¿Haciendo Buenos Aires?
¿Le Interesa al Gobierno de la Ciudad la Seguridad de los Vecinos?
Hasta el año 2000, las construcciones de la ciudad autónoma de Buenos Aires eran controladas por inspectores municipales. Durante décadas se detectaron innumerables irregularidades: mayores superficies y alturas que las registradas en los planos, invasión de los centros libres de las manzanas, incumplimiento de medidas de seguridad en la vía pública y linderos, roturas e invasión de veredas y calles con materiales, etc.
En función de estas irregularidades, el Gobierno de la ciudad decidió instrumentar un nuevo sistema de verificación. Creó el Registro de Profe-sionales de Obra (P.V.O), que cuenta con un Consejo Ejecutivo integrado por el Director General de Fiscalización de Obras y Catastro, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, la Sociedad Central de Arquitectos, el Centro Argentino de Ingenieros, la Facultad de Diseño y Urbanismo de la U.B.A. y el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Este Registro está integrado por profesionales matriculados que anualmente reciben charlas explicativas del sistema, así como de actualización de las normas municipales vigentes o modificadas recientemente.
A través de este sistema todas las obras son verificadas en cuatro etapas de la mismas por cuatro profesionales distintos que surgen de un sorteo transparente y abierto. El profesional designado mide absolutamente toda la obra, verifica su coincidencia con los planos aprobados y el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes. Firma sus informes y es responsable, junto a los pro-fesionales a cargo de la obra, de cualquier error u omisión que debiera haber señalado en el momento de la inspección. Como las sucesivas inspecciones de una obra son realizadas por profesionales distintos, cualquier contradicción es motivo de investigación, lo que diluye las posibilidades de arreglos inmorales. La experiencia de ocho años de funcionamiento (2000-2007) ha mostrado una enorme disminución de las transgresiones graves e intencionales. Se siguen encontrando imperfecciones pero suelen ser subsanadas en la inspección siguiente.
En el momento de la instrumentación de este Registro se fijaron como remuneraciones para las etapas 1 y 2 : $ 200, para la etapa 3: $ 250 y para la etapa 4: $ 300 que debían abonarse dentro de los treinta días.
A pesar de los reclamos de más de 1200 profesionales que forman parte del P.V.O. y de los Consejos Profesionales, los pagos se están haciendo con seis meses de atraso y nunca fueron actualizados los valores fijados en el año 2000. Al cierre de la presente edición los profesionales están haciendo una presentación en este sentido ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Lo curioso es que el sistema se financia por los constructores, resulta un porcentual insignificante de la obra, y no tiene costo alguno para el Gobierno de la Ciudad ni para los vecinos.
¿Cual es entonces el sentido de lesionar este Registro donde los profesionales que construyen, son controlados por otros que también construyen? ¿Molesta este sistema transparente que ha demostrado su eficacia? Si se abandona, los vecinos de Buenos Aires estarán más desprotegidos y sujetos a las arbitrariedades tradicionales.
Hugo Finkel, arquitecto