La represión avanza sobre lxs jubiladxs
Este miércoles, en los alrededores del Congreso, se desarrolló una nueva y masiva movilización de jubilados y jubiladas contra el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. La manifestación fue reprimida mediante un fuerte operativo ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde participaron Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, con el resultado de cientos de personas mayores heridas, gaseadas o apaleadas. Ante este escenario, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció a la policía federal por la virulencia de esta represión, destacando el descontento de los jubilados ante las políticas que limitan sus ingresos y recortan el suministro gratuito de medicamentos a través del PAMI.
En la presentación a la justicia, la CPM exige una exhaustiva investigación de los hechos para establecer las responsabilidades de los funcionarios que ordenaron las acciones denunciadas, las cuales contravienen las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La denuncia, presentada ante el juzgado federal número uno bajo la competencia de María Servini, busca justicia no solo para los jubilados, sino también para los periodistas y fotógrafos que sufrieron agresiones durante la manifestación.
Los hechos denunciados revelan un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La CPM documentó que los manifestantes, en su mayoría jubilados, fueron objeto de ataques desproporcionados que incluyeron gases irritantes, golpes con objetos contundentes, y la utilización indebida de tonfas. Entre los heridos se encuentran dos hermanos jubilados, uno de los cuales sufrió un corte en la cabeza, resultado de un golpe que también rompió sus lentes.
La CPM subraya que el accionar policial debe regirse por principios de razonabilidad y proporcionalidad. En este sentido, el documento denuncia que no hubo justificación alguna para el despliegue de tal violencia contra personas que se encontraban realizando una protesta pacífica. Además, la CPM señala que, incluso los reporteros que cubrían la manifestación no escaparon a este clima de represión, sufriendo lesiones y efectos adversos en su salud por el uso indiscriminado de gases irritantes.
La situación pone de manifiesto un problema mayor en la relación entre el Estado y sus ciudadanos, sobre todo en un contexto donde las manifestaciones sociales son parte esencial de la democracia. La CPM, presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, hace un llamado urgente a las autoridades para que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos, en especial de los más vulnerables, como lo son los jubilados en este contexto.
El papel de las instituciones es crucial para asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos. La CPM espera que la denuncia avive un debate sobre la necesidad de ajustar las prácticas policiales y garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas en manifestaciones pacíficas. Este caso no solo es una acusación específica contra la Policía Federal, sino también un reflejo del estado de las libertades civiles en el país y la importancia de mantener una vigilancia continua sobre el respeto a los derechos humanos.
A medida que avanza la investigación, la sociedad espera que se tomen acciones concretas que no sólo castiguen a los responsables de esta represión, sino que también prevengan futuras violaciones a los derechos civiles de quienes ejercen su derecho a la protesta.