La exclusión no para
por María Fernanda Miguel
La perpetuidad en el territorio porteño del PRO suscita preocupación debido a los beneficios exclusivos para el sector inmobiliario y empresarial, en detrimento del resto de la sociedad. Una situación que genera exclusión, especialmente entre los sectores más vulnerables.
“Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos, se apropian de algunos sectores de la Ciudad. Tenemos que levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino. Tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura frente a esa realidad. Son agresivos verbalmente”. No tergiversamos nada, estas fueron las palabras textuales del flamante Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, mientras lo entrevistaban para anunciar su candidatura.
En esa misma nota, realizada por Facundo Pastor en La Red, también afirmó que “hay alrededor de tres mil personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y un tercio de ellos, estadísticamente, tienen problemas de adicciones o de salud mental. Ahí tenemos que intervenir, porque son un riesgo para ellos o para terceros”.
No sorprende, teniendo en cuenta que tanto el Gobierno macrista como el de Larreta se encargaron de maquillar y ocultar problemas enormes para que la Ciudad quede embellecida para los turistas con dólares, que alquilan algún departamento a través de la plataforma AIRBNB que, por cierto, no está regulada. La prioridad siempre es y será la especulación inmobiliaria.
Según datos del censo anual del Gobierno porteño, este año aumentó un 34% la población de personas en situación de calle. Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, explica que esto se debe a que «Hay gente que no puede pagar ni el alquiler de una vivienda ni una habitación o que tiene que elegir entre eso o darle de comer a sus hijos». También, muchas familias se quedan en la calle a causa de la crisis económica que el país viene arrastrando desde el neoliberalismo.
Desalojo, ¿y después?
Desde 2021 hasta la fecha, más de 800 familias se quedaron en la calle sin ninguna respuesta de los organismos estatales. La emergencia habitacional es enorme. Ante este escenario, la respuesta del Gobierno de la Ciudad es rematar viejos edificios o beneficiar a los dueños de los hoteles familiares. Los mismos que, de un día para el otro, intentan deshacerse de sus inquilinos para vender el inmueble al mejor postor. Las historias de las personas que viven allí -en su mayoría, personas mayores con problemas de salud y niños- no importan. El último intento de desalojo que tuvo gran repercusión mediática fue el de la Casa Santa Cruz, ubicada en Parque Patricios, donde viven 600 personas en lo que era una ex fábrica de toallas.
El día 31 de octubre, los vecinos amanecieron con un operativo de 500 policías dispuestos a desalojar por la fuerza. Durante la madrugada los habitantes del lugar habían realizado una vigilia con la presencia de diferentes organizaciones sociales y referentes políticos. Pese a la tensión, se realizó una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes oficiales judiciales, representantes del Gobierno porteño, familias, y el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de CABA, con quienes se alcanzó un acuerdo para no desalojar a los habitantes del inmueble por seis meses. En este caso el Gobierno de la Ciudad se comprometió a pagar un canon al empresario hotelero Leonardo Ratuschny, dueño del edificio «Casa Santa Cruz 14», quien lo adquirió en un remate, durante seis meses, hasta encontrar una solución habitacional definitiva para las familias. En otras líneas, Horacio Rodríguez Larreta le dejó tarea a Jorge Macri evitando un escándalo en vísperas de entregarle el poder.
Mientras tanto, fuera de la repercusión mediática, se suceden otros desalojos.
¿La solución a la crisis habitacional siempre serán palos y a la calle, mientras los empresarios inmobiliarios se llenan los bolsillos?
La pobreza será multada
Mientras diferentes emprendimientos gastronómicos millonarios ocupan veredas de forma ilegal o evaden impuestos al no entregar facturas, o miles de edificios ociosos son utilizados para alquileres temporales sin regulación estatal, el Gobierno porteño pone un gran empeño en hundir más a los pobres.
A fines de octubre, la ministra de Espacio Público y flamante vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de ley que contempla la posibilidad de multar a las personas que saquen residuos o revuelvan los contenedores en la vía pública.
La iniciativa tiene como fin crear nuevas multas y actualizar las existentes en el actual Régimen de Faltas. Las sanciones económicas pueden ascender a la suma de 101.262 pesos. Pero la multa podría superar el millón de pesos en los casos en que «la infracción sea cometida por una persona jurídica», responsabilidad que recae en las cooperativas de reciclado urbano. También afecta a aquellas personas que revuelven la basura para buscar comida. ¿Cómo piensan que pueden pagar esas personas? ¿Le buscarán una solución real a su problema o los enviarán a la cárcel por el solo hecho de ser pobres?
Debido a la presión social y al reciente balotaje presidencial, el tratamiento del proyecto se mantiene frenado. Esto no significa que durante 2024 no se le dé curso, sobre todo teniendo en cuenta que en la Legislatura porteña tiene la mayoría del oficialismo y sus nuevos aliados, como son los representantes de La Libertad Avanza.
Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, UTEP, califican a esta iniciativa como un nuevo intento criminalizar la pobreza. “Sabemos que lo que verdaderamente esconde el proyecto es aumentar la persecución, tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado, como a los informales. Por eso exigimos que den marcha atrás con este proyecto, que cese la persecución y el secuestro de bolsones y carros por parte de oficina de fiscalización del espacio público -sobre todo en la zona de micro y macrocentro- y que el tratamiento de la basura se discuta de cara a la sociedad, con audiencias públicas, reuniones de asesores y convocatorias al poder ejecutivo”, indican
En tanto, desde la Cooperativa de Recuperadores Urbanos Madreselvas se preguntan: “¿En qué cabeza cabe que las autoridades de cualquier lugar puedan multar a una persona que está revisando un contenedor, ya sea en búsqueda de material reciclable, comida o ropa? Los pobres y los desamparados no son responsables de la situación de exclusión que les toca vivir, y una multa no va a cambiar esa realidad”.
La basura es un negocio ultramillonario, así lo reconoció Mauricio Macri en 2002, cuando todavía ardían los fuegos del argentinazo y ni si siquiera soñaba convertirse en Jefe de Gobierno porteño. En una entrevista con el diario La Nación, Mauricio Macri aseguraba: “Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Los recolectores informales no pueden estar en la calle. Los vamos a sacar de la calle”.
El diario Tiempo Argentino publicó en septiembre de este año un informe de la Auditoría General de la Ciudad sobre el funcionamiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, durante el año 2021, bajo la administración de Clara Muzzio, que revela una serie de irregularidades en las contrataciones con empresas privadas. Entre las principales se destacan la falta de licitaciones públicas, la asignación de seis de las siete zonas de trabajo a empresas privadas y el desvío de casi 300 millones de pesos a una Dirección del Estado incorrecta. Además, señala la dificultad para acceder a información ordenada y detalla otras irregularidades detectadas en un relevamiento anterior. Esta investigación da cuenta no sólo de que se firmaron contratos de forma irregular, también de que el Gobierno asumió gastos que no le correspondían, como el pago de vacaciones, salarios, insumos, la reposición de contenedores y la adquisición de equipamiento de las empresas privadas que gestionan la basura de la Ciudad.
Por otro lado, la Auditoría también certifica que en marzo de 2021 se incorporaron contenedores para la recolección de residuos sólidos, que no estuvieron sujetos a una licitación pública. Lo mismo pasó con las “modificaciones de microrutas, macrorutas, ruteos y trazabilidad sin la debida incorporación de nuevos equipos para su prestación”.
Lo cierto es que Gobierno de la Ciudad no da puntada sin hilo, por lo tanto, detrás de cada medida retrógrada, siempre hay un negocio que está protegiendo.