Marcha del Orgullo y de la Bronca
por Cristina Peña
A pesar de las condiciones climáticas adversas, la energía y el espíritu festivo de la comunidad LGBTIQ+ nuevamente hicieron vibrar las calles porteñas, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, este sábado, durante la celebración de la 33° Marcha del Orgullo y, podríamos agregar, de la Bronca, por el fuerte mensaje político en repudio a los discursos de odio y al recorte de las políticas públicas destinadas a dar respuesta elemental a problemas de la población LGBTIQ+ por sufrir una discriminación estructural durante décadas.
Ni la temprana llovizna mañanera, ni los discursos de odio que ministros y voceros presidenciales pronuncian contra la diversidad sexual, resultaron un obstáculo para las miles de personas que acudieron a la convocatoria de la primera Marcha del Orgullo bajo la presidencia de Javier Milei. A cada paso, la diversidad se manifestó en todo su esplendor: banderas arcoíris ondeando, carrozas decoradas con los colores del orgullo y una atmósfera de celebración y protesta pacífica.
Aunque el gobierno nacional optó por la indiferencia, la solidaridad no se hizo esperar. Embajadas de 29 países en Argentina se unieron para expresar su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, demostrando que el espíritu de inclusión y respeto trasciende fronteras. Además, numerosos organismos municipales y provinciales se sumaron activamente a la organización y apoyo logístico del evento, destacando la importancia del compromiso local en la promoción de los derechos humanos y la igualdad.
La marcha no sólo fue una celebración, sino también un recordatorio poderoso de los desafíos que aún enfrenta la comunidad LGBTIQ+. Desde la lucha contra la discriminación hasta la búsqueda de igualdad de derechos en todas las esferas de la sociedad, los participantes reafirmaron su compromiso con la causa. En un contexto político y social complejo, donde la visibilidad y la voz son herramientas de cambio, cada paso dado en la marcha resonó como un acto de resistencia y avance hacia la plena inclusión.
Más allá de sus implicaciones políticas, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ es un evento cultural que trasciende generaciones y fronteras. En Buenos Aires, se ha convertido en un espacio de encuentro, reflexión y celebración, donde personas de todas las edades y procedencias se unen para compartir experiencias y fortalecer la comunidad. Desde manifestaciones artísticas hasta discursos inspiradores, el evento enriquece el tejido social al promover la aceptación y el respeto mutuo.
El camino hacia la igualdad es un compromiso continuo. La diversidad sexual y de género no es únicamente una realidad, sino también un valor que nos enriquece como sociedad. Con cada edición, la Marcha del Orgullo no sólo celebra los logros alcanzados, sino que también señala los desafíos pendientes y la necesidad de seguir avanzando hacia un futuro más inclusivo y justo para todxs.
Reparación histórica
En este marco, el viernes 1° de octubre, el Archivo de la Memoria Trans con el patrocinio del Centro de Estudio de Legales y Sociales (CELS), impulsó una acción de amparo para que el Estado garantice el derecho a la seguridad social de las integrantes del colectivo travesti trans mayores de 50 años, en reconocimiento y reparación integral ante la violencia institucional que sufrieron por décadas y que tiene consecuencias hasta el presente.
María Belén Correa, Lara María Bertolini pertenecientes a la organización Diversidad y Justicia, Marcela Ángela Saibek, Andrea Soledad Vargas, Candela Nicolosi, Nicole Valentina Chávez, Paula Ezkerra Rodríguez de T.A.E. (Trans Argentinas Exiliadas), Wanda Eliana Galeano de la Biblioteca Claudia Pía Baudracco, Ivana Tintilay, miembra de Puta Orgullosa, Alma Rosacintia Agüero, Patricia Alexandra Rivas de Históricas Argentinas Sobrevivientes, como también Dalia Silvana Álvarez Valverde y Romina Campo, son las trece mujeres trans que impulsaron esta medida judicial a raíz de la persecución, violencia y hostigamiento estatal que sufrieron por su identidad de género, desde 1950 a partir de los edictos policiales, aplicables a provincias y municipios, hasta 2012 cuando se sanciona la Ley de Identidad de Género en nuestro país.
«Se las criminalizó por sus atributos personales y no por sus prácticas. El dispositivo estatal se direccionó contra el colectivo que integran, en forma de detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se aplicaron edictos policiales y contravenciones, que posibilitaron un ecosistema represivo. Las fuerzas policiales avasallaron, en circuitos legales e ilegales, a quienes entonces eran en su mayoría jóvenes adultas, pero, también, adolescentes y niñas. Esto ocurrió durante la última dictadura y, con particular intensidad, desde 1983 hasta 2012», puntualizan en un comunicado, donde señalan que tanto la violencia institucional como las condiciones de discriminación estructural que padecieron marcaron sus vidas, relegándolas a la clandestinidad e impidiendoles derechos básicos como el acceso a una jubilación o pensión digna.
Esta situación no sólo afectó su seguridad y bienestar personal, sino que también limitó sus oportunidades de desarrollo personal, acceso a la salud, educación y una vida digna. Es por ello que solicitan al Estado argentino que reconozca esta realidad y amplíe los beneficios de la Ley 24.241 de “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, asegurandoles una prestación básica universal que compense históricas injusticias y promueva la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su identidad de género.