Informe anual sobre los Derechos Humanos en la Ciudad
“Las políticas implementadas por los ejecutivos nacional y porteño afectan más a la gente pobre, que ve sus derechos vulnerados día a día. Con medidas concretas en cada área, los gobiernos de Macri y de Rodríguez Larreta han vulnerado los derechos humanos de millones de personas”, señala el informe que detalla las violaciones a los derechos humanos comprobadas tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional por el Observatorio de los Derechos Humanos (ODH).
“La gestión de Horacio Rodríguez Larreta en su primer año como Jefe de Gobierno porteño no se ha apartado de uno de los grandes lineamientos PRO para la ciudad: La apuesta al sector privado, por medio de los negocios inmobiliarios y de obra pública. Los grandes problemas de la Ciudad, a pesar de su generoso presupuesto, son los mismos y no se registra ninguna mejora objetiva a los indicadores sociales de su población”, dice el escrito y destaca las restricciones a derechos humanos fundamentales como son: la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el derecho a la libertad, el derecho a huelga, el derecho a la comunicación y la cultura, los derechos de las personas migrantes y el derecho a la seguridad, entre otros.
“A nivel nacional, las medidas que afectaron estos derechos fueron: despidos masivos en el sector público y privado, veto a la ley antidespidos, cierre y desfinanciamiento de programas de promoción de la salud, reducción de medicamentos cubiertos por PAMI, falta medicamentos para tratamiento de HIV, desfinanciamiento de programas socioeducativos, la falta de construcción de viviendas sociales”, precisa el informe, y sostiene también que “En políticas de Memoria, es preocupante la cantidad de prisiones domiciliarias concedidas a genocidas condenados. Además, el Estado se retiró de su rol como querellante en determinadas causas y se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles en delitos de lesa humanidad”.
Otras situaciones que, según el ODH, han vulnerado los derechos humanos elementales son: la detención arbitraria de Milagro Sala, desarticulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creación de un lugar de detención exclusivo para infractores de la ley de migraciones, la presentación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, como también la no prohibición de parte intención del Estado Nacional del uso de las pistolas eléctricas táser, consideradas elementos de tortura. Situación de enunciada por el ODH ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
“En la Ciudad la continuidad con la gestión anterior, sigue redundando en la violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución local” señala el informe y enumera los casos:
– Hospitales públicos con servicios deficientes y sin mejoras de las instalaciones del sistema de salud.
– Incumplimiento de la Ley de Identidad de Género.
– Falta de vacantes en nivel maternal e inicial, falta de mantenimiento y renovación de infraestructura escolar.
– La amenaza de mudanza de la Escuela Isauro Arancibia que trabaja con personas en situación de calle.
– La población que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas: el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo el 5% disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. A esto se suma que los planes de urbanización anunciados “acarrean negocios inmobiliarios indisimulables”.
– La falta de controles sobre la seguridad laboral le costó la vida Matías Kruger, jugador de Futsal y trabajador del subte. Y la de cinco jóvenes en la fiesta “Time Warp” en el Complejo Costa Salguero.
– El Programa de Asistencia y Contención de los Querellantes y Testigos Víctimas del terrorismo de Estado sigue sin implementarse, a pesar de tener presupuesto asignado, no tiene personal asignado a esa labor ni difunde su existencia.
– El Ministerio de Cultura estuvo a cargo de un funcionario negacionista. Si bien el funcionario fue reemplazado de ese Ministerio aún está a cargo del Teatro Colón.
– A dos años de aprobada, la Ley de Centros Culturales aún no se ha implementado.
– La ley de creación de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires no incluyó la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios prohíbe la utilización de armas cuestionadas por el de la ONU, en especial las Táser.
– El Superior Tribunal de Justicia concedió a los agentes policiales la facultad de detención por averiguación de identidad, expresamente limitada por la CIDH.
– Se redujo al 50% el personal de la Dirección General de la Mujer y de los Centros Integrales de la Mujer (CIM).Este año se desfinanciaron los refugios para las víctimas y se incumplió la ley Nº 5.466 que preveía la creación de un CIM por comuna.
“Tanto a nivel nacional, como en la ciudad de Buenos Aires, comprobamos que se han restringido derechos. Sin embargo, ambas gestiones, han recalculado cuando se vieron acorralados por la respuesta de las organizaciones sociales y políticas. Esto hay que remarcarlo entre quienes defendemos los derechos con la Constitución en la mano. Si acertamos en estrategias y en unidad, se puede incidir y frenar los retrocesos. Y así avanzar hacia mayor cobertura de derechos y mayor respeto al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos”, finaliza diciendo el informe.