Lejos de San Martín: Derecho de Gentes y Genocidio
por Marcelo Valko
Recientemente, después de un largo año de devastación en Gaza, la Corte Penal Internacional emitió la orden para detener al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad (CNNenEspañol, 21/11/2024). Frente a tal dictamen del máximo tribunal del mundo, Javier Milei expresó su “profundo desacuerdo”. A lo largo de nuestra historia reciente, tuvimos desgobiernos entreguistas de diferentes calibres y gorilas de distinto tamaño y pelaje. Desde “relaciones carnales” en donde las violaciones no solo fueron consentidas sino alentadas, hasta afirmar que los patriotas sintieron “angustia” por separarse de la Madre España. Tuvimos leyes de gobiernos populares que firmaron decretos de “aniquilación” y otros que buscaron lavar aberraciones con leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Sobre estas cuestiones me interesa detenerme en nuestros orígenes como país y advertir que lejos y extraviados quedaron en el tiempo.
En el contexto de la Guerra Revolucionaria contra España, las tropas de la corona utilizan un accionar represivo de una crueldad inusitada. Buscan conjurar su terror ante la pérdida del Virreinato, infundiendo un terror mayor al que padecen. Numerosos oficiales realistas cometen todo tipo de abusos, feroces torturas y amputaciones de prisioneros, cuyos miembros acaban en picas colocadas a la vera de los caminos con el fin de amedrentar. Es decir, no respetan lo que por entonces se conoce como “el Derecho de Gentes” en la guerra. En el Alto Perú, el general Goyeneche fue particularmente cruel con los levantamientos de aquella región, como lo prueban sus instrucciones citadas por Mitre en la biografía que escribe sobre San Martín: «Obre con energía en la persecución y castigo de todos los que hayan tomado parte de la conspiración sin más figura de juicio que sabida la verdad militarmente (…) aplicando la pena de muerte a verdad sabida sin otra figura dé juicio… si es posible, no quede ninguno”.
En ese entonces, Manuel Belgrano captura al coronel español Antonio Landívar, uno de los comandantes más sanguinarios de Goyeneche que nada tendría que envidiar a los Grupos de Tareas que se desempeñaron durante la dictadura cívico-militar de 1976. El coronel Landívar se había destacado en el minucioso cumplimiento de las ordenes que establecían “si es posible que no quede ninguno”. Torturas, amputaciones y ajusticiamientos en caliente, “sin más figura de juicio a cuantos aprehenda con las armas en la mano”, sembrando de restos humanos los caminos, imponiendo terrorismo simbólico. Al ser capturado, Landívar es despachado a retaguardia, acompañado de fuerte custodia, destinada más que a evitar su fuga a protegerlo de la venganza popular. Inmediatamente, el general Belgrano le inicia una causa por violar el derecho de gentes. A poco de iniciado el sumario, se produce su relevo en el mando del Ejército del Norte; le toca a San Martín terminar de sustanciar el juicio donde señala: “No por haber militado con el enemigo en contra de nuestro sistema, sino por las muertes, robos, incendios, saqueos, violencias, extorsiones y demás excesos que hubiese cometido contra el derecho de la guerra”.
Durante el debido proceso legal que se entabla, Landívar cuenta, como abogado defensor, con un oficial de granaderos que actúa “con toda libertad y energía” y argumenta que el accionar de su defendido se enmarcó en “la inviolable obediencia que debía a sus jefes”. Antonio Landívar a su vez reiteró que su conducta se enmarcaba en la obediencia debida hacia sus superiores. En ningún momento demostró señal de arrepentimiento, desconociendo además la autoridad del tribunal compuesto por “subversivos” en un juicio que consideraba una farsa. ¿No les suena…?
El tribunal, después de efectuar un reconocimiento in situ de los lugares donde se cometieron los excesos y levantado los cadalsos donde se clavaron cabezas y brazos, emitió su sentencia condenando a muerte al coronel del Rey Antonio Landívar.
El 15 de abril de 1814, la sentencia ya había sido elevada al jefe del Ejército del Norte, quien tenía la facultad de revocar el veredicto. San Martín, después de leer el expediente, escribió de puño y letra una sola palabra. Tiempo después, el general le comunica al gobierno: “Los enemigos se creen autorizados para exterminar hasta la raza de los revolucionarios, sin otro crimen que reclamar a éstos los derechos que ellos les tienen usurpados. Nos hacen la guerra sin respetar en nosotros el sagrado derecho de las gentes y no se embarazan en derramar a torrentes la sangre de los infelices americanos. Al ver que nosotros tratábamos con indulgencia a un hombre tan criminal como Landívar, que después de los asesinatos cometidos aún gozaba de impunidad bajo las armas de la patria… creerían, como creen, que esto más que moderación era debilidad, y que aún tememos el azote de nuestros antiguos amos”.
El Caso Landívar, como dio en llamarse, es un ejemplo paradigmático de un delito de lesa humanidad que lo inicia Belgrano y concluye San Martín, máximos próceres del país, sobre un crimen aberrante que no prescribe, algo que viola las “leyes de la guerra” y el “derecho de gentes”, algo con lo que no se puede estar “en desacuerdo”. Tampoco se puede estar “en desacuerdo” con todo el resto del mundo que en la ONU dejó a la Argentina en total soledad al votar en contra de la cuestión de género y también contra la defensa y protección de los Pueblos Originarios, como votó recientemente el gobierno de Milei. Para finalizar, veamos como terminó el Caso Landívar. Cuando al general José de San Martín le elevan la sentencia de muerte contra el coronel torturador, se limita a añadir una única palabra nítida, contundente y ejemplificadora que proviene de los inicios de nuestra historia como país: “¡Cúmplase!”. Es lento, pero viene…