No fueron “excesos”, hubo un plan de exterminio
Veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de los centros clandestinos de detención conocido como ABO -Atlético, Banco y Olimpo-.
por María Fernanda Miguel
El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó, a principios de diciembre, a 25 años de prisión al expolicía Carlos Infantino y a los ex gendarmes Hugo Medina, Sergio Nazario y Miguel Lugo por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito denominado ABO. Fueron responsables de torturas, secuestros y violaciones contra 385 personas. Pero se dejó fuera del juicio los cargos por homicidios, pese al pedido de la querella y la fiscalía que los habían llegado al banquillo, relacionándolos principalmente con los vuelos de la muerte que se realizaban desde el aeropuerto de El Palomar.
Esta instancia estuvo a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Nicolás Toselli, quienes además absolvieron al quinto de los acusados, el ex gendarme Miguel Pepe. Por otro lado, también se rechazó el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos -entonces bajo la órbita de Horacio Pietragalla Corti-, querellante de la causa, que había solicitado que se reconociera la responsabilidad del subcomisario José Ahmed Estrada, fallecido antes del juicio.
“Quiero poner en evidencia que he sido víctima de una fábula guionada con el propósito de perjudicarme. No tuve ninguna participación ni conocimiento de los hechos que se me imputan. No se pudo probar mi autoría en los delitos por las falsedades y mentiras esbozadas. Es peligroso estar tanto tiempo impulsando relatos de agravios, ataques y descalificaciones personales que van formando una cultura simbólica de desprecio social”, expuso el ex gendarme Sergio Nazario ante los jueces.
Por su parte, Hugo Medina también se defendió: “En todo el proceso no existe prueba concreta sobre las actuaciones que se me imputan. No hay peor condena que la que puede recibir un inocente. Esa es mi situación en esta causa. En este proceso, escuché sobre crímenes horrorosos en los que nunca tuve participación, conocimiento y mucho menos pude ordenar. Soy inocente y me siento agraviado. No está probado que estuviera en el Olimpo porque nunca fui convocado a ese lugar”.
A pesar de estos testimonios, en los que se declaran inocentes, las investigaciones realizadas dan cuenta que Sergio Nazario y Miguel Lugo, ex miembros de Gendarmería, fueron integrantes de la patota y la guardia del Centro Clandestino de Detención y Exterminio Olimpo, donde el ex comandante de Gendarmería Hugo Medina era su superior y el encargado de designar el personal para el funcionamiento del lugar. Por su parte, Carlos Infantino se desempeñaba como oficial en el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal y en el Departamento de Situación Subversiva de la Policía Federal. Con respecto a Medina, la fiscalía expuso que “seleccionó, designó, facilitó y supervisó recursos humanos de Gendarmería Nacional para llevar a cabo la ejecución de los hechos ocurridos en el Olimpo”.
Este es el quinto juicio que se realiza por crímenes en el circuito ABO y el sexto tramo de la causa que llega a debate. Los juicios comenzaron en 2010 y fueron condenados 27 represores y 3 fueron absueltos.
El ABO estaba comandado por el Primer Cuerpo del Ejército y existían dos grupos que pertenecían a la Policía Federal Argentina y al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. El denominado “Club Atlético” funcionaba en Av. Paseo Colón 1266; “El Banco” a unos doscientos metros de la intersección de la Autopista General Ricchieri y el Camino de Cintura en La Matanza, y “El Olimpo” en Ramón Falcón 4250, en el barrio de Floresta, CABA. Se comprobó el funcionamiento de este circuito desde principios de 1977 hasta principios de 1979.
Cuando el Atlético, un edificio imponente de tres plantas, fue demolido para dar lugar al trazado de la autopista Richieri, trasladaron a todos los detenidos al Banco mientras acondicionaban el Olimpo, que fue el destino final de muchas de las víctimas que por allí pasaron hasta el año 1979, cuando fue desmantelado.
