IRSA, Larreta y Costanera Sur
por Lisa Cargnelutti
El destino de las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicadas en la Costanera Sur, quedó en el centro del debate tras la suspensión en última sesión de la Legislatura del análisis sobre el convenio entre el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la empresa IRSA, que prevé la construcción de un barrio cerrado con torres de 45 pisos.
Mientras desde el Frente de Todos porteño rechazan esa construcción y proponen un «debate amplio» sobre el futuro del predio, organizaciones ambientalistas y no gubernamentales impulsan la creación de una reserva ecológica, teniendo en cuenta el impacto ambiental que produciría la construcción de un barrio privado.
«La visibilidad y la presión de la sociedad impidieron que el Gobierno porteño pueda avanzar» en el acuerdo con IRSA , dijo el legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña y explicó que desde su bloque proponen «un debate amplio sobre el destino de las tierras de la exciudad Deportiva Boca».
El oficialismo porteño -representado en la Legislatura local por el bloque Vamos Juntos (VJ)- pidió que, por una «decisión política», el convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e IRSA quede «reservado» para una discusión posterior, aunque estaba incluido en el temario de la sesión del jueves.
La iniciativa busca modificar las normas urbanísticas del predio, que tiene 71 hectáreas y está ubicado frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno.
Ese acuerdo autoriza el desarrollo inmobiliario de IRSA que prevé la construcción de edificios de hasta 45 pisos, en el marco de un proyecto denominado «Costa Urbana».
«Avanzar en un espacio de 75 hectáreas rellenado en el río, sin estudios de impacto ambiental, rodeado por la Reserva ecológica, el barrio Rodrigo Bueno y la central eléctrica costanera es muy peligroso», advirtió Barroetaveña y agregó que desde el FdT proponen «un debate amplio sobre el destino de las tierras de ex Ciudad Deportiva Boca Juniors, que incluya entidades deportivas y ambientales para lo que fue cedido de forma gratuita originalmente».
Los terrenos conocidos como ex Ciudad Deportiva fueron propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fueron donados al club Boca Juniors, a fin de que allí se construya un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.
Sin embargo, en 1997, IRSA adquirió esos terrenos por 50 millones de dólares.
«Tenemos una ciudad con un déficit de espacios verdes que resulta alarmante, no podemos entregar la costa ribereña para el desarrollo de un barrio privado», dijo Barroetaveña.
El convenio entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA) plantea modificar las normas urbanísticas de esas tierras ribereñas y, por eso, su aprobación requiere de una doble votación en la Legislatura y una audiencia pública entre ambas.
De aprobarse el convenio, a cambio de poder construir en altura, IRSA cedería al Gobierno de la Ciudad 41 hectáreas del predio, que serían destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estaría a cargo de la empresa por diez años.
Rodríguez Larreta ingresó este proyecto de ley a la Legislatura el 20 de julio último, pero, al día siguiente, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) presentó un recurso de amparo en la justicia local para frenar el debate legislativo.
En su presentación judicial, el ODC argumentó que era necesario un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de IRSA, antes de avanzar con la votación, y el juez Guillermo Scheibler hizo lugar al planteo al ordenar que se suspenda «precautelarmente el trámite».
Desde organizaciones tales como el ODC, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría del Laburante proponen la creación de una reserva ecológica en ese lugar.
Para el ODC, organización dirigida por el abogado Jonatan Baldiviezo, el proyecto inmobiliario de IRSA va en contra de la Constitución local, la cual ordena que se deben «preservar e incrementar» los espacios verdes en la ribera porteña, debido a su importancia para la calidad del medioambiente.
«El proyecto «Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II-Nuestro Río» no sólo pone en valor la importancia estratégica de recuperar el borde costero para mitigar ascensos del nivel de río, preservar los humedales y generar bio corredores que permitan la ventilación y el acceso de brizas desde la costa; sino que nos permite luego de casi 30 años recuperar estas 71 hectáreas de tierras públicas que estaban destinadas a un espacio recreativo», explicó María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.
En tanto, Alejo Caivano, abogado de La Defensoría de Laburantes, otra de las organizaciones impulsoras del proyecto de ley, analizó: «Tenemos que respetar el mandato constitucional de que toda la Costanera sea pública destinada a grandes parques y biocorredores».
«Puerto Madero es una tragedia urbana para nuestra ciudad. Podríamos tener una reserva mucho más grande y más parques en una ciudad con pocos espacios verdes», dijo.
En la última sesión de la Legislatura, realizada este jueves, el jefe del bloque oficialista Vamos Juntos, Diego García Vilas, dijo que el fallo de Schebler planteó un «conflicto entre poderes», ya que «la sanción de una ley es una competencia específica y exclusiva de esta casa», sostuvo.
Y agregó: «Es una barbaridad que un juez nos diga qué podemos debatir y qué no. Claramente, hay una intromisión del Poder Judicial en el poder Legislativo».
Luego, el diputado pidió que el proyecto, el cual estaba incluido en el temario para ser votado, sea «reservado en secretaría» para su posterior discusión, y aclaró que esa decisión no estaba motivada por el fallo judicial, sino que era «estrictamente política».
Respecto a esa decisión, el legislador Javier Andrade (FdT), consideró que «el proyecto fue reservado en secretaría a la espera de mejores condiciones».
Y advirtió: «Los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires tenemos que estar muy atentos para seguir defendiendo nuestro río y que no sigan avanzando con estos proyectos, que lo único que hacen es consolidar aún más las ganancias de los desarrolladores inmobiliarios, sin generar ni una línea de gestión para el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos y ciudadanas».