Infancias Fumigadas

por Mariane Pécora

En el primer volumen del libro “En busca del tiempo perdido”, Marcel Proust, describe cómo al empapar una magdalena en té resurge en su memoria el recuerdo de un ritual ofrecido por su tía cuando era niño, y cómo esta involuntaria reminiscencia del pasado no se desencadena en el intelecto, sino desde los sentidos. El sabor, el olor y la textura de un trozo de magdalena empapada en té, recrean para el autor el olvidado mundo de la infancia, y con ello la reconstrucción de un tiempo que creía perdido.

¿Qué reconstrucción del mundo de la infancia podrán hacer los 30 niñes wichis de la provincia de Salta que fueron impelidos a engullir magdalenas fabricadas con un refuerzo nutricional elaborado a base de soja preñada de residuos agrotóxicos? ¿Rememorarán el ruido de las topadoras arrasando el monte, la urgencia del hambre, el edulcorado sabor de la ponzoña? En este trozo de realidad se diluye toda literatura.

Hacia mediados de julio, el ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires autorizó la elaboración y comercialización de magdalenas fabricadas a base de harina de trigo, soja fortificada, proteína láctea, aminoácidos, vitaminas y minerales. Para el testeo de este “bloque nutricional” se utilizaron 30 niñes de la comunidad Wichi de Alto de la Sierra en la provincia de Salta, cuyo hábitat natural, el monte, ha sido arrasado por el agronegocio. Infancias hambreadas que, a criterio del endocrinólogo Antonio de los Ríos, principal impulsor de esta tecnología alimentaria, al cabo de un mes subieron de peso y mejoraron su condición nutricional. El mismo profesional que el año pasado, cuando oficiaba de Secretario de Salud de esa provincia, estigmatizaba las pautas culturales del pueblo Wichi, responsabilizándolo de la hambruna y mortandad infantil que padece, ahora dice haber descubierto la fórmula para mitigar su desnutrición; y pone todo su empeño en conseguir financiamiento para producir y distribuir este súper alimento en otras comunidades vulnerabilizadas. En su terruño cuenta con el aval del ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a cargo de su hermano, Mario de los Ríos, productor agropecuario y titular de la principal empresa de fumigaciones de Salta. En la provincia de Buenos Aires, con el consentimiento del ministerio de Agroindustria.  Es en este trozo de realidad donde paradójicamente la grieta se desvanece.

Masticar veneno
“Lo que están haciendo es una aberración. No pueden matar el hambre de les niñes con este producto porque, indirectamente, están envenenando sus cuerpitos. Este experimento fue implementado en Argentina en 2002, y no solo se probó escaso valor nutricional, fue contraindicado en niños menores de 2 años”, dice Sofía Gatica, cofundadora de Madres de Ituzaingó, organización cordobesa pionera en la lucha contra la fumigación con agrotóxicos en el país.

En una nota remitida a los ministerios de Salud de las provincias de Buenos Aires y Salta, la red de Médicos de Pueblos Fumigados y 85 organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de profesionales de la salud, denuncian que este testeo «carece de todo fundamento científico y sanitario, dado que llevó a cabo sin respetar ningún protocolo de investigación, sobre una comunidad hambreada por el avance del agronegocio sobre su territorio”; y exigen que frenen la autorización de este producto. Si bien, extraoficialmente, trascendió que se analiza retirarlo de circulación; la respuesta que recibieron de parte de ambas carteras es que carecen de competencia en el tema.
Este asunto trata, nada menos, que del paulatino envenenamiento que produce la carga de residuos agrotóxicos acumulados en la soja utilizada en la fabricación de “bloque nutricional”. Según las últimas mediciones, un kilo de poroto de soja transgénica contiene 96 miligramos de glifosato; herbicida que, entre otros males,  cerebral y produce cáncer en las infancias.

Agrotóxicos vs. salud infantil
“El efecto de los agrotóxicos sobre la salud infantil”, se titula el informe elaborado por la comisión ambiental de la Sociedad Argentina de Pediatría. Investigación que, como expresa su coordinadora, la médica pediatra Maria Gracia Caletti, “describe un problema de salud pública de gran dimensión en nuestro país, generado a partir del uso intensivo de pesticidas en la actividad agrícola, que no está siendo resuelto de forma adecuada”.
“El objetivo de este trabajo es brindar información actualizada sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud infantil, para la puesta en marcha de una Historia Clínica Ambiental, herramienta que facilitará a cada pediatra indagar sobre las condiciones de vida de los niños que llegan a los hospitales y sistematizar la relación de las patologías que presentan con el uso de pesticidas”, resume Caletti.

La fiebre del agronegocio
En nuestro país se desató en 1996, cuando la secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, autorizó el uso de soja genéticamente modificada, resistente al glifosato. Los altos beneficios económicos que conlleva este tipo de siembra intensiva, redunda en una mayor avidez de tierras cultivables; se arrasó así gran parte del monte nativo de las provincias de Salta, Chaco y el norte de Córdoba. En la medida en que este cultivo se intensifica, se incrementa también el uso del glifosato y otros pesticidas para contener las malezas. Mientras que en 1996 la dosis era de 3 litros por hectárea, en 2020 fue de 12 litros. El equivalente a unas 240.000 toneladas anuales, equiparable a una carga de exposición anual de 5 kg de glifosato por cada habitante del país, carga que se potencia en las áreas agrícolas. Actualmente, el cultivo transgénico abarca 30 millones de hectáreas de un territorio circundado por pequeñas ciudades o pueblos, donde viven más de 12 millones de personas y tres millones de niñes. Esta es la población que sufre la mayor exposición a los pesticidas que están en el aire, en el agua y en el suelo que habitan. La polución, tanto en ámbitos rurales como urbanos, es una de las causas de mayor presencia de enfermedades en las infancias.