Testigos desde adentro
Omar Eduardo Torres y Federico Talavera. Entre 1978 y 1979, el gendarme Omar Eduardo Torres fue destinado a realizar guardias externas en el Olimpo. Para el juicio, declaró en calidad de testigo y detalló todos los crímenes realizados por sus superiores. También afirmó que existía un registro de los nombres de las personas que por allí pasaban. Y además fue testigo directo del asesinato de la militante Lucía Révora, madre de Eduardo Wado de Pedro quien al momento del secuestro tenía 2 años. Torres contó con muchos detalles de qué manera fue fusilada. Los relatos son crudos y pueden escucharse en el sitio de La Retaguardia que cubrió todo el juicio. Por su parte, Federico Talavera era chofer y reveló que lo hacían trasladar detenidos hasta El Palomar o Aeroparque, donde luego eran subidos a los aviones que se utilizaban para los vuelos de la muerte.
Ambos testimonios fueron claves para conocer el funcionamiento del circuito, quienes eran los jefes que mandaban en este circuito y de qué manera operaban.
Las marcas del horror en el cuerpo
Antes del ballotage de 2023, el subte fue el medio que muchos eligieron para expresar su miedo y descontento ante la avanzada de la ultraderecha en nuestro país. Una de esas personas fue Anita Careaga, hija de la sobreviviente Ana Careaga, detenida en 1977 cuando tenía 16 años y cursaba un embarazo de 3 meses. A través de su relato, muchas personas se enteraron del horror sufrido por su madre en el Club Atlético.
Durante el juicio de 2010, Ana contó cómo fue brutalmente torturada, haciendo hincapié en los crímenes sexuales a los que eran sometidas la mayoría de las detenidas. El uso sádico de la picana en las zonas genitales da testimonio de que no había ninguna clase de límites. Sabían perfectamente lo que querían hacer. Ana logró recuperar su libertad a los tres meses y tuvo a su hija en el Exterior, donde tuvo que exiliarse. Las marcas en el cuerpo son muchas, las de su memoria todavía más.
Pero el horror no termina ahí, porque mientras Ana estaba exiliada se enteró que su mamá, Esther Ballestrino de Careaga, había sido secuestrada y desaparecida. Esther fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y además fue una de las integrantes del Grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, de donde también desaparecieron Azucena Villaflor y las monjas francesas.
Organización para la memoria
Ana María Careaga y Miguel D’Agostino -otro sobreviviente- fueron claves para reconstruir de manera exacta cómo era el Club Atlético y los lugares que transitaron mientras estuvieron detenidos. Como se mencionó anteriormente, este lugar fue demolido por el trazado de la autopista 25 de Mayo entonces muchas pruebas quedaron sepultadas.
Lo que se sabe es que las personas secuestradas eran llevadas a este lugar con los ojos vendados y luego las obligaban a bajar por una escalera que las llevaba a un subsuelo muy estrecho en donde les quitaban sus pertenencias, las desnudaban, se les asignaba una letra y un número y luego eran torturadas.
En 2002 la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad autorizó al equipo de Arqueología Urbana el comienzo de las obras de excavación, y allí se fue reconstruyendo la historia. Pero antes de esto, hay que mencionar que desde la década de los 90, distintas organizaciones vecinales y sociales como Encuentro por la Memoria, organismos de DDHH y familiares y sobrevivientes habían comenzado a señalizar el lugar para que no quede en el olvido. Todo ese trabajo tuvo sus frutos y luego de la excavación del 2002 comenzó a emerger el sótano del lugar, que era exactamente igual al descrito por los sobrevivientes. En 2005 la Legislatura porteña declaró el lugar Sitio Histórico y luego pasó a manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que lo designó como Lugar Histórico Nacional.
No hay dudas de que sin organización popular esto no hubiera sido posible, por lo que es importante seguir sosteniendo estos sitios que forman parte de nuestra historia más reciente. Ante este nuevo Gobierno hay mucha incertidumbre por lo que se pueda llegar a hacer con estos sitios y con todo su personal. Deberá ser la propia comunidad quien deba garantizar que la memoria no sea sepultada una vez más.