¿Está en riesgo la libertad de expresión?
por Miranda Carrete
El informe presentado a la Cámara de Diputados sobre los eventos de represión durante las manifestaciones en el Congreso revela una escalada de violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país. Durante los tres días de debate sobre la ley de “Bases” u “Ómnibus”, se registraron 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas resultaron heridas por golpes, disparos con balas de goma y gases lacrimógenos, y hubo agresiones contra 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos. La Comisión Provincial por la Memoria, en su rol de Prevención de la Tortura, junto con otras entidades, monitoreó la situación y presentó un informe a la Cámara de Diputados, instando a tomar medidas para evitar la repetición de estos hechos.
Además, se denuncian las modificaciones al Código Penal que restringen el derecho a la protesta social y otorgan más poder a las fuerzas de seguridad, cuya actuación se caracterizó por su arbitrariedad y violencia. El informe también destaca la presencia de agentes armados contraviniendo las normativas nacionales e internacionales. En respuesta a estas violaciones de derechos humanos, distintas organizaciones y sindicatos hicieron un llamamiento a tomar medidas urgentes para garantizar el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos en el país.
Las fuerzas de seguridad en las calles, arremetiendo contra el pueblo que quiere impedir el avance sobre derechos conquistados y adquiridos, es una imagen repetida en Latinoamérica y en otras partes del mundo, como también lo es la persecución a periodistas que pretenden informar sobre ese avasallamiento.
Periodistas, funcionarios y defensores de DDHH, denuncian que está en riesgo la Libertad de Prensa, a pesar de ser un derecho humano básico, hoy no se cumple. La historia de nuestro país demuestra que cuando el ajuste es feroz, la represión policial es una de las formas de llevarlo adelante. Estas actitudes amenazantes en las calles, en el discurso gobernante y en el uso de las redes sociales que hace Javier Milei y sus funcionarios, intentan amedrentar y en muchos casos acallar a quiénes están en desacuerdo. Las medidas son públicas y muchas parecen sacadas de una película bizarra, el presidente publicando en sus redes una foto propia, en la que se muestra como Terminator señalando enemigos: sindicalistas, militantes, diputados. Son jugadas que se van acumulando con un objetivo: instaurar el miedo en quiénes opinan diferente, en quiénes pretenden salir a las calles a luchar por sus derechos; reforzar el individualismo como proyecto de vida. Los agravios a los trabajadores de la cultura o a músicos forman parte de esta estrategia.
A partir de las acciones represivas durante el debate de la Ley de Bases, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció penalmente la represión dirigida contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos que cubrían la movilización frente al Congreso Nacional los días 31 de enero, 1ro y 2 de febrero. En colaboración con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la denuncia ante el Juzgado Federal 6 de Buenos Aires busca determinar responsabilidades por el violento ataque contra 35 trabajadores de prensa, quienes fueron agredidos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes mientras realizaban su trabajo. El ataque a la prensa es claro y preciso, un avasallamiento contra la libertad de expresión, que data de mucho antes de que Milei asumiera la presidencia.
“Buscamos que se determinen las responsabilidades del ataque deliberado contra los trabajadores de prensa”, expresa Martina Noailles, directora periodística de Sur Capitalino e integrante de SiPreBA. Tras la represión, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, responsabilizó a los periodistas por los ataques, alegando que no estaban identificados. Noailles asegura que esto no es así, incluso con pecheras del sindicato, remeras que indican “prensa” o las herramientas de trabajo en las manos como cámaras o micrófonos, las fuerzas de seguridad tiraron balas de goma a muy corta distancia, directas al cuerpo o a la cara. “Queremos que se determinen las responsabilidades”, exige Noailles y explica que la denuncia es por el delito de “lesiones leves y graves agravadas por abuso de la función del cargo; vejaciones privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida por funcionarios públicos; el uso de violencia y autoridad”. Con la represión se busca limitar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información, afirma la periodista y agrega “no podemos trabajar en estas condiciones, no quieren que mostremos al pueblo organizado en las calles”. La presentación apunta a investigar a efectivos de varias fuerzas de seguridad por estos delitos. Los trabajadores agredidos, provenientes de medios privados, públicos y autogestivos, fueron atacados de manera deliberada, incluso mientras transmitían en vivo.
Desde SiPreBA destacan la necesidad de respetar el trabajo de los periodistas y sugieren que los ataques buscaban restringir la cobertura mediática de los eventos. También denuncian el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión por parte del gobierno de Javier Milei, no sólo por la represión a los trabajadores de prensa, sino también por la intervención en el sistema público de medios para una posible privatización.
