la Policía de la Ciudad desalojó a artesanos y artistas que querían dar talleres en la zona de conflicto. Ese domingo (17 de febrero), hubo violencia policial, incautación de elementos de trabajo, palazos y gases al por mayor y un saldo de 18 personas detenidas, entre ellas turistas que estaban de paseo. Y también ocurrió la escena mencionada al comienzo de la nota: la escultura de Mafalda, que forma parte del Paseo de la Historieta, rodeada de uniformados.
El asunto está ahora en terreno judicial, con amparos presentados para normalizar la actividad de los y las feriantes. Quien tiene la última palabra es la Dra. Romina Tessone del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1. Como antecendente, la jueza subrogante Patricia López Vergara se pronunció en enero con un fallo clarificador: “No se puede desconocer que en el contexto imperante además de tornarse imperiosa la posibilidad de trabajar a fin de subsistir, es preciso fortalecer los lazos sociales y no enfrentar a los trabajadores que llevan a cabo similares labores artesanales y manuales para procurarse una fuente de ingresos”.
A su vez, la presidenta de la cooperativa El Adoquín (que perdió a unos 80 cooperativistas cuando se conoció el acuerdo firmado con el Gobierno porteño) intentó subsanar el conflicto liberando los lugares conseguidos en la cuadra de Defensa al 700. Un gesto tardío que no ayudó a alivianar la situación.
La peste amarilla ataca de nuevo
¿Cuál es el verdadero trasfondo de este conflicto? Alejandro Cabrera Britos, presidente del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, habla de «culturicidio». Desde su lugar de artista callejero, sostiene que hay «un intento permanente de transformar el espacio público en privado en beneficio de unos pocos, ya sean los anticuarios de San Telmo o los amigos de la calle Florida».
Según Alejandro, las reformas del Código Contravencional, el despliegue policial y otras estrategias de control por parte del macrismo apuntan en una sola dirección: «Están tratando de aniquilar cualquier posibilidad de generar un ingreso económico informal en el espacio público». Las malas lenguas dicen que el proyecto del Gobierno para San Telmo es que la zona se pueble de food trucks y otras modalidades de explotación comercial. «Es una política de Estado, para el macrismo la cultura es una mercancía», dice Alejandro.
La teoría que defiende Sita es un diálogo con la historia porteña: la artesana habla de «la fiebre amarilla a la inversa». Así como «las clases más altas que vivían en San Telmo huyeron hacia la zona norte» cuando se produjo la epidemia en 1871 -dejando a la población negra, los inmigrantes y los sectores de menores recursos en el barrio-, de un tiempo a esta parte se observa un intento de ‘poner en valor’ el barrio con propuestas exclusivas para bolsillos abultados: «Hace varios años se está viendo la expulsión de las expresiones populares en San Telmo. Eso pasa en la cultura y en otros ámbitos. Las pensiones se reinventaron para convertirlas en hostels, que tienen otros precios».
En una carta abierta al jefe de Gobierno fechada en abril de 2019, Artesanxs Unidxs de la calle Defensa se preguntan: «¿Por qué defienden como rottweilers los jardines de los negocios privados y avanzan impiadosamente sobre los espacios comunitarios donde se expresa la cultura popular y se construye el folklore de los barrios? Es siniestro el plan de arrasar tres cuadras de la feria para entregarlo a sectores más poderosos».
«Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios», dice el artículo 32 de la Carta Magna porteña. Las callecitas de San Telmo, que desde enero están más pobladas de policías que de turistas, son una triste confirmación de que las leyes y la realidad no siempre se llevan bien. Lo mismo sospechaba la niña Mafalda.
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Nota relacionada: Artesanos y artesanas en lucha
Foto de Portada: Roberto Bernard