La Divina Comuna

por Mariane Pécora

El 31 de agosto se cerró el ciclo. Luego de varias idas y venidas, Roberto Salcedo terminó de leer el Informe de Gestión de los primeros seis meses de la Junta Comunal. La asamblea del Consejo Consultivo, es decir los vecinos de la Comuna 1, dieron por desaprobado el informe y sugirieron a Roberto Salcedo que tome licencia sin goce de sueldo hasta que la Justicia se expida sobre las denuncias de acoso sexual, laboral y malversación de fondos realizadas por María del Carmen Marone, ex empleada suya en la Comuna.

La Ley de comunas establece que el presidente de la Junta Comunal debe rendir cuentas semestralmente ante el Consejo Consultivo Comunal de las actuaciones de ese órgano colegiado. Eso es lo que intentó hacer Roberto Salcedo en el Museo de la Ciudad el 11 de agosto, cuando se hizo pública una denuncia en su contra por acoso sexual y laboral. El raid debió continuar el miércoles 25, pero una indisposición le impidió finalizar el informe, que terminó de concretarse el 31 de agosto en la sede Comunal. Nada de lo expresado por Roberto Salcedo conformó a los vecinos.

El hombre impermeable

Lo primero que llamó la atención de los vecinos fue la presencia de dos oficiales de la Metropolitana en el recinto. Lo segundo, el tiempo que les llevó a los juntistas del Pro trasladarse desde el 1º piso hasta la planta baja de la sede comunal. Cerca de las ocho de la noche (la reunión estaba convocada para las 19), los vecinos, tras librar una batalla verbal con los uniformados de la Metropolitana, que estaban en el lugar por “orden del Gobierno de la ciudad”, vieron descender a Salcedo y a los demás juntistas del Pro por la escalera. Salcedo, cabeza gacha y mirada esquiva. El salón estaba colmado y más de uno se tentó en aplaudir la entrada. “Se estaba maquillando”, comentó uno.

Dos preguntas quedaron pendientes la fría noche del 11 de agosto, antes de conocerse la denuncia de Marone. Salcedo debía informar a los vecinos sobre el personal contratado por él en la Comuna y dar la dirección exacta de las calles dónde se están  haciendo las obras de refacción de veredas. Nada más sencillo. Nada más inexacto.

“Voy a leer un escrito que me han preparado mis asesores” dice Salcedo, a la hora de argumentar sobre el primer pedido, y da lectura a un entramado jurídico donde se explica que debido a “la investigación que se está llevando a cabo tras la denuncia de público conocimiento”, no resulta procedente informar al Consejo Consultivo Comunal sobre “datos sensibles”, como la identidad de los contratados “toda vez que pueden ser utilizados para intimidar a los mismos.”

La denuncia contra el presidente de la Junta Comunal indignó a los vecinos. Repercutió en los medios de comunicación. Produjo comunicados de repudio de parte de los juntistas y llegó a la Comisión de Descentralización de la Legislatura porteña, que elaboró un pedido de informes al respecto. Pero no hizo mella en las autoridades del Gobierno de la Ciudad que, sistemáticamente, omiten pronunciarse sobre el tema, siguen fotografiándose con el juntista denunciado y no han abierto investigación alguna. Tampoco la Justicia llamó a Salcedo a prestar indagatoria, por lo que goza, según sus propias palabras, de la calidad “de denunciado, pero no de imputado”.

“Es contradictorio que haga alarde de que la Justicia nunca lo citó a declarar y luego se escude en una argucia legal para no decir, por ejemplo, que uno de los empleados contratados por él en la Comuna es su sobrino, y que otros dos están denunciados por el cobro de coimas”, dirá más tarde María del Carmen Marone a Periódico VAS.

Luego de escuchar la lectura del escrito, los vecinos sienten que el absurdo reina en la sala. “No queremos saber las identidades, queremos saber las tareas que desempeñan los contratados y cuánto cobran”, dice un vecino. “Es que no tengo la lista en la cabeza,” responde Salcedo y promete enviarla por mail de inmediato (hasta mediados de septiembre, ningún vecino la ha recibido). Alicia Vázquez, una mujer de carácter que preside la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Telmo, se planta frente al presidente de la Junta Comunal, micrófono en mano y va directo al grano: “No dés más vueltas. Tenés la oficina en el segundo piso, subí y buscá la lista en tu computadora”. Tras los aplausos, llega el asombro. Salcedo hurga en el bolsillo, desdobla un papelito y comienza a leer con ligereza.

El total de contratados asciende a 24 personas, varias con cargos sorprendentes para una comuna porteña. Una encargada de relaciones públicas (no dice con qué sueldo). Un encargado de relaciones institucionales con un sueldo de 16500 pesos. Dos asesores legales. Cuatro secretarias con sueldos entre 10000 y 9000 pesos Un encargado de control del espacio público que cobra 13000 pesos mensuales. Un contable con 12000 pesos de sueldo. Empleados de cuadrilla contratados por 7500 pesos. Y dos cargos (balbuceados por Salcedo, indescifrables) con sueldos de 8000 y 8500 pesos. Puede tratarse del encargado de prensa, de un cargo del sobrino de Salcedo o de algún inspector, especula alguien.

