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¿Limitarán las prestaciones por Discapacidad?
por María Fernanda Miguel
En el mes de mayo, tomó estado público la existencia de un proyecto de decreto para desregular las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. La iniciativa generó inquietud en distintas organizaciones. Usuarios y familias se movilizaron para impedirlo.
Las prestaciones para personas con discapacidad garantizan su inclusión y acceso a una mejor calidad de vida. Estos apoyos, que van desde asistencia médica y rehabilitación hasta ayudas técnicas y subsidios, les permiten desarrollarse de manera más autónoma e independiente. Su desregulación pone en riesgo el acceso a servicios esenciales, produciendo un impacto negativo en el bienestar y la capacidad de participar plenamente en la sociedad.
Sólo incertidumbre.
Lucas es un adolescente de 15 años que tiene un retraso madurativo. Todos los días en el colegio lo espera Juliana, su maestra integradora, y luego tiene diversas terapias por la tarde que le proporcionan una mejor calidad de vida. “Esta es la rutina de todos los días, sin esto Lucas no podría haber avanzado todo lo que avanzó en estos últimos años. Por el momento le siguen cubriendo todo, pero no sabemos hasta cuándo y es algo realmente muy angustiante. No hay forma de que podamos costear las terapias de manera particular. Sin cobertura estaríamos retrocediendo como 100 casilleros”, le cuenta Luz, su mamá, a Periódico VAS.
Verónica es la mamá de Matías de 13 años. Viven en Villa Fátima en el barrio de Soldati. Matías tiene autismo y sus terapias no son una opción. “Soy mamá soltera y tengo dos nenes más. Si tuviera que pagar las terapias de Mati nos quedaríamos sin comer y seguramente endeudados. Sin el acompañamiento que tiene hoy no podría haber evolucionado. Dejarlo sin eso sería realmente una condena. No puede ser que estemos pidiendo que no nos saquen un derecho básico. La realidad es que todos los días vivo con el corazón en la boca, temo que algún día me digan que no podrá seguir con el tratamiento. Es terrible vivir con tanta incertidumbre”.
Las historias de Lucas y Matías se repiten en mayor o menor medida en miles de personas con discapacidad, que hoy no saben qué va a pasar con las prestaciones. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en nuestro país hay 6 millones de personas con discapacidad, de las cuales más de 200 mil necesitan tratamientos, terapias y traslados.
Un nuevo retroceso
La equiparación en las prestaciones se convirtió en ley en 1997, tras años de lucha de un conjunto de organizaciones civiles. La Ley Nacional de Discapacidad (24901) tiene como objetivo garantizar la atención equitativa a todas las personas con discapacidad a través de un único nomenclador de prestaciones que deben ser cubiertas de igual manera por las obras sociales y prepagas, evitando así disparidades en la calidad de la atención. Es decir, todas las personas reciben el mismo nivel de cobertura y acceso a los servicios y tratamientos, independientemente del plan de salud al que estén suscriptas.
El proyecto del Poder Ejecutivo intenta reemplazar el decreto que reglamenta la Ley Nacional de Discapacidad, a los fines de habilitar a los organismos públicos nacionales a fijar, de forma independiente y no vinculante entre sí, los valores arancelarios de las prestaciones incluidas o por incluir en el Nomenclador de Prestaciones Básicas.
Concretamente, el objetivo de esta iniciativa es desregular las tarifas, para que cada cobertura fije el valor a su conveniencia. Esto provocará que muchos prestadores e instituciones no den su servicio si los montos son bajos, algo que dependerá de la caja de cada cobertura.
De promulgarse este decreto, es probable que algunos prestadores elijan trabajar sólo con los organismos que ofrezcan las mejores tarifas, lo que podría limitar las opciones disponibles para los usuarios. Por otra parte, las personas con discapacidad enfrentan desafíos adicionales, ya que no pueden cambiar de cobertura de salud de un momento a otro, no sólo por los costos, sino también porque muy pocos proveedores aceptan nuevos afiliados con problemas de salud preexistentes.
Salir a la calle.
Tras tomar conocerse el texto del decreto del Poder Ejecutivo, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad convocó a una marcha federal para exigir que la normativa no sea promulgada. La mayor concentración de manifestantes se dio frente a la Quinta de Olivos, con una asistencia de más de 10 mil personas, y tuvo sus réplicas en varias ciudades del país como Rosario, San Miguel de Tucumán, Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Mendoza, San Juan y Salta.
Durante la movilización, presentaron un petitorio donde advierten que la diversidad de aranceles entre los efectores -los hospitales, centros de salud, etc.- puede generar un problema para los prestadores, quienes, para poder cubrir sus costos reales, probablemente decidan trabajar sólo con los efectores que establezcan un arancel que les permita brindar la prestación según sus exigencias. En este sentido, uno de los principales interrogantes que surgen es si los beneficiarios de aquellos financiadores que paguen menos accederán a las mismas prestaciones y calidad de servicios que quienes más pagan.
“La historia pre-Ley 24.901 nos indica que no será así, por eso nos mantenemos en estado de alerta y exigimos el cese de esta medida”, sugieren desde el Foro Permanente, en tanto que advierten que, de efectivizarse el controvertido decreto, “aproximadamente 200.000 personas con discapacidad y más de 150.000 puestos de trabajo se verían afectados”. A este complejo pronóstico se suma el vaciamiento que viene sufriendo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde despidieron a más de 300 trabajadores, muchos de los cuales son personas con discapacidad.
¿Hay esperanza?
Al cierre de esta nota, trascendió que el proyecto del Poder Ejecutivo se encuentra estancado en el circuito de firmas. Se devolvió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para modificarlo, dado que este organismo está facultado para decidir si el texto de la normativa es correcto o debe rectificarse. En definitiva, la estocada final está en manos del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos; tras su firma, la normativa entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial.
“Si bien podemos considerar esto una victoria parcial, ya que logramos mediante la masiva concentración en la quinta de Olivos el pasado 26 de mayo frenar su avance, nos mantenemos en estado de alerta porque las posibilidades de que el decreto se apruebe continúan siendo una amenaza para todas las personas con discapacidad y para los prestadores”, comunican desde la agrupación Prestadores Precarizados que nuclea a los profesionales que brindan acompañamientos y terapias a los pacientes que lo requieren.
Desde el Foro Permanente de Discapacidad toman los mismos recaudos: “Entendemos como una señal positiva la devolución del expediente a la ANDIS, pero continuamos atentos a los movimientos de dicho expediente ya que aún no ha sido dado de baja”.
Un paso más, gracias a la lucha.
En los últimos días de la gestión de Alberto Fernández, el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniel López, dejó como herencia la resolución 2484/2023 en la que se exigía que tanto los prestadores de servicios como las personas con discapacidad, accedan a una plataforma virtual para cargar las sesiones o consultas a través de un QR que determinará la geolocalización y, por lo tanto, el control de que la sesión se realizó en tiempo y forma. La misma se derogó en mayo cuando las organizaciones, familiares, prestadores y usuarios iniciaron una serie de acciones de repudio a la medida. Denunciando que no todos los pacientes tienen acceso a internet o a aparatos que le permitan escanear un QR. De hecho, si el paciente no podía hacerlo, perdía la sesión. Además, se interpretó como una persecución a los prestadores, porque muchas veces las sesiones o acompañamientos no se hacen en el domicilio pautado o no terminan en los 45 minutos estipulados en la aplicación.
¿La discapacidad es casta? ¿Por eso tanto ensañamiento?