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La Justicia falló a favor de ATE
En un avance significativo para la lucha de los estatales contra el ajuste en el sector público impulsado por el Gobierno Nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con una medida cautelar para la reincorporación de trabajadores trans despedidos. Esta decisión ampara a los trabajadores que cumplen funciones en la Administración Pública Nacional, ordenando su inmediata reinstalación en sus puestos de trabajo.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, celebró la medida como una demostración de la ilegalidad de los despidos masivos impulsados por el Gobierno y resaltó la importancia de que el Poder Judicial actúe como garante de los derechos de los trabajadores, especialmente aquellos protegidos por tratados internacionales.
Esta es la primera resolución de este tipo durante la gestión de Javier Milei, aunque se espera que en los próximos días se puedan dictar nuevas cautelares en respuesta a las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato. Estas acciones legales se suman a las medidas de fuerza implementadas para hacer frente a las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado.
La reinstalación de los trabajadores trans despedidos no sólo garantiza su estabilidad laboral, sino que también reconoce el impacto negativo en su salud física, mental y en la cohesión social que generan estos despidos masivos. Rodolfo Aguiar subrayó la importancia de este fallo para revertir la pérdida de derechos que sufren tanto los trabajadores como la población en general.
Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad de ATE, destacó la complejidad de la situación y denunció la discriminación por parte del Gobierno Nacional hacia áreas vinculadas a género, diversidad y derechos humanos. Según Gambera, existe una política de ajuste selectivo e ideologizado que refleja una perspectiva discriminatoria por parte del Gobierno.
Este es un precedente que sienta las bases para garantizar el respeto al cupo laboral y desafiar el paradigma de binariedad heteronormativa que amenaza los derechos reconocidos en diversos marcos legales nacionales e internacionales. La decisión judicial reafirma la necesidad de velar por la igualdad y la inclusión en el ámbito laboral, en línea con los principios de no discriminación y respeto a la diversidad.