Morir por ser mujer
Femicidio, el cuerpo en la palabra
Hasta 2009, en Argentina, Femicidio era un término más en la jerga utilizada por un reducto académico y de militantes feministas, que intentaban difundirlo en territorios adversos. Con esa palabra, un pequeño círculo de mujeres y hombres denunciaban la naturalización en la sociedad de la violencia sexista más extrema: el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer que considera de su propiedad. Medios de comunicación y habla popular llamaban a lo mismo “crímenes pasionales”. Y la pasión era así un atenuante posible al momento de juzgar la responsabilidad del femicida.
La Justicia tampoco agregaba precisiones que desentrañaran la raíz de esa expresión de violencia; alguna idea sobre el origen de esa conducta que terminaba con la vida de cientos de mujeres al año. A oídos sordos del enfoque de género, las condenas se ajustaban a carátulas existentes y arcaicas, el Femicidio se confundía con el homicidio (simple o agravado), y la vista gorda corría el foco del aspecto más revelador: el carácter machista de esas muertes.
Y muchas morían. Morían por mano de sus esposos, amantes, novios, parejas o ex. Morían en sus hogares, en otras viviendas, en la vía pública o en un basural. Morían desoladas o frente a sus hij@s, familiares, amistades. Morían tras denunciar que estaban en riesgo y luego de la intervención judicial. Morían baleadas, apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas. Morían tras haber sido abusadas o por resistirse a serlo. Morían siendo muy jóvenes y también en la adultez. Las mujeres morían pero, en rigor, las mataban. Y las mataban por el hecho de ser mujeres. Y en general, las mataban sus parejas que creían – o estaban convencidos– que las mujeres eran su pertenencia, y que ellos tenían derecho a cualquier cosa, y que ellas.
Ellas, nada.
Si el relato suena desgarrador, los números son demoledores. Según cifras de La Casa del Encuentro –la ONG que lleva el único registro en el país-, entre 2008 y 2012, 1223 mujeres murieron víctimas de un femicidio. De ellas, 128 presentaban indicios de abuso sexual, 117 habían realizado denuncias y 33 estaban embarazadas. En su mayoría, los femicidas pertenecían al entorno familiar de la víctima: a un 37% las mataron sus esposos, novios, parejas o amantes; un 26% murió por mano propia de algún ex; en un 20% de los casos, el femicida era familiar/vecino/conocido; y en un 17%, no se informó vínculo con el victimario. Para 2012, en Argentina, una mujer era asesinada cada 35 horas, y cerca del 58% de las muertes se producían dentro del domicilio de la víctima. La pesadilla habitaba en sus propios hogares.
En el año 2008, ante la ausencia de estadísticas oficiales, La Casa del Encuentro comenzó a relevar los casos de femicidios según los datos publicados por los principales medios de prensa nacionales y provinciales. Y fue recién en 2010 que alguna cosa empezó a cambiar. Cientos de hombres siguieron matando mujeres. Pero ese año se supo; y por primera vez, en la ONG, sintieron que la prensa empezaba a escuchar otra voz. “Cuando presentamos el primer informe, los medios nos llamaban porque estaban muy confundidos. Muchos creían que homicidio se usaba si asesinaban a un hombre y femicidio si asesinaban a una mujer. El quiebre se produjo a mediados de 2009, y principalmente en los medios de Capital Federal. Porque aún hoy, en 2014, hay medios en las provincias donde continúan hablando de crimen pasional”, aseguró a este medio Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro.
También la literatura se está reescribiendo en este nuevo lenguaje que obliga a desandar viejas tramas. No sabía que a una mujer podían matarla por el solo hecho de ser mujer, pero había escuchado historias que con el tiempo fui hilvanando. Anécdotas que no habían terminado en la muerte de la mujer, pero que sí habían hecho de ella objeto de la misoginia, del abuso, del desprecio. Escribió Selva Almada en Chicas muertas (Literatura Random House, 2014), una no-ficción que recorre tres historias de jóvenes asesinadas en los años 80, en pueblos pequeños del país, cuyos crímenes nunca se resolvieron. Sobre la motivación para su último libro, recientemente, Almada dijo a la agencia Telam: “Ahora tengo 40 años y, a diferencia de las miles de mujeres asesinadas, sigo viva. Tengo que pensar que es sólo una cuestión de suerte”.