El periódico Sur Capitalino, una cooperativa de trabajo con 34 años en la Comuna 4 de Buenos Aires, recibió una amenaza telefónica el 25 de enero. El texto anónimo decía: “¡Che! Sur capitalino, ojo chikxs, me parece que no llegan a los 34 años de periodismo, ¡ojo! VILLARRUEL”. Según Martina Noailles, se trató de un ataque a la libertad de expresión que busca generar miedo: “No es un mensaje aislado, está en el marco de una violencia política creciente. Un discurso que, habilitado desde el Presidente, da lugar a los mensajes de odio. La firma VILLARRUEL tampoco es casual, remite a una cuestión represiva y de persecución”. La avanzada contra la prensa, la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, se da en diferentes aspectos: en el ámbito digital, con la represión en las calles, en la suspensión de la pauta publicitaria, la suspensión del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y en el intento de privatización del sistema de medios públicos.
Protocolo antipiquete
En diciembre del año pasado, la legisladora porteña por el Frente de Izquierda (FIT), Celeste Fierro, presentó una acción judicial para declarar inconstitucional y suspender el “Protocolo de orden público”, más conocido como “Protocolo antipiquete”. La demanda paseó por distintos juzgados hasta el 5 de febrero cuando, tras la represión, el juez Sebastián Casanello tomó la causa y exhortó al Ministerio de Seguridad a ajustar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites establecidos por el Sistema Constitucional de Derecho y los pactos internacionales de derechos humanos. “El Ministerio no puede pasar por encima de las facultades del poder legislativo y judicial”, señaló Celeste Fierro a Periódico VAS. Y explicó que, si bien no suspendía el Protocolo, la medida judicial ponía límites a la actuación de las fuerzas de seguridad, obligándolas a pedir la intervención de un juez o fiscal ante la sospecha de un delito. El Ministerio de Seguridad, por su parte, cuestionó la falta de legitimidad de Celeste Fierro y, tras varias dilaciones, consiguió desplazar la acción del fuero federal al criminal ordinario. La recusación del juez Casanello se produce luego de que el magistrado aceptara que las organizaciones defensoras de derechos humanos se presentaran como amicus curiae en la acción.
En esa línea, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires también se presentó como amicus curiae. “Es importante que la justicia determine a los responsables de los operativos de represión, también que declare la inconstitucionalidad de los protocolos que convierten en delito lo que es el derecho a la protesta”, manifiesta Martina Noailles. A estas acciones se suma la presentación de SiPreBA, ARGRA y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que denuncian al gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión básicos, tanto en la represión ejercida en las calles como en la intervención e intento de privatización del sistema de medios públicos.
¿Qué está en riesgo?
“Está en riesgo el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión, el derecho a organizarse y peticionar ante las autoridades, que está contemplado en nuestra Constitución y enmarcado en pactos y tratados internacionales”, responde con firmeza Celeste Fierro. Sin ir más lejos a fines de enero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó públicamente su preocupación por el Protocolo antipiquete. Comunicó que el mismo es ilegal y pidió al Gobierno que lo revise. El texto lleva las firmas de Clement Nyaletsossi Voule, relator sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación; Irene Khan, relatora sobre la promoción y protección del derecho a la libertad, de opinión y expresión; y Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas. El Organismo internacional sostuvo que las disposiciones del Protocolo no son compatibles con los estándares internacionales y aconsejaron a la ministra Bullrich que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”. El documento detalla y cuestiona, también, algunos aspectos del Protocolo como el derecho a la reunión pacífica, que considera esencial “para un sistema de gobierno participativo basado en democracia, derechos humanos, respeto de la ley y pluralismo”. También señala que el rol de las fuerzas de seguridad debería ser facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella convergen.
¿Cómo seguir?
“La prioridad es mantenernos organizados y en lucha; queremos que el Gobierno sepa que seguiremos en las calles”, afirma la legisladora porteña.
A pesar del intento de instaurar un régimen totalitario y antidemocrático, en las calles se observa una actitud militante y estratégica, incluso en los contextos represivos. Se establecieron postas de salud y talleres de autocuidado durante las manifestaciones. Además, se realizaron alianzas entre organizaciones sociales y sindicatos. Y hubo cientos de asambleas en los barrios generando conciencia y organización comunitaria, que evocan la resistencia histórica del poeblo desde los tiempos de las Abuelas de la plaza, la Carpa blanca docente, y la fuerte rebelión social de 2001, que derrocó al Gobierno neoliberal del presidente De la Rúa.
Fotos: Télam /Izquierda diario /AnRed