“¿No había empleados en la Comuna antes de que usted asumiera?”, pregunta un vecino. “Sí, claro. Los de planta…” responde Salcedo con un hilo de voz y sin más explicaciones. Luego murmura que es potestad suya contratar personal, para lo cual el Gobierno porteño le asignó tres millones de pesos, de los que lleva gastados más de la mitad. Lo cierto es que ningún vecino puede evaluar si es útil que el presidente de una junta comunal cuente con tamaña plantilla de personal, cuando el vecino desconoce la identidad de los mismos y no sabe si efectivamente prestan servicio. En cuanto al resto de los juntistas, tampoco tienen conocimiento del personal contratado que se desempeña en la Comuna. Dicen que es competencia de Salcedo, pese a que la Ley de Comunas, señala lo contrario[1].

Respecto de la segunda pregunta pendiente. No menos grotesca fue la explicación sobre las obras de veredas que se están realizando en la Comuna. No hubo una sola precisión. Tan solo la salvedad de Salcedo, que está en el periodo de inspección de las obras y no ha emitido, hasta ese momento parte de pago alguno.

En el mismo barro todos revolcados

Hasta acá llegamos, tratando de evitar el momento en que esta crónica se haga tediosa, aburrida o inconducente. El resto de lo sucedido el 31 de agosto está dicho al principio: Los vecinos desaprobaron el Informe de Gestión y exigieron la remoción inmediata y sin goce de sueldo de Salcedo, hasta que se resuelva su situación judicial[2]. Ese en fue el momento en que Salcedo manifestó que no tenía ninguna imputación en su contra, sólo una simple denuncia y que la Justicia no lo había citado todavía. Ni lo citará, se dice.

María del Carmen Marone, la denunciante, tiene una explicación para las convicciones de Salcedo: “Es un protegido de Angelici (operador político del PRO y presidente del Club Boca Juniors) y de Martín Ocampo, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a quien personalmente le escuché decir que podía armar y desarmar causas a su antojo”.

Lo cierto es que Roberto Salcedo ostenta cinco denuncias en el INADI, cuyo titular, Javier Buján, está acusado por fraude en la administración pública cuando se desempeñó en la Subsecretaría de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Buján, también se dice, es un protegido del presidente de Boca Juniors[3].

Al día siguiente de esta reunión, la Legislatura porteña votó sobre tablas el pedido de informes a la Comuna 1 por las acusaciones de Marone contra Salcedo. Ese mismo día el Pro consiguió los votos necesarios para aprobar la Ley de Blanqueo en la Ciudad. Los ediles del oficialismo pusieron precio a su voto: accedieron a aprobar únicamente la requisitoria por acoso sexual y laboral. No sobre malversación de fondos y corrupción. Y es justamente en la denuncia sobre acoso donde tambalea el planteo de Marone, que se sostiene únicamente con pruebas testimoniales. Una empleada de planta permanente advirtió a Periódico VAS que “todas las mujeres que trabajan en la Comuna declararán a favor de Salcedo”, tal vez por miedo a perder sus puestos.

Dos días después de esa reunión, María del Carmen Marone estaba citada a una mediación judicial por la denuncia sobre calumnias e injurias que Salcedo hizo en su contra. No se presentó.

A dos semanas de esa reunión, el Jefe de Gobierno porteño ha visitado al menos en tres oportunidades la Comuna 1. Se ha fotografiado junto a Salcedo en cada ocasión y ha omitido pronunciarse sobre la denuncia. Tampoco nadie interpeló a Horacio Rodríguez Larreta, porque las reuniones que hace con los vecinos son cerradas y exclusivas. Quien quiera participar en ellas debe acreditarse con la antelación suficiente para ser investigado. Otro problema es que de la cita la mayoría de las veces se entera por las fotos del día después.

La Constitución de la Ciudad se ha trasformado en una entelequia, algo que no puede cumplirse en el mundo real. No existe la participación ciudadana, ni la descentralización. Mucho menos el gobierno participativo al que aspiraba llegar esa Carta Magna. Existe sí, la burocracia, la mentira, el engaño. Un aparato infernal de propaganda política donde los funcionarios de turno se muestran.

Lo que pasa en la Ciudad se refleja en las Comunas y en los Consejos Consultivos Comunales (muchas veces copados por la militancia partidaria y sin participación genuina de los vecinos). Pero sobre todo se refleja en las Juntas Comunales. Los juntistas cumplen el trámite de elaborar sus informes de gestión como si fuera un sacrificio, renuncia o privación en favor de seguir gozando de los privilegios que les da estar un escalón arriba de nada, pero con dinero. No existe un compromiso con el vecino, con lo popular. Lo popular está mal visto. La palabra pueblo es un término peligroso en una sociedad mal informada.

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[1] Entre las atribuciones y obligaciones de la Junta Comunal la citada ley especifica que éste órgano tiene la potestad de “nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente.” Artic. 26, párrafo (f) Ley 1777.

2] Artículo 24 – Ley 1777.  Los integrantes de la Junta Comunal pueden ser destituidos por revocatoria de mandato o por juicio político realizado a través de los procedimientos previstos y fundados en las causales dispuestas en los artículos 67, 92 y siguientes de la Constitución de la Ciudad.

[3] Denuncia Penal efectuada en el mes de julio de 2016, por Maximiliano Carlos Ferraro, Facundo Del Gaiso, Romina Natalí Braga y Santiago Eugenio Espil, Diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Auditor de la Ciudad de Buenos Aires y miembros de la Junta Comunal 13 y 1 de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente.

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