En esos mismos años que Almada recorrió desde la infancia hacia la adultez, alguna palabra se fue ajustando a las cosas. Cambiar las cosas. Eso ya es otra historia que aún no se escribe en papel.
De penas y olvidos
En noviembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley que castiga los crímenes motivados por su condición de género. El Femicidio no se incluyó como figura penal autónoma, sino como agravante para castigar con la pena máxima –perpetua- el homicidio de una mujer o persona trans cuando es perpetrado por un hombre, mediando violencia de género. Así las condenas se extendieron, pero se mantuvo el criterio: aquel que se aplica a los casos de homicidios agravados por el vínculo. La modificación se restringió al carácter punitivo y dejó en el olvido los cambios orientados a proteger, amparar y reparar el daño ocasionado.
“Nuestro objetivo fundamental era ponerle un nombre al delito que implica matar a una mujer por el hecho de serlo, basado en relaciones desiguales de poder, para después avanzar sobre la pérdida o suspensión de la patria potestad, sobre la determinación del régimen alimentario en el caso de que queden hijos o hijas huérfanas; conseguir una indemnización estatal cuando la mujer hubiese denunciado previamente y no se le hubiera dado la atención que el caso merecía, y afinar los recursos de control y sanción a los funcionarios y las funcionarias que intervienen en la ruta crítica de la violencia y que no le llevan el apunte a las mujeres”, explicó a VAS Perla Prigoshin, Coordinadora Nacional de la CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género) que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. “Nombrar al delito de otra forma tenía el objetivo de empezar a hacer visibles a las mujeres aunque sea cuando nos matan”, dijo y subrayó su desánimo por que el proyecto más integral duerme una larga siesta en los despachos del Congreso.
Según relevamientos de La Casa del Encuentro, desde la vigencia de la Ley 26.791, en los casos de intento de femicidio, la condena ha superado lo que antes era un intento de homicidio, y actualmente el agresor recibe entre 12 y 13 años de condena. Sin embargo, hasta el momento, sólo tres hombres recibieron prisión perpetua con condena de homicidio “agravado por el género”. Pero si las condenas demoran, los cambios de carátula siguen a la orden del día:
• El 12 de marzo de 2013, el cuerpo de Angélica Inés Gómez (26 años) fue encontrado semienterrado en un campo. Sus familiares habían denunciado su desaparición el 9 de febrero. El 20 de marzo, su pareja, Roque José Ibáñez (56), se entregó a la policía. El Agente Fiscal, doctor Sergio Manuel Terrón, había requerido el dictado de la prisión preventiva para Ibañez, encuadrando el hecho imputado como homicidio agravado por el género. El juez de Garantías Nº 1 de Junín, José Lucchini, convirtió en prisión preventiva la detención de Roque Ibáñez y modificó la calificación legal del hecho a “homicidio simple”. Angélica era madre de una niña de 5 años y un niño de 9.
• En mayo de 2013, el cuerpo de María Florencia Chanampa Saldías (16) fue encontrado desmembrado, en un pozo ciego de la vivienda de su tío político, René Eugenio Araya Saldías (42), quien fue detenido y procesado “como autor del homicidio doblemente calificado por la alevosía en el marco de la violencia de género de la joven”. En diciembre, la Cámara Penal atenuó la acusación al entender que no existió alevosía y que la condición de mujer de la víctima no fue lo que motivó el crimen. Saldías irá a juicio sólo por homicidio simple. Es la segunda vez que Saldías, cuñado de la madre de Florencia, va preso en una causa con la joven como víctima. Florencia era mamá de una niña de 1 año y meses.