Infancias fumigadas
El informe de la Sociedad Argentina de Pediatría indica que los efectos de los agroquímicos sobre la salud infantil se clasifican en términos de consecuencias de exposiciones agudas y crónicas, según se presenten en distintas épocas de la vida: antes del nacimiento, durante la lactancia, materna, por contacto cutáneo o por la ingestión de residuos de plaguicidas presentes en alimentos o en el agua que consumen.
La exposición prenatal a plaguicidas en bajas dosis, está asociada a efectos sobre el neurodesarrollo y se manifiesta en trastornos de atención, de aprendizaje, de conducta, en hiperactividad o en autismo. Entre un 25 y 30% de los alumnos de las escuelas situadas en las zonas con mayor exposición a agrotóxicos presenta alguna de estas patologías.

“El impacto de los agrotóxicos sobre la salud mental en las infancias es terrible, los estudios dan cuenta de que las neuronas crecen amputadas por efecto del glifosato -explica el pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez a Periódico VAS-, y no estamos hablando de infancias hambreadas, sino de las infancias de los sectores de clase alta de los pueblos sojeros”.

El contacto directo con los plaguicidas puede causar desde abortos espontáneos hasta malformaciones congénitas: tumores sólidos, cáncer cerebral, leucemia y linfoma en la infancia. “En las zonas fumigadas, el 50% de las muertes se produce por cáncer, mientras que en las ciudades esta estadística es del 20%. Los estudios dan cuenta de que los sectores más afectados son las familias de los productores sojeros, de los trabajadores agrícolas, de los agrónomos…”, añade Ávila Vázquez.

La tendencia en ascenso de episodios de asma bronquial y broncoespasmos en niñes y adolescentes se relaciona, también, con la constante exposición a sustancias químicas ambientales, como pesticidas.

La ruta del veneno
“Se puede producir de otra manera -dice Medardo Ávila Vázquez- , para hacerlo necesitamos políticas de Estado que prohíban el uso de sustancias tóxicas en la actividad agrícola. Se trata de implementar un programa para desalentar el uso de agrotóxicos, similar al de los países europeos; por eso desde la Red de Médicos de Pueblos Fumigados estamos trabajando para que la Sociedad Argentina de Pediatría adhiera a esta propuesta”.
En nuestro país, que posee una legislación muy laxa sobre el uso de los pesticidas, el ente encargado de su regulación es el SENASA. Este organismo, que depende del ministerio de Agricultura y sobre el cual ni el ministerio de Salud ni del Medio Ambiente tienen injerencia, carece de laboratorios propios. Es decir, valida los informes presentados por las empresas o toma clasificaciones elaboradas por otros organismos. Tampoco hace públicas las resoluciones que justifican el uso de estos productos. Es así como más de la mitad de los ingredientes activos de los pesticidas usados en nuestro país están prohibidos en países europeos. En 1996, cuando se aprobó la soja resistente al glifosato el SENASA, obvió la aplicación del Principio Precautorio, estipulado en la Ley Nacional de Ambiente; por ende, no se suspendió ni restringió su uso. Tampoco se puso en duda su clasificación toxicológica ante la creciente evidencia científica sobre los efectos dañinos del glifosato en humanos.

La lucha por la vida
Las primeras denuncias sobre patologías asociadas a la exposición a agrotóxicos se iniciaron en 2001, por un grupo de madres del barrio Ituzaingó -Anexo- de la ciudad de Córdoba; lindero a una plantación de soja transgénica. Sofía Gatica, que acababa de perder a su hija recién nacida a causa de una deficiencia renal, provocada por la exposición temprana a los agrotóxicos durante el embarazo, inició la cruzada. Junto a María Godoy y otras mujeres, cuyos hijos o familiares presentaban distintas patologías, encararon un relevamiento casa por casa. El resultado que obtuvieron fue contundente: la incidencia del cáncer en ese barrio era 41 veces superior al promedio nacional. Remitieron este estudio a la cartera de Salud provincial; no recibieron más respuesta que una descalificación: “Las locas de Ituzaingó”. Este apodo fue el puntapié que les dio impulso para conformar “Madres de Ituzaingó”, organización pionera en la lucha popular contra los agrotóxicos, que tejió alianzas con científicos, profesionales de la salud, grupos ambientalistas, asambleas ciudadanas y redes universitarias, nacionales e internacionales, para poner en agenda la discusión sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud de las personas, y en particular de las infancias. Un largo camino que se completará cuando recuperemos el verdadero valor de la vida.

Foto de portada:  Juan Pablo Barrientos

Descargar Informe de la Sociedad Argentina de Pediatría:
https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_efectos-agrotoxicos-07-21_1625686827.pdf

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