“Quisiera ver un solo magistrado o magistrada que fuese sometido a juicio político o que perdiera su cargo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no tener perspectiva de género”, advierte la abogada Prigoshin.
La modificación del Código Penal no pretendía disminuir los asesinatos de mujeres. Y, lamentablemente, las cifras indican que las penas son necesarias, pero no suficientes. En 2013, se registraron 295 femicidios, un 16 por ciento más que el año anterior. El 63 por ciento fueron perpetrados por esposos, parejas, novios o amantes (38 por ciento) y ex parejas o ex novios (25 por ciento). El propio hogar siguió siendo el lugar más peligroso para las víctimas: el 52 por ciento de esas mujeres fue asesinada en su vivienda (79 casos) o en la que compartía con el agresor (79 casos).
“Los hombres no van a dejar de matar y de agredir por las penas porque se sienten con derecho. Los femicidas deben tener una condena fuerte, pero es necesario que se avance en una adecuada protección hacia las mujeres. El agravamiento es una herramienta para que los jueces y las juezas sean más justos en la aplicación de la pena y condenen por esos delitos en los que se agrede a la mujer por ser mujer”, nos dijo Enrique Stola, feminista, médico psiquiatra y miembro de la CONSAVIG. Es que aquí y en todos los países, aseguró, el poder judicial custodia las costumbres patriarcales y de dominación masculina: “Viene un largo camino para que la justicia incorpore la visión de género en su mirada cotidiana”.
De las penas a los hechos, queda un trecho.
Refugiad@s
El cineasta Diego Lerman pensó Refugiado como una “road movie doméstica, que narra un viaje, la fuga de una madre y su nene”. En su nueva película, los protagonistas, Julieta Díaz y Sebastián Molinero, huyen hacia un refugio que les brinde amparo contra la violencia que los amenaza en su propia casa. Para contar la historia, Lerman eligió el punto de vista del niño, víctima colateral de la brutalidad machista.
En 2013, la expresión más extrema de violencia sexista dejó 405 chicos y chicas huérfanos, la amplia mayoría de ellos menores de edad. “Son los testigos silenciados y en peligro, las víctimas colaterales del femicidio”, aseguró Ada Rico. Entre 2008 y 2012, la organización que preside registró que 1520 hijos e hijas perdieron a su madre, un 65 % eran menores de 18 años. En Por ellas…5 años de informes de femicidios elaborados por el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Marisel Zambrano, se lee: “Si la violencia de género es un ejercicio de poder y dominación, una de sus armas más letales es el afecto. En realidad, no se trata de afecto sino de un simulacro, la simulación del amor como una forma de ejercicio de poder. Es justamente esta estrategia la que deja indefensos a niñas y niños, intensifica el trauma de la violencia, del abuso y del Femicidio”.
Como víctimas y testigos, las hijas y los hijos que vivieron situaciones de violencia necesitan un contexto de amparo, sostén y afecto, que les facilite experiencias sociales reparatorias. También es esencial que la Justicia actúe con rapidez y que el Estado desarrolle los instrumentos de contención esenciales para que niñas y niños vivan libres de violencia. Por ellas…Por ellos.
Lugares donde cuidan a las mujeres
Las víctimas de violencia pueden solicitar contención y asesoramiento:
• Línea gratuita telefónica nacional 144, de contención, información y asesoramiento en violencia de género. Atiende consultas las 24 horas, los 365 días del año.
• Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista y Trata de personas de La Casa del Encuentro. Brinda orientación, información y asistencia a las mujeres, niñ@s y otras personas que se encuentren en situaciones de violencia sexista, explotación y trata con fines de prostitución, generando acciones de prevención e información en la sociedad. Teléfono: (0054 11) 4982-2550. Av. Rivadavia 3917, CABA.
• La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lavalle 1250. Trabaja durante las 24 horas, todos los días del año. Recibe en sus oficinas a las personas afectadas para elaborar un informe de riesgo, indicar los cursos de acción posibles y efectuar en cada caso las derivaciones pertinentes.